Archivan la denuncia por presuntas irregularidades en la venta de entradas de la Tomatina de Buñol

El juicio que iba a comenzar en la jornada de este miércoles y se iba a desarrollar hasta el viernes en la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia por presuntas irregularidades cometidas por cuatro personas en el proceso de venta de entradas para la Tomatina de Buñol finalmente no se celebrará como estaba previsto.

El Tribunal ha dictado este martes una providencia por la que deja sin efecto el señalamiento y acuerda el archivo de las actuaciones debido a que la acusación popular (la única parte acusadora en el procedimiento, pues la Fiscalía no apreciaba delito y solicitaba la absolución de los acusados) ha presentado un escrito por el que renuncia a ejercer cualquier acción penal y civil en la causa. Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Dos cargos públicos, Joaquín Masmano Palmer, ex alcalde del Ayuntamiento de Buñol y Rafael Pérez Gil, quien también fue primer edil aparte de ser el presunto responsable de esa adjudicación, se enfrentaban a una petición de ocho años de prisión por un delito de malversación. Esta era, en su momento, la petición de la acusación particular, una de las mercantiles que se consideró perjudicada por la actuación de los responsables municipales. El PP, en su día, también se sumó a la querella. Los dos dirigentes acusados pertenecían a Esquerra Unida.

La denuncia se interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción tras la contratación de una empresa privada para la gestión de la venta de las entradas de este evento conocido mundialmente. Los denunciantes señalaron que no había ningún tipo de contrato administrativo ni control de intervención. En su momento, tras la tomatina del 28 de agosto de 2013, se consideró que el volumen de negocio pudo rondar los dos millones de euros. La denuncia se presentó unos meses después, en junio de 2014.