Archivan de manera definitiva la querella contra las dos profesionales de Requena por homicidio imprudente

No hay indicios racionales de criminalidad. Es lo que concluye en su auto el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia para desestimar el recurso presentado por Rafael Martínez y Dolores Hernández, padres de la niña de Requena que murió tras precipitarse de un segundo piso, tras la inadmisión del juzgado de instrucción número 4 de esta localidad de la querella presentada contra la psiquiatra y psicóloga que estaban tratando a la menor por un presunto delito de homicidio imprudente.

En sus razonamientos jurídicos, el tribunal indica que, aceptándose de que lo ocurrido hubiera sido un suicido, « el especialista sólo podría ser responsable en la medida que este comportamiento hubiera podido evitarse y el comportamiento de la psicóloga y de la psiquiatra hubiese infringido el deber objetivo de cuidado», pero que, según el relato de la querella «tan sólo se hace referencia a la opinión o punto de vista de los padres, a críticas opinables a las actuaciones de las profesionales».

Apunta además, que la propia madre llegó a admitir que era imposible supervisar a la menor las 24 horas del día y que, de hecho, «la precipitación de la menor tiene lugar cuando está bajo la supervisión materna, y esta no pudo impedir el trágico suceso».

En su auto, el tribunal también se refiere a que «resulta que ni siquiera está claro que se tratara de un suicidio», dado que la menor había quedado con tres jóvenes a los que «les había expresado que se marcharía de su casa por el balcón, ya que los padres no la dejaban salir».

En definitiva, la Audiencia considera que los padres «no aportan más que la alegación propia de haberse producido unos hechos delictivos, sin aportación de indicios racionales de criminalidad valorables como suficientes para la apertura y sustanciación de un proceso penal».

Se archiva así definitivamente este caso penal con el que los padres, como han manifestado en reiteradas ocasiones, pretendían que se investigaran los hechos para evitar más casos. Consideran que, aunque las profesionales no empujaron a su hija tirarse al balcón, sí que fueron muchas las advertencias que les hicieron llegar, además de insistir que la menor debería haber estado ingresada.

Unos padres que se sienten decepcionados. "Teníamos confianza de que al menos se tramitase el caso en el juzgado para que se diera una explicación, aunque luego no nos dieran la razón", indica Rafael Martínez.

"Ni nos han hecho caso a nosotros ni a la Fiscalía. Hay informes médicos que dan a conocer el empeoramiento de mi hija", lamenta y añade que tampoco entienden cómo, de oficio, el juzgado no ha abierto causa contra los tres jóvenes que habían quedado con su hija y que, tras caer al saltar de balcón, se dieron a la fuga omitiendo el deber de socorro.

"Hemos tenido que ser nosotros los que impulsemos este otro caso", señala, una querella que ya está en el juzgado de Requena, pero al que aún no se le ha dado impulso por la huelga de Letrados de la Administración de Justicia.

Sobre el caso de las profesionales que atendieron a su hija, solo les queda la vía administrativa, puesto que la Conselleria de Salud les indicó que no podía abrir expediente disciplinario contra las profesionales hasta que no se cerrase la causa penal. "Visto lo que han dicho los jueces, no tenemos esperanza en esta vía tampoco".

Mientras tanto, Rafael y Dolores continúan con la recogida de firmas para conseguir más medios y profesionales para la Salud Mental. En la plataforma change.org ya llevan 101.800 adhesiones.

Además de más profesionales, más unidades hospitalarias para problemas relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria (que es el problema que sufría su hija), dotar las Urgencias de especialistas en psiquiatría y psicología, piden que el Protocolo Antisuicidio aprobado por la Generalitat no sea solo una herramienta, sino que sea de "obligado cumplimiento".

Precisamente, estos padres se han adherido a la campaña, que se inició en redes sociales el 1 de marzo a nivel nacional por parte de asociaciones de duelo, de prevención ante el suicidio y familiares, bajo el lema 'Que no nos callen', para exigir un Plan Nacional de Prevención del Suicidio.

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