El Ayuntamiento batallará para gestionar el Casal d'Esplai si el Gobierno ejecuta el deslinde en El Saler

Desde el Ayuntamiento confirman a este periódico que, si se aprueba el deslinde propuesto por el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, «todos los terrenos y construcciones de propiedad municipal pasarían a ser bienes de dominio público de titularidad estatal». Sin embargo, fuentes municipales aseguran que el Consistorio «tendría derecho a solicitar una concesión gratuita sobre los mismos». En el caso concreto del Casal d'Esplai, «el Ayuntamiento estudiaría pedir la concesión gratuita sobre el mismo».

De hecho, desde el Consistorio inciden en el aspecto de que la limpieza y el mantenimiento de la zona del parque natural de la Albufera afectado por el nuevo deslinde correrá a cargo del ministerio, según la normativa. Este apartado resulta especialmente importante al afectar el nuevo deslinde a la mitad del monte de El Saler, pero no a ninguna vivienda, urbanización o restaurante, según la versión gubernamental.

Según expone en el portal web del Casal d'Esplai, el inmueble es propiedad de la Concejalía de Familia, Juventud e Infancia y , por, ende un bien patrimonial del Ayuntamiento de Valencia. La instalación«se configura como un servicio público municipal, cuyo fin es servir de marco a las actividades programadas por la Delegación de Juventud. Además, posibilita a las diferentes asociaciones, colectivos juveniles y asociaciones prestadoras de servicios a la juventud, disponer de un lugar donde realizar reuniones, cursillos, jornadas de convivencia, congresos, campamentos de fin de semana, etc…».

Sin embargo, el expediente, cuyo periodo de exposición pública y presentación de alegaciones concluye el 28 de este mes, pretende correr la línea divisoria entre ambos dominios en 5.000 metros desde la gola de Pujol hasta la de El Perellonet, distancia que supone la mitad del monte de El Saler, junto a otros dos intervalos de 205 y 406 metros en el arenal de la Garrofera, afectando de pleno al Casal d'Esplai. Los mapas recogidos en la documentación de Costas a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS así lo avalan.

La nueva demarcación involucraría, además del albergue municipal, al parador turístico de El Saler, ambos equipamientos de titularidad pública. El primero está bajo la jurisdicción del Ayuntamiento mientras que el segundo pertenece al Ejecutivo central por medio de la empresa turística Paradores de Turismo de España S.M.E.S.A..

Desde la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas ya adelantaron las consecuencias que acarrearía la modificación del dominio sobre el Casal d'Esplai. Según avanzó esta entidad, el albergue pasaría de ser un bien municipal del Ayuntamiento a ser propiedad del Gobierno «suponiendo una pérdida patrimonial para Valencia». Es más, aún con el cambio de titularidad mediante, el Consistorio estaría obligado a conservar tanto el suelo como el estado de la edificación, según su versión. Asimismo, también apuntaron a que se tendría que producir una negociación pública sobre la forma de su futuro uso.

Desde la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas opinaron que sendas modificaciones de los límites fijados en la orden ministerial de 1976 representan «el primer paso» para el derribo de ambas construcciones.

El contenido de la propuesta también explica que Costas realizó un informe preliminar sobre la caracterización de las dunas, teniendo en cuenta los porcentajes de cobertura vegetal arbustiva y/o leñosa en el caso de las secundarias. A lo largo del expediente se expone que en aquellas zonas donde la superficie forestal sea menor al 75% de la cobertura serían susceptibles de entrar en el deslinde.

De hecho, la entidad costera aseguraron que las conclusiones de su estudio «son acordes» al documento geomorfológico realizado en 1995 desde la desembocadura del Turia hasta la Gola de El Perellonet con motivo de la tramitación de los deslindes en este tramo de costa, pese a estar elaborado con base en los criterios que recogía el derogado Reglamento de Costas de 1989. Además, también se valora imponer un terreno de protección de 100 metros adicionales a la distancia ya fijada por el nuevo deslinde.