Las autovías, en el punto de mira de Fomento para cobrar por utilizarlas

Las carreteras españolas arrastran un déficit en conservación y mantenimiento (marcas viales, balizamiento, asfaltado, etc.) de 7.000 millones, según el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC). Una cifra que, en el caso de la Comunitat, se sitúa en 625 millones en la última década, según los cálculos de la Cámara de Contratistas, que también denuncia que las carreteras valencianas reciben la mitad del dinero que precisan para esta partida.

Una realidad que reconoce hasta el propio Ministerio de Fomento, que, en boca de su secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, apuntaba la cantidad de 2.000 millones de déficit desde 2013 y añadía otra: 1.200 millones. Es la cantidad que cada año debería destinarse a la conservación de la red viaria española, casi 400 millones más que la asignación actual que recogen los presupuestos.

La reflexión, realizada a comienzos de octubre, abrió la puerta al debate sobre la sostenibilidad de las carreteras españolas, especialmente con el horizonte de la incorporación de varias autopistas de peaje -como la AP-7, con sus 367 kilómetros- a la red estatal. Tras los vaivenes iniciales sobre el futuro de las concesiones que finalizan el próximo año, el ministerio reiteraba el pasado viernes que la AP-7 será libre y gratuita.

También desvelaba el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, durante su visita a Valencia, que será Fomento quien asuma el coste de su conservación, por lo que ya se trabaja en la redacción de los pliegos de contratación por valor de 16 millones anuales para la Comunitat y para Cataluña. Un coste que se sumará al del mantenimiento de las autovías, que suponen un desembolso anual para el Estado de más de 10.000 millones.

El propio Izquierdo aseguraba el «deterioro significativo» de las carreteras «por el abandono de años» e insistía en «abrir un debate sobre el modelos de la red de carreteras». A su juicio, la solución debe ser «consensuada» por todos los partidos políticos y «homogénea» para todas las comunidades.

Y el ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, hace hincapié en cada una de sus intervenciones en la necesidad de un pacto de Estado de las infraestructuras. «Nada es gratis», afirmaba hace poco en el Congreso de los Diputados.

En ese debate abierto una de las opciones planteadas es el sistema de pago por uso que, en todo caso, debe abordarse en la subcomisión propuesta por los socialistas en el Congreso. Y aunque en el ministerio insisten en el diálogo con todos los sectores implicados, lo cierto es que la propuesta está sobre la mesa de Fomento y así lo trasladó el secretario de Estado en una jornada sobre infraestructuras organizada por la patronal de las constructoras Seopan y la ingeniería Fidex.

Allí Pedro Saura confío en tener listo antes de 2020 el pago por uso de determinadas autovías para garantizar el mantenimiento de estas infraestructuras aunque no concretó más detalles. «Vivimos de titulares, marcados por la incertidumbre sobre el posible adelanto electoral. De ahí que no haya concreción por parte de Fomento», lamenta el director de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés.

En el caso de la Comunitat, las principales autovías de acceso a la ciudad de Valencia, es decir, el by-pass, la V-30, la V-31, la V-21 (y también la A-38), serían susceptibles de entrar en esa fórmula de pago, que podría ir desde el peaje blando (asociado a un coste mínimo por kilómetro) o en sombra (una concesión a una empresa y posterior pago de un canon por parte del Estado) a una tasa o impuesto.

Miñés apuntó que para establecer esa modalidad «se deberían ofrecer mejoras a los usuarios, es decir, se deberían acometer los proyectos pendientes de ampliaciones». Y tendría que tener carácter finalista, o sea destinarse a conservación.

Recuerda que «hay tecnología suficiente» para aplicar el cobro, «vía arco, chips de ámbito nacional o autonómico». También existe el carril de pago o peaje inteligente que Seopan planteó recientemente para las vías de acceso a las grandes ciudades con el objetivo de evitar los atascos en hora punta.