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El concejal de Compromí, Pere Fuset.
La Audiencia decidirá qué juez investiga a Fuset por la prevaricación de Viveros

La Audiencia decidirá qué juez investiga a Fuset por la prevaricación de Viveros

El titular de Instrucción 7 de Valencia ha planteado una cuestión de competencia al sostener que otra compañera debe asumir la causa

A. Rallo

Valencia

Sábado, 12 de septiembre 2020, 00:25

Balón de oxígeno para Pere Fuset en la investigación que todavía tiene pendiente por la supuesta prevaricación en la concesión de unas barras a cambio del montaje de unas gradas en los conciertos de Viveros. La Audiencia debe decidir qué juez asume la investigación tras un desacuerdo entre los titulares de dos juzgados. Estas irregularidades se detectaron durante la instrucción del accidente mortal de un operario por el que el todavía edil -dejó la Concejalía de Fiestas, pero no renunció al acta- se sentará en el banquillo. La familia de la víctima pide cinco años de prisión. La fiscalía, sin embargo, no le ve responsable y no le acusa.

Estas diligencias acumulan algunos meses de retraso además de lo generado por la pandemia durante los meses de marzo y abril. El caso se envió al decanato para que por reparto se trasladara al juzgado que correspondiera. El que investigaba el accidente laboral no podía quedarse el asunto ya que eran hechos diferentes al objeto de la causa.

El expediente recayó en Instrucción 7 de Valencia, según confirmaron en su día fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Pero este juez envió el caso a Instrucción 2, que ya tenía una causa abierta contra el edil por posible fraccionamiento de contratos en Expojove y otros eventos organizados por el departamento. Entendía que las nuevas diligencias debían incluirse en esta pieza que afronta la recta final.

La titular de Instrucción 2 lo rechazó y devolvió las diligencias. Esto lo hizo en un auto del pasado mes de julio. El responsable de Instrucción 7 podía comenzar a investigar ya o mantener su criterio y elevar la cuestión a la Audiencia para que resuelva. Esto último es lo que ha hecho al plantear una cuestión de competencia, según confirmaron fuentes judiciales.

La fiscalía y el juzgado pidieron que se dedujera testimonio por este delito de prevaricación, castigado únicamente con pena de inhabilitación. El edil a cambio del montaje de las gradas concedió la explotación comercial de unos puestos de comida y bebida para los conciertos como una supuesta compensación por la mejora que había sido la instalación de las gradas y, además, en tiempo récord. Pero todo esto lo hizo, al parecer, sin seguir ningún cauce administrativo. Era la primera vez que se hacía al igual que el montaje de las gradas.

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