El Botánico firmó obras escolares en once municipios del PSPV y Compromís días antes de dejar el Consell

Las actuaciones forman parte del plan Edificant, que se creó a finales de 2017 para desatascar las mejoras que precisaban los colegios e institutos públicos y que se basa en delegaciones de competencias. El conseller de turno, a petición del ayuntamiento que se adhiere al plan, autoriza a que sean los servicios de contratación locales los que se encarguen de la tramitación de todos los pasos administrativos necesarios para realizar las obras, desde estudios técnicos previos hasta la licitación de las mismas, pasando por la redacción de los proyectos. Y todo con cargo a los fondos autonómicos.

Las delegaciones en cuestión las firmó Tamarit entre el 12 y el 13 de julio, siete y seis días antes de cesar en el cargo, coincidiendo con el nombramiento de Rovira, según la documentación facilitada a LAS PROVINCIAS desde el departamento, que afea a la exconsellera que «con esta decisión haya condicionado su funcionamiento a lo largo de la legislatura», pues los pagos se fraccionan en anualidades que llegan, en algún caso, hasta 2028.

De hecho, se ha iniciado un expediente de declaración de lesividad, que sirve para revisar «actos anulables conforme a la ley de procedimiento administrativo común», lo que incluye aquellos que «incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder». Además, este paso es previo a una impugnación en los tribunales, algo que no descarta Educación, pues permitiría dilucidar si efectivamente la anterior consellera se excedió en sus atribuciones, afectando a la gestión de los responsables entrantes.

Cuando se rubricó la delegación de competencias Tamarit ejercía en funciones, y según la normativa y la jurisprudencia aportada por Educación, esta condición limitaba su acción «al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general expresamente justificados, cualquier otra medida». En este sentido, los actuales gestores consideran que la aprobación de estas obras debería haber recaído en el equipo entrante debido a su volumen y el condicionamiento que se derivaba, y añaden que en cualquier caso la urgencia y la necesidad no se motivó en ningún momento.

La paralización de las delegaciones también se justifica en que estas generan derechos a los ayuntamientos beneficiarios, en el sentido de que con su aprobación se reservan las respectivas partidas presupuestarias: los 65,5 millones en total. Fuentes del departamento señalan que ahora se revisarán los expedientes para determinar su prioridad, necesidad y posterior inclusión, si se considera, en la planificación de la actual Dirección General de Infraestructuras.

Las delegaciones cuestionadas se refieren en realidad a 15 obras en doce localidades: Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunto, Borriol, Betxí, Mislata -que cuenta con cuatro actuaciones- y Benicarló. En este último municipio el PP ha relevado a la coalición de izquierdas de la anterior legislatura tras pactar con un partido local. En los once anteriores gobernaba el PSPV o Compromís (en varios mediante acuerdos de gobierno) y seguirán haciéndolo tras los resultados del 28 de mayo.

Otra de las irregularidades que denuncian los actuales gestores es que en las resoluciones se afirma que las delegaciones «han sido previamente fiscalizadas por la Intervención General de la Generalitat», algo que niegan teniendo en cuenta que durante el periodo en funciones el órgano se limitó a actuaciones de despacho ordinario. De hecho su visto bueno, la comprobación de que existía crédito suficiente para sacar adelante las obras, no llegó hasta el 28 de septiembre. Es decir, se verificó más tarde, no antes como marca la normativa que regula el programa Edificant.

También llama la atención que sólo dos de las delegaciones fueran solicitadas por los ayuntamientos respectivos en fechas recientes, exactamente en 2023. Otras tres datan de 2022, cuatro de 2020, otras tantas de 2019 y dos de 2018. Es decir, no se entiende que tras pasar tanto tiempo en la mayoría de los casos sin que el departamento autonómico aprobara la delegación esta llegara a pocos días del nombramiento de Rovira.

En cuanto a las obras en cuestión, hay diferentes casuísticas. Desde nuevas construcciones, ampliaciones y reposiciones en el mismo solar (la más cara es la de Benicarló) hasta mejoras de accesibilidad, en cubiertas o marquesinas y redistribuciones de espacios.