Las asignaturas pendientes del futuro conseller de Educación

Empieza una nueva etapa educativa en la Comunitat de la mano del cambio en el Consell, y la cantidad de frentes abiertos es ingente. El primero es la elección de la persona que asumirá una cartera compleja, con el segundo presupuesto más elevado de la Generalitat y siempre sujeta al escrutinio público y político por aquello de la polarización. Sólo se sabe que será seleccionada por el Partido Popular y que como en el resto de áreas no habrá mestizaje con Vox en lo que a altos cargos se refiere.

Difíciles se presentan las vacaciones para el elegido o la elegida. Por un lado está la necesidad de cerrar su organigrama, porque el calendario escolar marca el inicio para el 11 de septiembre y no entiende de los tiempos de la política. Y por el otro pesan los compromisos adquiridos por el futuro presidente, Carlos Mazón, que son variados e incluso osados, con plazos que se antojan difíciles de cumplir teniendo en cuenta que la legislatura empezará a andar a las puertas de agosto, cuando el margen de maniobra es prácticamente nulo. Dicho de otra forma, los grandes cambios se irán anunciando durante el próximo curso y se aplicarán en los siguientes, por lo que se puede afirmar que el 2023-2024 será el último ejercicio planificado por la izquierda en la Comunitat. Para hacerse una idea, cuando Vicent Marzà aterrizó en la sede de Campanar apenas tuvo tiempo para modificar la fecha de inicio, renunciar a un recurso judicial para mantener las bolsas de interinos sin cambios y evitar el recorte de algunas unidades en centros públicos que había dejado aprobado el PP. Eso sí, a estas alturas del ejercicio ya había tomado posesión del cargo de conseller.

Por tanto, los cambios que vienen se materializarán en los cursos siguientes, lo que no quita que se anuncien y tramiten a lo largo de los próximos meses. El modelo lingüístico actual, que ha supuesto un importante retroceso del castellano como lengua principal, tiene los días contados. Y se recuperará el distrito único de escolarización, se volverá a hablar de la demanda social de la concertada y se concretarán nuevos planes sobre infraestructuras y anuncios clave como la gratuidad de las guarderías.

Entre las asignaturas pendientes están los cambios en el proceso de admisión de alumnos. Es segura la vuelta al distrito único, es decir, que la elección de un colegio alejado de la vivienda familiar no penalice a la hora de sumar puntos para entrar. Para implantarlo hay que cambiar el decreto vigente, que sólo lo permite en municipios pequeños, con pocos colegios. En la actualidad hay 51 localidades estructuradas en zonas de escolarización, siendo Valencia el caso más extremo, con 21 áreas.

Las incógnitas se centran en los plazos y en la concreción del cambio. La actualización del decreto se puede acometer durante el próximo curso, aunque no es descartable que haya un año de transición. Es lo que sucedió en el 2013-2014, cuando las principales ciudades redujeron las zonas -Valencia se quedó en cuatro- antes de aplicar la única al ejercicio siguiente. Y queda por saber si el PP se planteará modificar los criterios que sirven para obtener puntos a la hora de acceder a un centro. Por ejemplo, hasta el 2016-2017 se daban si los padres eran antiguos alumnos, y también existía uno a criterio del propio colegio.

La enseñanza concertada ya ha puesto deberes a los futuros gestores, como la necesidad de revisar la cuantía del concierto que se destina a cubrir los gastos de funcionamiento, que lleva desde 2009 sin actualizarse. Y durante este tiempo, además de la subida de precios, se han ido incorporando nuevas obligaciones con cargo a este módulo, como la realización de auditorías sobre eficiencia energética y de carácter técnico o la elaboración de planes como el de igualdad. La petición de mejorar la asignación es unánime en el sector.

Poner fin al diferente trato entre las redes sostenidas con fondos públicos en cuanto a la participación en programas educativos -de innovación o formación docente- o en el acceso a recursos extraordinarios -el mejor ejemplo son los auxiliares de inglés- es otra de las cuestiones a abordar. Por no hablar de la revisión de las plantillas docentes para incrementar el profesorado, una negociación que deja pendiente el Botánico. El PP, por su parte, ha prometido dar más estabilidad a los conciertos. Quizá la idea sea que en Primaria se prolonguen seis años, en lugar de cuatro, antes de pasar por la renovación.

