El nacionalismo permite al Gobierno extender por España el modelo Marzà

La Lomloe ya tiene vía libre para entrar en vigor –en buena parte de sus capítulos– el curso que viene. La negociación del texto que llegará el jueves al Congreso tras el debate de un millar de enmiendas ha finalizado con la aprobación del dictamen de la Comisión de Educación. La criba de propuestas ha supuesto un endurecimiento en algunos de los artículos originales, especialmente en relación a la enseñanza concertada –restricción que va de la mano de la primacía de la pública para cubrir necesidades de escolarización– y en lo que se refiere al castellano, abriendo la puerta a que las comunidades bilingües puedan dejarlo en una presencia residual, una asignatura, o fomentar los modelos de inmersión, eliminando su consideración de vehicular.

La futura ley orgánica recoge buena parte de la filosofía de la política educativa de la Comunitat de los últimos años. Impulsar un nuevo sistema lingüístico en las escuelas que fomente el valenciano y tratar de reducir el peso de la concertada, sobre todo en las etapas postobligatorias, han sido dos premisas programáticas. En la primera, eso sí, siempre se ha respetado que al menos el 25% de las horas lectivas fueran en lengua castellana –la proporción razonable de la Lomce que desaparecerá del nuevo articulado– aunque no se puede olvidar que el primer modelo fue considerado discriminatorio –por el TSJCV– hacia el alumnado que estudiara mayoritariamente en español, al premiarse a las líneas en valenciano con mayor exposición al inglés y con títulos oficiales en este idioma.

En cuanto a los conciertos, la petición del conseller de cambiar la normativa estatal para poder restringir los postobligatorios ya se recoge, de alguna manera, eliminando el concepto de demanda social, aunque habrá que esperar para ver qué sucede con el reglamento básico de conciertos de 1985, principal freno judicial al recorte perpetrado. Sin embargo, la idea defendida por Marzà de que la concertada debe llegar sólo donde no lo haga la pública tiene buen reflejo en el articulado de la Lomloe. La complementariedad, que también defiende la jurisprudencia, queda laminada por la subsidiariedad.

La ministra Isabel Celaá precisó del apoyo decisivo de los grupos nacionalistas para sacar adelante el núcleo duro de la Lomloe. Si las actuales alianzas parlamentarias del Gobierno no se tuercen derogará la Lomce del PP en la primavera de 2021 y se convertirá en la octava ley de educación de la democracia.

La sesión de la comisión fue maratoniana. El dictamen incorporó al proyecto original alumbrado por el Consejo de Ministros casi 350 enmiendas, en su gran mayoría pactadas por los socios gubernamentales, PSOE y Unidos Podemos, pero también, de forma especial, con ERC, PNV, EH Bildu, JxCat y Más País.

El dictamen logró el respaldo de los socios de Gobierno, de ERC, del PNV y de Más País, con la ausencia de EH Bildu, lo que asegura a la ministra de Educación que su norma recibirá la luz verde del Congreso en el pleno del jueves. El proyecto tendría la semana que viene asegurados los 176 escaños logrados en comisión, lo que garantiza la mayoría absoluta que precisa por ser una ley orgánica. De hecho, posiblemente superará esta meta, ya que es previsible que apoyen el texto varios pequeños grupos de izquierda.

Es seguro que el proyecto recibirá en el pleno, como ocurrió en la comisión, un contundente 'no' por parte de PP, Ciudadanos y Vox, que consideran que la norma es un texto ideológico y partidista sin consenso alguno, que será la puntilla para la enseñanza en castellano, que bajará el nivel de exigencia en colegios e institutos y que representa un ataque a la libertad de elección de centro y a la escuela concertada. De hecho, las tres formaciones avanzaron que pedirán al Tribunal Constitucional que decrete su ilegalidad y el PP, que reclamó la dimisión de Celaá, aseguró que tumbará la ley en cuento cambie la actual correlación de fuerzas en el parlamento.

El proyecto de ley, que si tiene el respaldo del pleno del Congreso completará su tramitación en el Senado, recibió el visto bueno en comisión mientras los representantes de los colegios concertados -empresas, padres, sindicatos y asociaciones-, que han recogido 1,5 millones de firmas para pedir su paralización, se manifestaban por tercera vez ante las puertas del hemiciclo. Buena parte del texto cuenta también con la repulsa de sindicatos docentes como Anpe, CSIF, FSIE y USO y con el respaldo crítico de las formaciones de izquierda (CC OO, UGT y STEs).

La futura ley, parte de cuyo contenido el Ministerio de Educación quiere ya aplicar de cara al curso 2021-2022, contiene una batería de medidas para convertir la repetición de curso en algo «excepcional» y para aumentar los porcentajes de alumnos que logran el título y proseguir estudios, tanto en la educación obligatoria (ESO) como en la secundaria superior (Bachillerato y FP).

Las evaluaciones en Primaria se harán cada dos años y no cada curso; solo se podrá repetir dos veces en toda la educación obligatoria -hasta ahora eran una en Primaria y dos en ESO-; abre la puerta a promocionar en ESO sin un límite concreto de suspensos siempre que lo acuerde el equipo docente; será obligado que el repetidor tenga un plan de refuerzo personalizado y el Bachillerato podrá cursarse en tres años.

También se liquidan las reválidas, termina con los itinerarios que la Lomce fijaba en la ESO, por lo que habrá un título único, el Bachillerato se podrá lograr con un suspenso y habrá mayor facilidad de acceso a la FP media.

La red pública se convertirá en el eje de la educación potenciando la creación de plazas, incluyendo el primer ciclo de Infantil (se habla de las suficientes para cubrir cualquier demanda); se controlará la exigencia de cuotas obligatorias; en el proceso de admisión se terminará con el distrito único y se primara la cercanía, la renta y la presencia de hermanos en el centro; se pretende evitar la segregación con el reparto equilibrado de alumnos con necesidades de apoyo educativo -discapacitados, vulnerabilidad económica o extranjeros-; y se prohibirá el concierto con centros que separen por sexo.

La futura norma elimina el calificativo del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en todo el país; permite a las autonomías fijar entre el 50% y el 60% del currículo; deja a la Religión sin valor académico y sin asignatura alternativa; tanto en Primaria como en ESO habrá un curso en el que se impartirá una nueva materia, Educación en Valores Cívicos y Éticos; la Historia de la Filosofía volverá a ser obligatoria en segundo de Bachiller; el Gobierno y las autonomías fijarán por ley los criterios y requisitos para el funcionamiento de la educación de 0 a 3 años; se aligerarán los currículos y se modernizarán los métodos de aprendizaje; se diseñará junto a las autonomías un plan para que en una década la mayoría de alumnos con discapacidad estén en centros ordinarios; se da más poder a padres, alumnos y profesores para la designación del director y la gestión del centro; y se fija el compromiso de que en el plazo de un año se elaborará un conjunto de normas para cambiar la formación inicial y permanente del profesorado, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente, entre otras múltiples medidas.