Cuentas pendientes con ETA

Han sido 31 vidas segadas por ETA con asesinatos en la región o viles emboscadas a policías, guardias civiles y militares valencianos desplazados en otros puntos de España. 35 niños valencianos a los que la sanguinaria banda dejó huérfanos y preguntándose aún hoy por qué. 20 viudas arrasadas por el dolor, luchando cada amanecer por superar aquel día que una llamada desde un frío despacho les dijo que él no volvería. Cifras con rostros detrás, seres humanos a los que la disolución y burdos perdones lanzados al viento por el grupo terrorista ni alivian ni reconcilian. Pero hay once familias con las heridas aún sin cerrar. Once asesinatos cometidos por ETA en la Comunitat, o con valencianos muertos en otros puntos de España, para cuyos parientes el perdón no representa nada. Once familias que todavía anhelan mirar cara a cara a los desalmados que apretaron el gatillo o hicieron saltar por los aires las vidas de su ser querido. Once crímenes sin sentencia de autor material, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Asesinatos aún hoy impunes y que siguen presentes.

A las 8.15 horas del 1 de febrero de 1980, dos Land Rover de la Guardia Civil serpentean entre las curvas de la boscosa carretera de Ea a Laga, en Ispáster (Vizcaya). Los agentes escoltan un convoy de dos vehículos de la empresa 'Esperanza y Cia' con material de guerra y técnicos. En uno de los todoterrenos, seis guardias civiles charlan animadamente. Es viernes y quizás hacen planes para el fin de semana. Tiempo para pasar con la familia, tal vez para salir del avispero que en esa época es Euskadi. Respirar. Uno de ellos es José Gómez Trillo, de 30 años, casado y con un hijo pequeño. El primer huérfano valenciano de ETA. El niño que jamás pudo mirar a los ojos a su padre. Más de 50 impactos de bala recibieron los vehículos a manos de seis terroristas apostados con metralletas a ambos lados de la carretera. Murieron seis agentes, uno de ellos el valenciano. También el etarra Gregorio Olagarría, a quien le estalló una granada que llevaba adosada al cuerpo. Otra la hicieron explosionar dentro del Land Rover del valenciano para asegurar bien su sanguinario asalto. El comando huyó tras robar los explosivos que transportaba el convoy.

Cuatro años después, la Audiencia Nacional condenó a Jaime Rementería por cooperar en el atentado. Pasó 21 años entre rejas. También se sentenció a Francisco Esquisavel por dar el chivatazo del transporte de explosivos. 22 años preso. José Luis Ansola fue acusado del atentado, pero absuelto por falta de pruebas. «Y ya no hay más condena a autores materiales», lamenta la AVT. Una herida que aún sangra.

La vida le sonríe a José Antonio Merenciano Ruiz. Con 25 primaveras y recién casado. Sólo hace cuatro meses de su boda. Aquel viernes 3 de octubre de 1980 no le importa repetir la función que lleva a cabo hace unos días. Desplazarse de Bilbao a Durango para servir al pueblo vasco como policía nacional, expidiendo DNI en el pequeño municipio vizcaino en una oficina habilitada por el Ayuntamiento. El inspector jefe va acompañado de otros dos policías nacionales. Pasan toda la mañana haciendo carnés, hablando con los vecinos. Como unos más del pueblo. A las 12.30 emprenden el regreso hacia Bilbao. No pasan del puente de San Agustín. Allí cuatro terroristas con metralletas acribillan el vehículo de los policías. 36 orificios de bala. Después ejecutan a los agentes de un tiro en la cabeza. «No hay sentencia para los autores materiales», denuncia la AVT.

Ni siquiera los duros 'años de plomo' de ETA quitan a Jesús Ordóñez Pérez su ilusión por disfrutar la vida. De 25 años y nacido en Jaén, desde niño se ha criado en Valencia. Aquí nació y aquí está enterrado. En aquella brumosa mañana del 14 de septiembre de 1982 en Rentería se plasma lo más sangriento del terrorismo etarra. Cinco policías nacionales quedan para almorzar en una venta. Entre ellos Jesús Ordóñez. Allí charlan, ríen y toman unos bocadillos. No saben que les vigilan. Que la muerte cobarde les espera tras una curva de la carretera que lleva a Donostia. Seis etarras los fusilan con armas semiautomáticas. Se producen 100 disparos. Jesús Ordóñez y otros dos compañeros mueren en el acto. El policía Antonio Cedillo resulta herido al responder con su metralleta. Un vecino lo encuentra y trata de evacuarlo en su furgoneta. Los asesinos etarras lo ven, siguen el vehículo, lo interceptan y sacan a rastras al agente. Lo tiran en una cuneta y lo rematan de dos tiros en la nuca. Los mismos que ahora piden perdón... En la capilla ardiente se consuma el drama: un policía compañero de los fallecidos se suicida ante todos los asistentes. Otra tragedia del 'síndrome del norte'. Otro crimen sin condena para los autores materiales.

Emilio Juan Casanova López asiste en Guipuzcoa al funeral del policía Juan Maldonado en la mañana del 23 de junio de 1983. ETA lo había matado en Pasajes. A sus 29 años, natural de Ayora, el valenciano vive uno de los años más cruentos del terrorismo etarra. Y los asesinos le tenían un lugar reservado en su macabra lista. Viaja en una furgoneta policial junto a otros seis agentes. Al lado circula un autobús escolar. Un Seat 127 repleto de tornillos y tuercas vuela por los aires. Emilio Juan muere en el acto. Su esposa es una de las 20 viudas valencianas que deja la sinrazón de ETA.

