Los ayuntamientos afectados por la dana reciben los primeros 658 millones para reconstruir infraestructuras municipales

El Gobierno de España, a través del Tesoro Público, ha ingresado esta mañana los primeros 658 millones de euros a 31 de los ayuntamientos afectados por la dana, de los 1.745 activados por el Ministerio de Política Territorial para financiar las obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales.

Desde la administración del Estado se indica que en los próximos días se completará el ingreso al resto de consistorios incluidos en el Real Decreto, hasta alcanzar la partida comprometida y que permitirá abordar hasta 500 intervenciones, que incluye reparación de polideportivos, bibliotecas, redes viarias, mercados o centros culturales, entre otros.

En esta primera partida, el ayuntamiento que mayor partida recibe es el de Paiporta con 201.450.522 euros; seguido de Torrent, con 114.490.134; Picanya con 71.108.466 euros; le sigue Benetússer con 48.718.549; Utiel con  46.385.969 euros; un total de 41.503.530 recibe Sedaví; Alfafar 35.307142 euros y Monserrat 27.163.203 euros.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado esta mañana que «frente a quienes difunden bulos o informaciones falsas, la realidad es que las ayudas del Gobierno de España están llegando a los damnificados por la DANA». «En tan sólo 20 días se ha desplegado una respuesta histórica ante una catástrofe en nuestro país, como es asumir el 100% de la reparación e ingresar por adelantado a los consistorios estos costes», ha subrayado el ministro.

Hasta ahora, el Gobierno de España había asumido, con carácter ordinario, el 50% de los costes de reparación de infraestructuras municipales dañadas por catástrofes naturales. En la orden del Ministerio de Política Territorial para las subvenciones por la dana se establece la financiación del 100% de las obras, con el añadido de que la totalidad de los costes se entregará por adelantado a las entidades locales.

Además, por primera vez, se permite que los ayuntamientos firmen un acuerdo con Tragsa para que sea esta empresa pública la que adjudique y ejecute las obras. Otra novedad de esta orden es que las infraestructuras podrán reubicarse y añadirse en ellas mejoras técnicas que aumenten su resiliencia frente a fenómenos naturales. Asimismo, se amplían los plazos ordinarios en las diferentes fases, para que los ayuntamientos tengan más fácil completarlas.

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