El Botánico defiende a los funcionarios señalados por el caos en las plazas y habla de «caza de brujas»

El ex secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, ha defendido este martes la gestión realizada por su equipo en relación al caos en la adjudicación de las plazas de profesores de inicio de curso. Su comparecencia, tras reunirse con representantes de los cinco sindicatos docentes, ha llegado después de que el jueves el conseller José Antonio Rovira apuntara a siete funcionarios implicados en el proceso que fueron cesados por el Botánico, lo que tildó como un caso grave al suponer «un abandono de su puesto de trabajo en un momento complejo». De hecho, ha puesto la situación en manos de la Abogacía de la Generalitat por si puede derivarse algún tipo de responsabilidad.

Además, Soler ha vinculado la cascada de problemas que han salpicado las adjudicaciones con la «actitud sectaria y prepotente» de los actuales gestores, que «se negaron a sentarse y hablar» con los anteriores altos cargos para engrasar el traspaso de funciones. También ha negado que existiera un informe de 2020 de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC) que pidiera cambiar el programa informático y ha alertado del cese de 300 asesores técnicos docentes y de formación del profesorado que son fundamentales en los próximos procesos complejos del inicio del curso, como la resolución de las becas de comedor. «No son enchufados», ha añadido Soler, en referencia a lo deslizado el jueves por el conseller Rovira.

«Ni con las peores expectativas respecto al cambio podíamos esperar semejante caos», ha empezado el anterior número dos de la conselleria, que ha comparecido acompañado de la síndica del PSPV y exconsellera de Obras Públicas, Rebeca Torró, y del portavoz de Educación en Les Corts, José Luis Lorenz. Torró ha destacado que han pedido la comparecencia en el parlamento del conseller Rovira para que dé explicaciones, además de presentar diferentes preguntas parlamentarias. Por ejemplo, «por qué se ha señalado a determinados funcionarios como si se tratara de una caza de brujas».

También se ha pedido documentación en relación a la polémica, como el informe de hace tres años al que aludió Educación sobre la petición de la DGTIC de cambiar el programa y que según su versión los gestores del Botánico desestimaron. «Es radicalmente falso» ha señalado Soler, antes de explicar que el proceso es a la inversa: la conselleria planteaba nuevos desarrollos informáticos a la citada dirección general, que siempre eran más de los que se podían sacar adelante por la falta de personal o por presupuesto, y que esta respondía solicitando prioridades.

En cuanto a los siete funcionarios, el ex secretario autonómico ha defendido que dejaron su trabajo terminado, incluyendo los dos cargos del área de personal que habían pedido cesar en su puesto con el tiempo suficiente para poder incorporarse a sus puestos (son funcionarios docentes). «El 21 de junio se fueron dos de 92 personas -ha señalado en relación a los recursos humanos de la conselleria- y lo hicieron tras dejar su trabajo hecho», ha añadido, antes de insistir en la idea de la «caza de brujas».

Soler ha reconocido que las dos novedades que han afectado a las adjudicaciones (el concurso de méritos para la estabilización de interinos y el cambio de cuerpo del profesorado técnico de Formación Profesional) podían haber provocado un retraso de «tres o cuatro días, pero no veinte», y ha querido contextualizar cómo se produjo el traspaso de funciones, vinculándolo con el caos posterior.

Así, ha explicado que él no ha llegado a hablar con el actual secretario autonómico, Daniel McEvoy, pese a que permaneció en el despacho hasta la publicación de su cese en el DOGV, dejando recado de que se le podía llamar tanto a su secretaria (que es la misma) como al subdirector general de coordinación normativa (al que tampoco se le consultó), o que nadie preguntó al entonces subdirector general de Personal (un cargo que entró con el PP y se mantuvo con el Botánico) hasta que llegaron sus vacaciones bien entrado agosto, enterándose un día después de empezarlas de que había sido cesado. Sólo ha reconocido dos contactos, de McEvoy con la anterior directora general de Personal, María Ángeles Herranz -«de cinco minutos»- y de este con la jefa de servicio de Formación del Profesorado, que según Soler insistió en la reunión en varias ocasiones para que le autorizara a informar a los asesores de los Cefires de que habían sido cesados.

Estos forman parte, según ha desvelado el alto cargo socialista, de los 300 docentes que mediante una comisión de servicio trabajaban en la conselleria haciendo funciones de carácter técnico, un procedimiento de provisión de puestos que anuló el actual equipo en los primeros días de su mandato. Se trata de maestros y profesores que trabajan en tareas como la gestión de las becas de comedor y del bono infantil, dos procesos de enjundia que se realizan durante las primeras semanas de clase. En este sentido Soler ha augurado que serán caóticos por la falta de este personal - «del que no se fiaban pese a que entre 40 y 50 fueron nombrados por el PP»- recordando además que su designación es habitual en cualquier administración y que tiene soporte jurídico en una norma impulsada en 2015 (por el equipo de la entonces consellera María José Catalá). Sí se han mantenido aquellos adscritos al área de Personal y de Informática al ser fundamentales en la adjudicación.

Por último, ha aludido al informe de la DGTIC del 12 de agosto esgrimido por Educación para justificar la falta de previsión del anterior equipo, incidiendo en un párrafo en el que se alertaba de que la anulación de estas comisiones de servicio «fueron las que tuvieron mayor impacto» en los primeros retrasos, pues afectaron al listado de vacantes disponibles para el profesorado (que es previo a la adjudicación en sí). Y es que al volver a sus puestos en los centros, estos tuvieron que retirarse de la lista que se puso a disposición de los funcionarios de carrera, en prácticas e interinos.

 

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