La bandera ucraniana ondea en la calle Convento San Francisco de Valencia desde hace poco. La inauguración del consulado honorario estaba prevista para el 24 de febrero, día en que empezó la invasión, pero un imprevisto en la agenda del embajador obligó a retrasar el acto al 9 de marzo. Lógicamente la guerra lo trastocó todo, pero la infraestructura se puso en marcha para facilitar la atención de los refugiados que han llegado a la Comunitat. Unos 5.000. Tarea que absorbe buena parte de la vida de Pablo Gil. Se muestra más que agradecido por la recepción valenciana, confía en que las administraciones no se relajen a la hora de dimensionar los recursos de acogida -«esto no ha hecho más que empezar»- y pide la máxima contundencia a la hora de romper lazos con Rusia. Institucionales y empresariales.
-¿Cuál es su vinculación con Ucrania?
-Hace unos años cofundé el Instituto 9 de Mayo, de carácter europeísta. Es el Día de Europa, pero también en el que los países del bloque de exrepúblicas soviéticas celebran la victoria contra los nazis. Empezamos a tener relación con los países que intentan separarse de la influencia de Rusia, como son Ucrania, Moldavia, Azerbaiyán y Georgia, y también a colaborar con la Embajada de Madrid con la celebración de actos. Nos dimos cuenta de que habiendo consulados en Barcelona y Málaga, en la Comunitat, que tiene la mayor comunidad de ucranianos en proporción a la población total, no había servicio, y era necesario. Fue un proceso largo hasta conseguir la carta patente. Además llevo veinte años casado con una mujer ucraniana, conozco la comunidad y he estado muchas veces en el país.
-¿Qué labores realizan?
-Prácticamente nos tenemos que centrar en la ayuda humanitaria y sobre todo en la atención a refugiados. Y es complejo. Al principio fue frenético, se dio un gran impulso solidario cuando los cauces institucionales y logísticos aún no estaban en marcha, por lo que fue absorbido por asociaciones y oenegés. Ahora se ha podido organizar mejor, por ejemplo con la colaboración de la Federación de Municipios y Provincias y las redes de diferentes asociaciones para cubrir las necesidades de material. La gente se ha volcado. En cuanto a la acogida de desplazados, mientras la maquinaria administrativa se puso en marcha hubo que atenderlos con recursos de emergencia, con familias y oenegés. Hemos tenido ayuntamientos que han abierto los brazos y dedicado más plazas de las que tienen -cita dos casos, Valencia y Altura, aunque puntualiza que han sido muchos más-, y otros que en cambio los han derivado a entidades que ya empiezan a tener problemas. Hemos visto lo mejor y lo peor. Ahora existe un registro de la Generalitat donde los particulares pueden ceder viviendas, facilitando esta labor, y se está ultimando un registro consular que nos permita detectar las necesidades que se produzcan. También estamos en contacto con la Delegación del Gobierno para cuestiones relacionadas con su regularización.
-¿Cuáles son las principales necesidades que presentan?
-Sobre todo la primera acogida con todo lo que conlleva. Y la barrera lingüística, hay mucha necesidad de traductores. Nos llegan ofertas de colaboración pero nosotros no tenemos esa estructura para organizar el servicio, por lo que le pedimos a Cruz Roja, con mucha experiencia en voluntariado, que lo asumiera. Esta semana organizamos una jornada en la UPV y fue un éxito, con más de 60 asistentes. Y es un perfil complicado, se necesita que hablen español, ucraniano y ruso. Otra barrera que vamos a encontrar es la económica. Los primeros que salieron tienen ciertos recursos, más lazos familiares, sufrieron menos los rigores de la guerra que los que seguían allí. Estos llegan con lo puesto y si tenían algún ahorro lo han tenido que gastar ante la situación de carestía.
-¿Manejan alguna propuesta para mitigar este problema?
-Tendremos que ayudar. Será necesario diseñar políticas públicas para no depender sólo de la solidaridad particular. En algún momento se concretará la promesa europea de liberar fondos económicos para refugiados que ayuden a financiar las prestaciones. Y también siendo dinámicos. Por ejemplo, hay gente que tiene recursos para un alquiler, pero si se les pide algún tipo de fianza por adelantado o seguro no llegan. Si se crea alguna prestación en este sentido son casos que ya no dependen de la solidaridad de entidades, familias o instituciones.
-Da la sensación de que en la primera acogida ha habido una respuesta más ágil de entidades asistenciales y particulares que de la administración.
-Mientras la administración ha podido reaccionar atendiendo a sus ritmos propios, por ejemplo organizando el centro de Alicante, o con los ayuntamientos habilitando plazas en otros municipios en función de las necesidades, ha respondido la sociedad a través de vecinos, familias de acogida, oenegés o parroquias, entre otros casos. Igual que con la ayuda humanitaria. El primer empujón lo han asumido ellos porque no había suficientes plazas públicas. Tampoco se puede obviar que quien diseña estos recursos asistenciales no tiene una bola de cristal para prevenir lo que iba a suceder. No sé qué habría pasado si estas oenegés y estas familias no hubieran estado ahí. Tendríamos un problema humanitario, con gente durmiendo en la calle. Este apoyo social ha servido para que las administraciones tengan tiempo para ir aumentando los recursos que se precisan. No pueden fallar a la hora de dimensionarlos.
-Cree entonces que el flujo de desplazados va a ir a más.
-Más vale tener los recursos listos y no necesitarlos. Todo apunta a que un escenario en el que los flujos vayan a menos no es posible. El nivel destrucción de viviendas, de infraestructura básica, es enorme. Aunque se firmara la paz mañana no se puede vivir allí. O cuando se abran pasillos humanitarios. Creo que vendrá mucha más gente y hay que estar preparados.
-En declaraciones previas ha insistido en que, a nivel particular, hay mejores maneras de ayudar que acudir a la frontera a traer refugiados.
-Es un impulso solidario que se entiende, pero hay otras formas más efectivas, como con el alojamiento: ceder una segunda residencia o una habitación. Para el transporte ya hay medios. Además, es una ruta de 4.000 kilómetros que entraña riesgo y requiere de conductores experimentados como los de los autobuses, respetando descansos y con turnos. Además llegar allí sin referencias previas puede generar reticencias en los campos de refugiados.
-¿Cómo se puede colaborar en la acogida a nivel particular?
-Está el registro de la Generalitat para la cesión de viviendas, y también se puede contactar con la Fundación Juntos por la Vida, experta en acogimiento.
-Su primera iniciativa como cónsul honorario fue un comunicado instando a romper todo tipo de relaciones con Rusia.
-Y creo que ha dado resultado. Por ejemplo, la Universitat de València ha paralizado las actividades del Centro Ruso. Pero es necesario romper relaciones. La situación de Rusia en el panorama internacional después de la invasión no va a mejorar. También se ha conseguido que el Ministerio de Exteriores suspenda el acceso de grandes inversores rusos a la ‘golden visa’, que permite disponer de un régimen especial de residencia a cambio de inversiones, incluso por la compra de deuda pública. ¿Una persona que se ha beneficiado del régimen comprando deuda con dinero manchado de sangre? No queremos eso, ni que puedan coincidir en un aeropuerto con refugiados de la guerra. También vamos a pedir que empresas valencianas con participación en empresas rusas no aporten nada de liquidez. Se sabe que el Estado, a medida que hagan efecto las sanciones, meterá mano en el capital privado para financiar la guerra. Hay que cortar la liquidez en todos los frentes. Además, de forma coordinada con la Embajada vamos a proponer, como en Reino Unido, que los buques no puedan cargar o descargar en los puertos españoles.
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