Buñol se rebela contra el Consell por la conflictividad del centro de menores

La política de menores de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ya levanta ampollas incluso entre los propios socios de gobierno. En la oposición, por descontado. Pero el espinoso estado de las instalaciones para los adolescentes, la escasez de plazas para su internamiento o los repetidos casos de abusos o altercados en los centros de recepción pueden hacer que incluso enemigos políticos acaben entendiéndose. Y de hecho, ha sucedido en Buñol. El Ayuntamiento, por unanimidad de todos los grupos políticos -con el PSPV en la alcaldía, y el apoyo de Esquerra Unida, Izquierda Alternativa de Buñol y Votamos Buñol, la marca local de Podemos, así como el PP, impulsores de la iniciativa- ha aprobado una moción con la que lanzan un rotundo mensaje a la cartera encabeza por la vicepresidenta Mónica Oltra. El Consistorio reclama a la Generalitat que el centro deje de ser de recepción -circunstancia que hace que se reciban a menores con una mayor conflictividad- y pase de nuevo a ser de acogida, «configuración que tenía antes del cambio de criterio de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas».

Tras constantes peleas de menores internados en el centro y denunciadas por los vecinos, el arresto de hasta tres adolescentes por supuestos abusos sexuales a dos niñas en el exterior de las instalaciones del centro o las quejas de organismos oficiales, como la Intervención General de Servicios, con su último informe adelantado en exclusiva por LAS PROVINCIAS, los representantes municipales de Buñol han puesto el grito en el cielo. Reclaman que el cambio de denominación de recepción a acogida «se realice de manera urgente». La moción enumera «temas tan graves como abusos sexuales, drogas, mala alimentación, desprotección de los menores, saturación, falta de personal, prostitución...».

Para los responsables municipales, «ni el centro de Buñol ni nuestra localidad reúnen las condiciones adecuadas para albergar un centro de este tipo». Por ello, además del cambio de la naturaleza del centro, los portavoces municipales piden una «reunión urgente» con el presidente de la Generalitat, un encuentro en el que no citan a la vicepresidenta Mónica Oltra, ninguneada en la moción popular aprobada pese a ser la máxima responsable de la política de menores.

De hecho es a la consellera a la que los grupos políticos, entre ellos el PSPV, con la alcaldesa Juncal Carrascosa al frente, ponen en el punto de mira de las culpas por la situación del centro. «La falta de previsión de la vicepresidenta y las deficiencias» provocaron un informe desfavorable de la fiscalía a finales del año pasado. En el estudio se subrayaba cómo había medio centenar de adolescentes internados pese a haber sólo 30 plazas, con niños durmiendo en el suelo, consumo de marihuana por los chavales, «ventanas desencajadas y muebles rotos». Poco después, la cifra de internados llegó a 82, como recoge la moción. «Que estén residiendo en el centro más del doble de menores supone que las condiciones de hacinamiento sean insoportables y que repercuta en un trato inhumano por parte del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra», como sostiene el texto de la moción impulsada por el PP.

El documento también recoge incluso una petición más genérica sobre el estado de todos los centros de menores, como es la solicitud al Consell de «presentar en el plazo de tres meses un plan de implementación y puesta en funcionamiento de centros de menores en la provincia de Valencia y rehabilitación de los existentes». La exigencia de Buñol a la Generalitat incluye la petición de obtener «situación detallada» del estado de los centros, así como cuántos se van a licitar en el próximo año y medio.