Las aseguradoras del caso Viveros llegan a un principio de acuerdo que evitará que Fuset sea juzgado

Las compañías aseguradoras en el caso Viveros han llegado a un principio de acuerdo para abonar una indemnización a la familia del operario fallecido en el montaje de unas gradas en 2017.

De esta forma, la acusación particular se comprometería a retirar su escrito de acusación. El principal beneficiado sería el concejal de Compromís, Pere Fuset, que ya no se sentaría en el banquillo de los acusados. El edil se enfrentaba a una pena de cinco años de cárcel. El cierre de este episodio tras un acuerdo extrajudicial permitiría al político pasar página tras unos años convulsos por los numerosos frentes judiciales abiertos.

Este tipo de acuerdos se suelen cerrar tras largas negociaciones. LAS PROVINCIAS informó recientemente de la existencia de estas conversaciones y de la incertidumbre que existía sobre un acuerdo final. De hecho, algunas fuentes negaron la posibilidad de un pacto en esos términos. Pero los contactos, con mayor o menor intensidad, nunca se cancelaron por completo. Tres pólizas estaban envueltas en este procedimiento: la de Promociones Osuna, la de la empresa T Tercios y la del propio Ayuntamiento de Valencia.

Había escollos, como en toda negociación, que ahora parecen salvados definitivamente. Por un lado, las cantidades que reclamaba la familia de la víctima. El hecho de llegar a un acuerdo propicia el cobro inmediato de la indemnización y se evita todo un reguero de futuros recursos que puede dilatar el pago.

Pero también se dan otras circunstancias que admiten lecturas políticas. Por ejemplo, qué porcentaje debería asumir la aseguradora del Ayuntamiento en este acuerdo alcanzado en las últimas horas salvo sorpresa mayúscula. Y en qué sentido esto se puede interpretar como una negligencia del gobierno de Ribó que, en cierta medida, termina pagando por el accidente mortal. De hecho, la Inspección de Trabajo ya le sancionó en su momento por graves irregularidades durante la investigación de este accidente laboral.

El discurrir de la causa no había sido pacífico. En las últimas semanas se conoció que dos de los acusados en este procedimiento se encontraban en paradero desconocido. El juzgado de Lo Penal 17 de Valencia llegó a dictar sendas órdenes de detención para comunicarles la apertura de juicio oral. Se trata de un trámite que se debe completar de manera personal.

El órgano judicial tenía que completar esta diligencia para poder celebrar la vista, prevista para el próximo lunes. Sólo de esta forma, con el arresto y la comunicación oficial del juicio, se daría por efectuada la notificación. En caso contrario, no podría celebrarse la vista, según las fuentes consultadas en su momento.

Una vez localizados, uno de ellos pidió hace unos días un aplazamiento de la vista. Su letrado --contratado recientemente- solicitaba un tiempo extra para prepararse la vista y ofrecer una defensa digna a su patrocinado. El juez de Penal 17, sin embargo, rechazó sus pretensiones.

El titular argumentó que el procesado conoce desde hace cinco años la existencia de un procedimiento penal contra él donde, como no puede ser de otra forma, ha declarado como investigado. El magistrado le reprocha, además, el tiempo que ha tenido para designar un nuevo letrado incluso después de ser detenido (29 de octubre) para comunicarle la apertura de juicio.

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