Las medidas sociales aplicadas a la educación han sido protagonistas en los últimos ochos años. Libros gratis -el curso que viene hasta Bachillerato-, más becas de comedor, ayudas para Formación Profesional o nuevas modalidades universitarias forman parte de la herencia del Botánico. El PP, tomando como referencia sus anuncios y su programa, aspira a ir más allá. Por ejemplo, mejorando las ayudas para los estudios profesionales y extendiendo las becas de comedor hasta cubrir a todos los estudiantes en riesgo de pobreza severa, además de abrirlas al 1º ciclo de Infantil, que actualmente sólo está cubierto por algunos ayuntamientos. También plantea la ampliación de la ayuda de material escolar -novedad del próximo curso para Primaria- a la ESO.

Es una de las ideas centrales del acuerdo de gobierno entre el PP y Vox, que habla de garantizar la libertad de elección de lengua por parte de las familias, lo que pasa por derogar la actual Ley de Plurilingüismo, que en la práctica ha supuesto un retroceso del castellano en beneficio del valenciano. Justo lo contrario al escenario que heredó el Botánico.

La clave está en el cómo y en el cuándo. El programa electoral del PP hablaba de poder elegir entre líneas lingüísticas, que fue el modelo imperante hasta 2018. Esto es, grupos estudiando con el valenciano como base junto a otros que hacen lo propio con el castellano. Aunque también se hace referencia a garantizar una proporción razonable, como determinó el TSJCV en sus últimas sentencias, lo que abre la puerta a un modelo único equilibrado.

Aunque el cambio será una prioridad para el nuevo Consell, derogar una ley y preparar la nueva normativa que regule el peso de las lenguas en las escuelas requiere de tiempo. Al Botánico le costó casi tres años, en parte por la acción judicial.

La fusión de asignaturas en ámbitos en 1º de la ESO será voluntaria, independientemente de lo que decida el TSJCV, pues el asunto está judicializado. De hecho, la imposición se suspendió cautelarmente tras un recurso de UGT PV. Se trata de una medida que aplicó el Botánico con la llegada de la pandemia para facilitar la transición entre Primaria y Secundaria y que se consolidó, provocando rechazo entre parte del colectivo docente. Según un sondeo del sindicato, para el próximo curso el 80% de los claustros ha votado por no aplicarla.

«Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán los contenidos de las actividades extracurriculares», reza el acuerdo entre el PP y Vox. Hasta ahora las familias sólo dan el visto bueno a las salidas del centro, y de manera más restringida, en el seno de los consejos escolares de los centros públicos, donde los representantes de los padres intervienen en la aprobación de la programación general anual y sus modificaciones, que deben recoger este tipo de actividades (charlas, visitas a teatros, museos, excursiones, etcétera).

Los nuevos gestores populares deberán asumir el desarrollo de la nueva ley de Formación Profesional, cuya aplicación será progresiva y se espera a partir del 2024-2025. Por ejemplo, la concreción de los grados iniciales (competencias parciales y certificados de competencias). Además, plantea que todos los ciclos medios y superiores se impartan en la modalidad dual, lo que requiere de una implicación mayor del tejido productivo. El programa del PP habla de bonificar a las empresas que acojan a alumnos para su formación.

Tras la pandemia los casos de autolesiones y de idealización del suicidio detectados en los centros educativos se han triplicado, lo que ha llevado a la administración a revisar protocolos y aplicar medidas como reforzar la orientación o impulsar talleres a cargo de psicólogos externos. El PP también plantea mejoras, como agilizar la derivación a los servicios sanitarios, ampliar los recursos de las Unidades de Salud Mental Infantil y Juvenil (Usmia) o deducciones para familias que precisen de tratamientos específicos.

La inversión en tecnología aplicada a la enseñanza ha sido ingente en los últimos años, en parte gracias a los fondos europeos, pero el PP propone una batería de iniciativas en este sentido, como la implantación de forma progresiva de la «gratuidad de la mochila digital en la educación obligatoria, para que el alumnado empiece a trabajar con libros y dispositivos electrónicos». Mejorar la conectividad de los centros, un plan urgente para combatir la brecha digital o incentivos para la formación del profesorado son otras medidas anunciadas.

Una de las polémicas de la Lomloe, la ley Celaá, es la flexibilización de la promoción. Por ejemplo, se puede conseguir el título de la ESO con materias suspendidas, siempre que el equipo docente considere que el paso de curso es la mejor opción para el alumno y que este ha adquirido las competencias básicas. También, de manera excepcional, se puede superar Bachillerato con una materia pendiente. El PP dice que en el marco de las competencias autonómicas se impedirá el titular con suspensos. Algo parecido al modelo de Madrid.

El futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, prometió en febrero un plan de choque para acabar, en el horizonte del curso 2024-2025, con las obras incluidas en Edificant. El anuncio tiene miga. Por un lado, de alguna manera valida el programa de Botánico para acelerar las mejoras en los centros públicos mediante la colaboración de los ayuntamientos, que asumen la tramitación mientras que la administración autonómica aporta los fondos. Y por el otro, parece muy complicado sacar tantísimo trabajo pendiente en un plazo tan ajustado. Entonces Mazón habló de 64 centros prometidos que no se habían ni licitado, seguramente incluidos en el primer plan de infraestructuras del Botánico, pero no se puede olvidar que Edificant abarca muchas más intervenciones, no sólo obras de nueva construcción o ampliación.

La receta del PP pasa por reforzar el servicio de infraestructuras de la conselleria y por mejorar el apoyo técnico de los municipios incluidos en el plan.

«Con un gobierno del PP en el curso 2023-2024 la educación puede y va a ser gratuita desde los cero años». Así se pronunció Mazón en septiembre de 2022, lo que en la práctica implica extender la cobertura actual, que se limita a las aulas de dos a tres años, a todo el primer ciclo de Infantil. Que las guarderías independientemente de su titularidad pública o privada serán gratuitas nadie lo duda, pero de nuevo vuelven las incógnitas sobre el cuándo. Salvo milagro es imposible que se generalice a partir de septiembre. Porque no da tiempo, salvo que la administración decida pisar el acelerador en agosto, lo que supondría un enorme contratiempo a los centros infantiles, que ya tienen el ejercicio planificado. Sin olvidar que la convocatoria del bono infantil está ya cerrada.

El invierno demográfico que vive España, y por extensión la Comunitat, tienen efectos claros en la planificación escolar, esto es, la previsión de aulas que se necesitan en determinado municipio para cubrir las necesidades de escolarización. Para el curso que termina la conselleria ha optado por no cerrar unidades de acceso, es decir, de 1º de Infantil. Habrá que ver qué decisión adoptan los nuevos responsables. Otro asunto que estará encima de la mesa es la reducción extraordinaria de las ratios en municipios donde la natalidad es especialmente baja -20, 22 o 23 alumnos por aula, en lugar de 25-, que no ha estado exenta de polémica al limitar, de alguna manera, las posibilidades de elegir. Y es que si un centro está muy solicitado, con lista de espera, llega a tener hasta cinco alumnos menos por clase. Que será un asunto a revisar se desprende del programa del PP. «La libre elección no vendrá condicionada por cuestiones estrictamente geográficas, debiéndose tener en cuenta la demanda social en la escolarización», dice.

El Consell del Botánico ha conseguido cerrar uno de los grandes temas pendientes en materia universitaria, como es el convenio colectivo del personal laboral, que implica una importante mejora de las retribuciones para el profesorado más precarizado, pero no ha podido hacer lo mismo con el plan plurianual de financiación para los centros públicos. Las negociaciones llegaron a producirse, pero no hubo acuerdo en cuanto a los criterios de distribución, exactamente en relación al peso que debía tener la investigación y la transferencia de conocimiento. Será una tarea que volverá al PP, que en su anterior etapa tampoco logró avanzar. Mejorar la gestión de las becas autonómicas para evitar que se resuelvan al final de curso es otra de las medidas que se deben abordar.

Será una pata fundamental del futuro modelo lingüístico que se aplique en los colegios, pues el PP le da un apartado especial en su programa electoral. Exactamente habla de un plan de choque que se estructura en diferentes iniciativas para mejorar la formación del alumnado en la lengua extranjera. Así, se promete duplicar «de forma progresiva» la plantilla para permitir desdobles en todas las clases, impulsar estancias en el extranjero para el alumnado de la ESO, aumentar las plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas, reducir las tasas y extender su oferta a zonas rurales, entre otras medidas. Además, se plantea aumentar la exposición al inglés en los estudios de FP.

También ha sido una apuesta del Consell del Botánico, con la extensión de los auxiliares de conversación a todos los colegios e institutos públicos, los cursos de formación para el profesorado y la introducción de materias destinadas específicamente a mejorar las destrezas orales.

• Temas
• Educación infantil
• Enseñanza primaria
• Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
• Educación en la Comunitat Valenciana
• Educación Concertada
• Educación
• Educación Secundaria