Una abogada del Consorcio se reunió con bomberos y técnicos antes de declarar ante la Guardia Civil por el tren de Bejís

Su presencia en sede policial resulta sorprendente. En primer lugar porque no son declaraciones de investigados. De hecho la causa no contaba con imputados en las diligencias policiales ni, por el momento, tampoco en las judiciales. En algunas de las actas se recoge que es por expreso deseo del declarante, como en el caso de Raúl Ángel, la persona que estaba al frente del Puesto de Mando Avanzado (PMA) durante buena parte de la jornada del pasado 16 de agosto. En otros supuestos se anota su presencia sin más, aunque resulta obvio que debe contar con la autorización del declarante.

LAS PROVINCIAS ha contactado con el Consorcio para solicitar información acerca del papel de esta profesional, por ejemplo si ofreció su asistencia a todos los citados y cuántos la rechazaron. Fuentes oficiales del departamento explicaron que se organizó una «reunión previa» a las declaraciones y fue allí donde se planteó a los asistentes si alguno quería ese acompañamiento. Era un cuestión -precisan- de sentirse «cómodos» ya que era la primera experiencia judicial de esta naturaleza que tenían en el Consorcio. Se ignora, no obstante, el contenido de ese encuentro o si se ofrecieron directrices o consejos. De igual modo, se desconoce si la decisión de la reunión fue motu proprio de la letrada o si recibió órdenes de un superior.

Sin embargo, lo que sí consiguió el Consorcio con la presencia de la letrada es conocer con exactitud el contenido de unas diligencias, todas las testificales en las que participó, y lo que declaraba su propio personal. Es decir, supo con anterioridad a las partes ahora personadas en sede judicial el sentido de las comparecencias. Y esa información, más en un asunto de esta naturaleza, resulta clave. Más en el ámbito político porque permite adelantar movimientos. Si las diligencias fueran judiciales y no policiales, no se le habría permitido su presencia.

La asistencia de la letrada llama más la atención en una instrucción policial que busca aclarar todas las circunstancias alrededor de un incidente, el del tren de Bejís, donde el Consorcio es parte capital de la actuación y de donde podrían derivarse -de momento no se intuyen- consecuencias penales para sus responsables. La presencia de la abogada permitió al departamento ejercer lo que se denomina 'control de daños'.

La abogada acudió a las comparecencias del responsable del PMA Raúl Ángel, pero no así a la de su relevo en esta tarea, en la tarde del 16 de agosto. También estuvo presente al menos en las declaraciones de Ana Bueso, operadora del Centro de Emergencias, Inés López, Consuelo Desamparados y María Pilar Fernández, operadoras de comunicaciones del Consorcio. En todas las comparecencias, según la información de la que dispone LAS PROVINCIAS, los testigos han defendido su labor, el seguimiento de los protocolos y el trabajo de las administraciones.

En el caso de dos de las operadoras, por ejemplo, ninguna recordaba haber leído el mensaje del 112 del alcalde de Cabanes en el que se alertaba del avance de las llamas. Esa comunicación, recibida casi media hora antes de que el tren se viera rodeado por el fuego, era clave para reforzar la protección de la vía, según subraya la Guardia Civil en su atestado.

La lectura del informe de la Guardia Civil revela errores de previsión por parte del Puesto de Mando Avanzado y fallos en la comunicación dentro del organigrama. En primer lugar, censura que no se incluyera la infraestructura en las zonas de protección pese a las extraordinarias condiciones de propagación que se produjeron alrededor de las 14 horas. Además, subrayaba el hecho de que no se atendiera una llamada clave, la del conductor de la A-23 que alertaba de la proximidad de las llamas y que la comunicación del alcalde de Barracas, en el mismo sentido que la anterior, no supusiera ninguna acción por parte de Emergencias.