Antifraude investiga los contratos de obra de los tres hospitales de campaña de la Comunitat

Los hospitales de campaña levantados en plena pandemia son la pesadilla del Consell y no han dejado descansar al gobierno valenciano desde que el president Ximo Puig anunciara su construcción hace ahora nueve meses. De nuevo salen a la palestra los contratos de la adjudicación de la obra. La Agencia Valenciana de Antifraude ha requerido a la Conselleria de Justicia los contratos de la concesión para la construcción, que entre los dos; el de la instalación de los hospitales y el del equipamiento, costaron el desembolso de 8 millones de euros para la Generalitat.

Hace poco que la empresa adjudicataria ha empezado a reclamar más dinero a la Generalitat por el encargo, el 25% de lo fijado, según fuentes de Justicia, sin que el Consell haya podido identificar aún la razón del aumento.

El enredo con la adjudicataria destapa las lagunas que deja la vía que eligieron del contrato de emergencia en la que se habrían sumado nuevas peticiones desde las consellerias de Sanidad y Justicia al margen del contrato.

El mal sueño viene desde que el gobierno valenciano decidió optar por esta adjudicación sin concurso público argumentando el uso de una vía de contrato de emergencia. La empresa adjudicataria es Ingeniería, Desarrollo y Alta Tecnología, IDAT, es una filial formada por otras dos entidades, Hispano Vema y Bellcom. El Consell hizo un pago de más de dos millones por adelantado y siempre defendió la idoneidad de la entidad, incluso Gabriela Bravo, hizo públicamente hincapié en que cumplía con todos los requisitos para presentar una oferta pública si hubieran concurrido.

Antifraude pone la lupa sobre estos acuerdos y reclama toda la documentación, según explican desde la Conselleria de Justicia a este diario, que defiende que tan sólo sería una «solicitud de una información que ya es pública a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público». Las mismas fuentes insistieron en que es un procedimiento habitual de requerimiento de documentación «que no significa que haya ningún tipo de irregularidad, sino que es una revisión y si hubiera cualquier cosa se hará público pero puede ser que se quede en esto y no vaya a más».

Sin embargo, la propia Gabriela Bravo reconocía hace dos semanas que hay problemas en torno al pago de los tres hospitales de campaña y precisó que el expediente de esos hospitales estaba abierto a la espera de comprobar el motivo del precio adicional. Pero dos semanas después, fuentes de Justicia confirman a este diario que no se ha avanzado, y que los técnicos junto con Sanidad, «siguen contrastando lo que demanda la empresa con lo que se solicitó para comprobar de dónde sale el sobrecoste».

En la cuenta que debe Justicia, la partida que reclama la empresa está clara; serían más de dos millones los que faltan por abonar. Pero el conflicto podría estar en la factura a Sanidad por peticiones que se habrían hecho de forma verbal y el encargo de un material que no llegó a tiempo y por el que la consellera Ana Barceló dijo públicamente que no se iba a hacer cargo.

En el aire queda el coste total de las infraestructuras que según la información que facilitan desde la Generalitat subirá de los 8 millones de euros iniciales a los 10 por el sobrecoste. Así, del conflicto junto con la investigación de Antifraude se desprenden los vacíos por el uso durante los meses críticos de la pandemia de la vía del contrato de emergencia y sin concurso público, que sólo trae la confusión.