José Verdú lleva menos de un año en el País Vasco. De 31 años y natural de Alicante, su destino es Galdácano, uno de los enclaves de Vizcaya más cruentos del laberinto abertzale. Está casado y con dos hijos. El 6 de abril de 1984 regresa andando a su casa en la calle Guipúzcoa. Son las 11 de la noche, otra dura jornada de trabajo policial. En la puerta de su hogar le asaltan varios etarras. José se da cuenta y vacía el cargador con seis balas de su pistola reglamentaria. Nada puede hacer ante el tiro cobarde que uno de los terroristas le da por la espalda. En la nuca. Aún pelea por su vida durante 12 días en coma en el Hospital de Basurto, hasta que fallece.

En Estella (Navarra), a José Antonio Ferri Pérez lo consideran casi como uno más del pueblo. Sobre todo después de que junto a un compañero de la Guardia Civil participará en una operación de salvamento durante un incendio en el municipio. Muchos lo llaman por su nombre. Más escupen a su paso aquello de 'txakurra', perro, como tildan a las Fuerzas de Seguridad los radicales vascos. Aquella mañana del 21 de agosto de 1988 el agente de Tráfico de 34 años quizás piensa en su Ibi natal. O en sus tres hijos de 10, 8 y 3 años. Sus anhelos se desvanecen al cruzarse junto con su colega Antonio Fernández con un Seat 1430 y matrícula de Bilbao estacionado. 25 kilos de amonal y 40 de metralla siegan su vida. Hoy nadie cumple condena por cometer el atentado.

El mayor atentado cometido por ETA en la Comunitat sigue sin cerrarse. Una sentencia pesa sobre Idoia López Riaño, La Tigresa, como cooperadora necesaria en el asesinato, así como otro etarra, «pero no hay condena para los autores materiales», lamentan desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo. A las 9.40 horas del 16 de septiembre de 1991, muchos vecinos de Mutxamel creen que la gran explosión que les sobresalta puede ser una carcasa lanzada con motivo de las fiestas del Cristo de Sant Joan. La sucesión de sirenas y vehículos de emergencias les trasladan la realidad: la banda asesina intenta repetir en el municipio alicantino la masacre cometida en el cuartel de Vic cuatro meses antes, cuando mató a nueve personas.

Mueren los policías locales José Luis Jiménez Vargas, de 28 años, y Víctor Manuel Puertas Vieras, de 25, así como el conductor de la grúa municipal Francisco Cebrián Cabeza de 40 años. La tragedia se gesta una hora antes, cuando un Ford Fiesta se empotra contra una pared de una sucursal del Banco de Valencia, frente a la casa cuartel. Ni rastro de ocupantes. Las sospechas apuntan a un conductor ebrio, un turismo robado... Nadie sospecha de ETA ni de las matrículas falsas del coche. Francisco Cebrián lo engancha a la grúa. Conduce hacia el retén. Pasa ante el colegio del Salvador, con 400 alumnos empezando el curso. Y en el depósito, los terroristas detonan los 50 kilos de explosivo ocultos en el maletero. Hubo 30 heridos, entre ellos un bebé de sólo un mes.

«A mí no me cabe duda de que ellos lo ejecutaron. Otra cuestión es si los elementos probatorios eran suficientemente contundentes». La frase la pronunció Pablo Broseta, uno de los tres hijos del profesor, dos años después de que en 2015 Juan Jesús Narváez Goñi e Itziar Alberdi Uranga (condenados por otros crímenes, como la muerte de dos tedax por un paquete bomba) quedaron absueltos de apretar el gatillo de la infame pistola que acabó con vida de un tiro en la nuca del catedrático de Derecho Mercantil Manuel Broseta en los jardines de Blasco Ibáñez el 15 de enero de 1992. Sin autores materiales señalados, quedan los 30 años de cárcel que recibieron Francisco Mújica Garmendia, José Luis Álvarez Santacristina y José Luis Urrusolo Sistiaga como inductores del asesinato.

Del hoy matrimonio aparecieron 25 huellas en el piso franco que ETA tenía en la calle Pobla de Farnals. Algunos testigos los identificaron como la pareja que asaltó al profesor pero luego hubo contradicciones. Y ni un solo rastro dactilar en el coche bomba que estalló tras el asesinato. Pablo Broseta al menos tuvo la satisfacción de mirar a los ojos a los criminales en la pecera blindada de la Audiencia Nacional.

«Siempre tuve claro que algún día los asesinos saldrían a la calle. El odio y el rencor no pueden formar parte de nuestras vidas. A mis hermanos y a mí no nos va a devolver a nuestro padre el hecho de que alguien se pase el resto de su vida en la cárcel», expresó Pablo Broseta dos años después de la sentencia, en un ejemplo de altura moral que jamás ha tenido, ni tendrá, ningún terrorista etarra.

Con El Corte Inglés de Pintor Sorolla abarrotado, en plenas fechas previas a la Navidad, con miles de valencianos haciendo sus compras, «víctimas sin responsabilidad», como cínicamente dijo la banda criminal en su comunicado distinguendo entre asesinados, ETA intenta una nueva masacre el 16 de diciembre de 1995. Cinco bombas ocultan los etarras en el centro comercial. La situada en unos lavabos mató a Josefina Corresa Huerta, de 43 años, casada y con dos hijas. Los terroristas buscaron confusión alertando pero sin puntualizar el gran almacén. Hasta 500 personas comían en la cafetería cuando empezaron a estallar los artefactos, otra prueba del cinismo y la falsedad de ETA cuando habla de 'víctimas colaterales'. Todo viles asesinatos. Once de valencianos aún sin resolver. Más de 300 en España.