JC. F. M.
Lunes, 22 de noviembre 2021
valencia. Reyez Balanzá, jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Doctor Peset, y Ana Monzó, jefa de Sección de Ginecología del Hospital ... La Fe de Valencia, han presentado su renuncia a sus cargos en las comisiones por la Igualdad y contra la Violencia de Género, en desacuerdo con el contenido de una propuesta presentada por los grupos del Botánico, PSPV, Compromís y Unides Podem, en la que se propone modificar la Ley Integral contra la Violencia de Género para incorporar un nuevo apartado referido a la violencia obstétrica, definida como aquella «que, sin el consentimiento libre, previo e informado, en el marco de la definición de la OMS, sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos».
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La propuesta, presentada en forma de enmienda a la ley de acompañamiento de los Presupuestos para 2022, está impulsada por Compromís. Y ayer agitó el debate parlamentario en Les Corts, después de que varios cargos socialistas expresaran en privado su malestar con la propuesta de considerar la violencia obstétrica como una violencia de género.
En los escritos de dimisión de las dos profesionales se explican las causas de su renuncia. Balanzá asegura estar totalmente en desacuerdo con el término 'violencia obstétrica' «ya que supone la aceptación de que los profesionales sanitarios que trabajamos en el campo de la obstetricia realizamos de forma consciente y voluntaria un daño a la mujer. Y la consideración de incluirlo como violencia machista me parece una utilización política de nuestra profesión que no va a favorecer en absoluto la mutua relación de confianza con las mujeres». Balanzá reconoce que pueden existir «casos de mala praxis que no deben pasar inadvertidos». Y aun así, remarca «el enorme esfuerzo realizado en todos los departamentos de Salud de nuestra Comunidad por intentar hacer una asistencia segura, de calidad, respetuosa y eficiente a las mujeres (gestantes o no) y sus familias».
Monzó, por su parte, asegura no poder estar «más en desacuerdo con esta medida, que tiene un fundamento irreal, es injusta, nos criminaliza como profesionales y va a tener consecuencias muy negativas en nuestra relación de respeto y confianza mutua con las mujeres (embarazadas o no) a las que atendemos». La proifesional sanitaria justifica su renuncia: «Sería absurdo seguir liderando un proyecto que lucha por la erradicación de la violencia de género y, a la vez, se me considere una maltratadora machista contra las mujeres por desarrollar mi actividad profesional».
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