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Intersindical, CGT, UGT y Sindicato de Policías Locales de Bomberos, que representan al 52% de la plantilla del SGISE (Societat Valenciana de Gestió Integral de les Emergències), han convocado una huelga de los bomberos forestales para el 14, 20 y 26 de julio. El movimiento de protesta se produce justo en el momento de mayor riesgo para los montes.
Los trabajadores, según explicaron fuentes sindicales, «están hartos de que no se resuelva la situación en la que se encuentra casi un 30% de los casi mil trabajadores en plantilla. En este sentido, denunciaron que este grupo acumulan contrato de obra tras contrato de obra sin que la empresa los convierta en indefinidos.
Los trabajadores rechazan la propuesta de la empresa de convocar unas oposiciones y reclaman que se les aplique la misma solución que adoptó para los trabajadores de La Ribera cuando se resolvió la concesión sanitario. Es decir, que los bomberos afectados pasen a ser trabajadores indefinidos a extinguir.
«La empresa no nos da soluciones y nos hemos cansado de esperar«, expresaron fuentes sindicales. Añadieron que lo que están pidiendo es lo que se recoge en el convenio firmado con la empresa donde se estipula que un trabajador que está trabajando más de 18 meses pasa a ser indefinido.
Además, advirtieron de que la situación afectará a más trabajadores porque son cada vez más los contratados empleando esta modalidad. «Los contratos de obras y servicios son paulatinamente más numerosos», señalaron las mismas fuentes.
Por otro lado, también denunciaron la falta de medios. Desde los sindicatos señalaron que hay 80 plazas vacantes de las que únicamente se han convocado medio centenar. También advirtieron que este año tampoco se ha contratado los 40 puestos para cubrir las vacaciones del personal en plantilla.
Desde la empresa señalaron su respeto a la decisión de los trabajadores pero quisieron dejar clara la buena voluntad y el diálogo con los bomberos que ha permitido redactar un convenio que esta en fase de revisión y un aumento salarial de las brigadas terrestres para equipararlas a las aerotransportadas. Resaltaron que la solución a la petición de los sindicatos no «está en nuestras manos. Lo que no podemos hacer es no cumplir la ley» y subrayaron que «nosotros no tenemos competencias».
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