Asociaciones contra el maltrato critican la rebaja de la pena a un violador

valencia. La sentencia del Tribunal Supremo que ha reducido a la mitad una condena por violación al eliminar el agravante de especial vulnerabilidad basándose en que la víctima se intentó defender ha caído como un jarro de agua fría entre las asociaciones que defienden los derechos de las mujeres que han calificado el fallo de «lamentable» e «increíble».

Ante este fallo judicial, la presidenta de la Asociación Alanna, Chelo Álvarez, ha recordado que la justicia «sigue siendo patriarcal» y «siempre pone a la víctima como culpable». «No se nos cree ni se nos apoya y no tenemos una justicia a nuestro lado porque no se juzga con perspectiva de género», ha añadido la máxima representante de la entidad. Para Álvarez «minimizar la pena es un atentado contra los derechos de esta víctima».

Por su parte, Gregorio Gómez Mata, secretario de la Asociación Alma contra la violencia de género, ha calificado el fallo del Supremo de «lamentable». Gómez Mata ha recordado que en este tipo de agresiones se juzga siempre mal la reacción de la víctima porque «si no se defiende no hay violación y si se defiende, como es el caso, le reducen la condena».

Desde diferente perspectiva lo ven los profesionales de la justicia. Agustín Ferrer, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, ha señalado que se trata de un tema técnico y que el Supremo considera que si la víctima intentó defenderse no se puede aplicar la especial vulnerabilidad. Sin embargo, destaca que «es un poco excesiva la reducción de pena» aunque recuerda que existen muchas sentencias contradictorias en las diferentes instancias.

Por su parte, la jurista de Gandia Carmen Soucase ha indicado que el fallo del Supremo avala la sentencia de la Audiencia Provincial. «Nadie pone en duda que hubo violación, ya lo determinó la Audiencia Provincial, aunque después el TSJ aumentó la condena al hallar un agravante». Soucase precisó que el Supremo, que se ha regido por el Derecho Penal, es siempre «muy garantista», tanto con las víctimas como con los agresores y «tiene que estar todo muy documentado para que el Supremo aprecie un agravante o un atenuante».