El atasco de la Justicia valenciana

A los LAJ les han seguido los funcionarios judiciales con paros parciales y ya han anunciado que la huelga podría ser indefinida desde mañana día 22 de mayo si no llegan a un acuerdo con el Gobierno en sus reivindicaciones de mejoras salariales.

Los jueces y fiscales también anunciaron movilizaciones que el Gobierno ha conseguido parar en parte 'in extremis' con una subida salarial de cerca de 47 millones de euros aceptada por todas las organizaciones salvo por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Pero las huelgas y paros, con una de jueces que se convoca y desconvoca, y la de los funcionarios que amenaza con prolongarse sine die evidencian el estado crítico en el que se encuentra la Justicia en estos momentos.

Estos conflictos han contribuido a agravar una situación que ya era precaria. Sólo en la Comunitat, según la memoria de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la última disponible, hay 302.663 asuntos pendientes, un 4% más que los de 2019 (el 2020 fue un año anómalo por el confinamiento cuando se incrementaron a 313.000). La tendencia se mantiene al alza en los últimos cinco años ya que en 2019 había 290.921, 264.183 en 2018 y 261.505 en 2017.

Estas cifras revelan la situación de atasco en la que se encuentran las sedes judiciales en la Comunitat. Frente a los más de 300.000 asuntos pendientes hubo sólo 179.227 sentencias en 2021. El diagnóstico de todos los operadores judiciales incide en este punto.

Según la memoria del TSJ, faltan 46 órganos judiciales en la Comunitat y 22 plazas de jueces y magistrados.

«La situación es de saturación, de forma especial en Civil y Lo Social», sostiene Gonzalo Sancho, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), para quien la «insuficiencia de la planta judicial» es evidente. «Faltan jueces», afirma. Las carencias se extienden a los medios materiales con los que cuentan los magistrados y «no se crean las sedes judiciales necesarias».

En unos términos parecidos se pronuncia Pablo Luján, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, que apunta la ratio de jueces en España es de 11,7 por cada cien mil habitantes cuando la media europea se sitúa en los 21. En la Comunitat la cifra es aún menor porque son 11,4, por debajo de la media nacional.

La situación de futuro no es halagüeña porque en la próxima década está previsto que se jubilen en España el 32% de los jueces, según destaca el portavoz de la asociación.

Las carencias, según esta asociación, son abundantes y se refieren a medios tecnológicos (como los programas de gestión procesal) como a sedes materiales y otros medios necesarios para el ejercicio de su función. Para la Francisco de Vitoria los jueces tienen más carga de trabajo, menos medios y están saturados.

Para Joaquim Bosch, portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia en la Comunitat, la principal deficiencia de la Justicia valenciana es la sobrecarga de trabajo. «Algunos jueces trabajan al 200%», señala y añade que «la planta judicial de la Comunitat Valenciana no se ajusta a la litigiosidad real que se prevé que en 2023 aún se incremente más.

El portavoz apunta que la situación es más grave en la jurisdicción de Lo Social, Primera Instancia, Mercantil, Mixta y Penal, especialmente en las audiencias. «En laboral hay una situación de desbordamiento», ha explicado. Además, «hay pocos medios y están mal organizados. Se mantiene una estructura de los juzgados que data del siglo XIX lo que crea problemas de eficacia. Pasan los años y la modernización no se materializa». Bosch también echa en falta la digitalización de los juzgados ya que no se ha conseguido establecer un sistema con un formato único «de forma que el expediente digital aún está lejos». Así, se sigue utilizando el papel en gran cantidad en la administración de Justicia.

El portavoz de la Fiscalía de Valencia, Jaime Gil, coincidió en gran parte de su análisis con el de los jueces. «Es necesario aumentar las plantillas», ha afirmado rotundo. «Es algo que observamos jueces y fiscales y es un aspecto que sigue sufriendo el ciudadano», ha recalcado.

En este sentido, Gil ha señalado que no puede ser que en temas de seguridad laboral pasen tres o cuatro años desde que se inicia el procedimiento hasta que se pone la sentencia. «Es evidente de que se tarda tiempo», ha matizado el portavoz de la Fiscalía de Valencia. «Esa tardanza es algo que no podemos asumir más que desde el dolor», ha indicado.

También puso como ejemplo que en lo que se llaman juicios rápidos se están señalando vistas para dentro de un año. «Estamos fracasando como sistema», precisa Gil. Ha añadido que la Ciudad de la Justicia de Valencia está ya saturada y la ha puesto como ejemplo de que faltan medios humanos y materiales

Más duro se muestra el decano del Colegio de Abogados de Valencia. José Soriano ha explicado ahora el principal problema a los que se enfrentan son los paros. «La Justicia estaba mal, venía de un año pandémico, y ahora sólo faltaba la huelga», ha destacado.

«Faltan medios y recursos. Hace falta un gran pacto de Estado por la Justicia para resolver el conflicto ante la dejadez histórica», ha destacado.

Soriano también incidió en que los juicios en España se celebran como hace 150 años con retrasos, dilaciones y suspensiones. Entre las carencias ha destacado la falta del expediente digital. Por otro lado, ha reconocido el derecho de los trabajadores a hacer huelga «pero debe compatibilizarse con el derecho que también tenemos a trabajar. »Pedimos respeto porque hay muchos perjudicados con una huelga«, ha reseñado.

Por su lado, Bruno Antuña, presidente de la sección de Justicia del CSIF, que apunta que la falta de medios y plantillas supone una gran carencia en el sistema. Todo esto no hace más que abundar en los retrasos en la administración de Justicia. También ha pedido una aplicación para la gestión procesal.