Mientras el debate político sobre la gestión del antes, el durante y el después de la dana se enfanga, el barro se petrifica sobre las decenas de miles de vehículos que todavía permanecen hacinados en los descampados municipales a la espera de ser trasladados ... a desguaces. El cruce de acusaciones sobre la competencia en el traslado de los coches destrozados por la riada entre la delegada del Gobierno en la Comunitat y el president de la Generalitat sube de tono. Bernabé ha vuelto a incidir en el ritmo con el que se está llevando a cabo el transporte de automóviles a los puntos de achatarramiento pues ha asegurado que en Fallas todavía habrá turismos siniestrados por desplazar en marzo. Mazón ha contestado alegando que el Ejecutivo central «decidió trasladar esa responsabilidad exclusivamente a los ayuntamientos» así como que el Consell «sí que se ha puesto del lado» de los alcaldes en este asunto.
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«No podemos estar sacando una media de 500 coches al día porque quedan decenas de miles de en las calles de nuestras ciudades y, a este ritmo, pasarán Fallas y aún no habrán sacado todos los coches y no nos lo podemos permitir porque es una cuestión de emergencia», ha alertado Bernabé a la salida de la reunión del Cecopi redoblando la presión ejercida días atrás sobre el Consell a colación con el traslado de los coches siniestrados por la riada. Mazón, desde Alicante, ha contestado que la Generalitat «ha puesto a disposición de los municipios protocolos y medios» y trabaja para acelerar el ritmo de evacuación de los automóviles.
La delegada del Gobierno ha vuelto a poner el foco en que la retirada de los turismos siniestrados de los solares municipales debe producirse «de una vez por todas y lo antes posible». Para Bernabé, el hecho de que la competencia recaiga sobre los municipios significa «saturar el trabajo de los alcaldes y, sobre todo, es no cumplir con una responsabilidad que tiene la dirección de la emergencia».
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Juan Antonio Marrahí
Sobre el decreto emitido por el Ejecutivo central para conceder el tratamiento de los vehículos como residuos municipales, el president ha explicado que «llegó tarde y nos sorprendió». A su vez, el jefe del Consell ha asegurado que la Generalitat «está ayudando en todo lo posible» a los consistorios y ha tildado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez como «una excesiva carga de responsabilidad» sobre los primeros ediles.
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Bernabé ha comentado también que el Gobierno puso a disposición del Consell otras alternativas para acelerar el traslado de los coches fuera de los núcleos urbanos. La delegada del Ejecutivo central en la región ha asegurado que se abrió la puerta a habilitar terrenos de suelo industrial de la Entidad Pública Empresarial (Sepes), organismo adscrito al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, situados en la provincia de Valencia para ser utilizados como puntos de acopio intermedio. Asimismo, también se puso sobre la mesa, según Bernabé, la alternativa de las empresas compactadoras, una compañías que descontaminan el vehículo y lo achatarran in situ sin tener que pasar por los desguaces.
Además, Bernabé ha tildado la contestación del jefe del Consell como «terrible» y le ha acusado de hacer «trilerismo» con la letra del decreto en lugar de asumir la responsabilidad del mando de la emergencia. «Nosotros contribuiremos en lo que podamos», ha rematado poniendo como ejemplo el mapeo y la vigilancia de los puntos de acopio de residuos efectuado por la Guardia Civil y la Policía Nacional.
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En cuanto al alojamiento de las personas damnificadas por la riada que perdieron sus hogares por culpa del tsunami del lodo del 29-O, la delegada del Gobierno ha instado a la Generalitat a que diga «exactamente» cuántas familias faltan por ser realojadas. «No verán vídeos en TikTok del trabajo que está haciendo el Gobierno de España para ubicar a estas familias», ha atacado Bernabé sobre uno de los vídeos colgado en la red social en el que aparecía el president Mazón durante una visita a un núcleo familiar reubicado en La Torre.
Según la máxima representante gubernamental en la Comunitat, el Ejecutivo central ya ha puesto en marcha 150 viviendas para realojar afectados por la dana entre viviendas de la Sareb o propiedad del Ministerio de Vivienda mediante el Sepes. Los inquilinos de los inmuebles puestos a disposición por el Gobierno tienen un periodo de alojamiento gratuito vigente durante seis meses, más otro semestre prorrogable, y donde tampoco se tienen que preocupar por pagar el coste de los suministros energéticos.
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