Del 'baby boom' valenciano al 'pensionazo'

La Seguridad Social española, más que endulzar la vida de aquellos nacidos fruto del aumento demográfico experimentado entre 1958 y 1977, la también llamada generación 'baby boom', parece dispuesta a castigar a sus integrantes. En total, en la Comunitat Valenciana son más de un millón de personas (1.170.684, según el INE) las que forman parte de este grupo de edad. Se trata de la generación más numerosa de la historia de España. Entre estos años nacieron 14 millones de bebés que empezarán a jubilarse de forma inmediata con el consiguiente incremento en la factura de las pensiones. Una amenaza que ha llevado al Gobierno a plantearse el incremento de las cotizaciones que ellos también van a tener que pagar.

Ante esta situación, el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, viene avanzando su intención de subir las cotizaciones en medio punto durante un plazo de diez años a repartir entre los trabajadores y empresas a partir de 2023. El ministro justifica la implementación de la nueva medida como necesaria para poder rellenar la 'hucha de pensiones' que, según fuentes del Ministerio de Inclusión, está prácticamente vacía.

La noticia, lejos de pasar desapercibida, ha suscitado la indignación de toda una generación que ve colgando de la cuerda floja su plan de pensiones. «La propuesta del ministro de Seguridad Social es una medida a corto plazo, no creo que solucione el problema de fondo. Me entristece saber que no voy a tener una pensión proporcional a mi esfuerzo. El día que llegue mi jubilación habré trabajado más de cuarenta años», opina Esther Antón, una valenciana de 45 años. Y con la mirada puesta en el futuro, confiesa: «Me da miedo por la generación de nuestros hijos que seguramente se van a encontrar un panorama mucho peor que el actual, ya que tienen muchas más complicaciones para poder hacerse un hueco dentro del mercado laboral».

Ocurre que los ya golpeados por la crisis del 2008 han tenido que adaptarse a la fuerza a las características del mundo digital y ahora a las condiciones excepcionales de la pandemia del coronavirus. Es el caso de Sonia Climent: «Tengo cincuenta y dos años y llevo casi treinta años cotizados. Parecen olvidar que somos esa generación que ha hecho subir a un país que estuvo marcado por la posguerra y los cuarenta años de dictadura». Además, Climent muestra su preocupación por acercarse a un futuro que ve incierto.

«Empecé a trabajar con dieciocho años y aportando a la caja de las pensiones y ahora estoy viendo con incertidumbre lo que me quedará para la jubilación», comenta por su parte Javier Raga, otro 'babyboomer' de 58 años quien, ante los prejuicios que detecta sobre su generación, contesta en estos términos: «Nosotros llevamos impresa la palabra 'viabilidad'. Siempre nos recae la responsabilidad de sufragar con nuestro esfuerzo laboral la quiebra del sistema de pensiones». Y se pregunta: «¿Qué soluciones tienen en su agenda nuestros dirigentes para evitar la quiebra del sistema de pensiones y garantizar unos servicios públicos de calidad?».

Y es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se tambalea ya que en la actualidad ronda los 2.000 millones de euros cuando en 2011 acabó por encima de los 66.000 millones, el equivalente al 6,33% del PIB. La iniciativa de Escrivá pretende sustituir al factor de sostenibilidad que se comenzó a implementar en 2011 y fue aprobado con la reforma del 2013, aunque en la actualidad está derogado. La nueva herramienta que ha puesto sobre la mesa Seguridad Social corresponde a la primera fase del mecanismo de equidad intergeneracional. Su objetivo es sostener el aumento del gasto en pensiones que experimentará el sistema por la entrada masiva de pensionistas nacidos entre finales de los años 50 y los 70.

Al tratarse de un alza de 0,5 puntos, el investigador económico en el IVIE Enrique Devesa prefiere mandar un mensaje tranquilizador: «Es una subida bastante pequeña por lo que no va a tener una especial repercusión, me preocupa más que esta medida no va a mejorar la sostenibilidad del sistema que es en el punto principal en el que deberían enfocarse». Devesa recuerda que «el pasado plan se saldó con once mil millones de euros más de ahorro en el gasto mientras que la propuesta de José Luis Escrivá supone únicamente 1.700 millones. Aquel mecanismo mejoraba un poco el ahorro y el nuevo, que viene por la vía de los ingresos, va a resolverse únicamente en un 0,15% del PIB».

La propuesta de Escrivá ha logrado suscitar la polémica y, a pesar de que todavía no se haya aprobado, genera todo tipo de interpretaciones. Por ejemplo, la del decano del Colegio de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia, Juan José Estruch: «Si se aprobara, podría ser muy interesante. Se crearían más contratos fijos».