La burocracia atasca casi 400 plantas solares en la Comunitat Valenciana

La distribución de estos cerca de 400 parques solares proyectados no es homogénea por todo el territorio de la Comunitat. En las comarcas de la Safor, Valencia capital y el Rincón de Ademuz, no hay proyectados ninguno. En la Ribera Baixa solo hay uno en Sueca, de 1 megavatio.Sin embargo, hay otras en las que se concentran la mayor parte de estos proyectos como son las de Ayora, Hoya de Buñol, Los Serranos, Vinalopó o Requena, en este caso con hasta 19 plantas en tramitación.

El boom de las energía renovables y en concreto de las fotovoltaicas se produjo en 2020 a raíz del decreto de la Generalitat para la implantación de estos proyectos con el objetivo de contar con 6.000 megavatios de fotovoltaicas. Sin embargo, la simplificación de trámites prevista en el mismo, tres años más tarde, ha derivado en un atasco administrativo que pone en peligro muchos de ellos. Algo que preocupa al sector.

«Tenemos un problema burocrático de primera magnitud y el 25 de julio muchos de estos proyectos, si no tienen la autorización administrativa decaerán. Estamos preocupados por lo que pueda pasar porque están en juego 7.500 millones de euros de inversión y 5.000 puestos de trabajo», manifiesta el presidente de Avaesen, la asociación de empresas de energías renovables de la Comunitat, Marcos Lacruz.

Esta fecha la puso el Ministerio, a petición del sector de las renovables, como límite para alcanzar los plazos administrativos a fin de evitar la especulación con los puntos de conexión. Así, todos los proyectos que comenzaron la tramitación en 2020, tienen ese plazo para conseguir la autorización administrativa.

Un ejemplo está en Villena, donde el Ayuntamiento denegó en abril tres proyectos por la caducidad del derecho de conexión a la Red Eléctrica Española y no haber logrado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el plazo establecido. Lacruz insiste en que este problema sólo se está dando en la Comunitat. «Aquí se ha querido opinar con mayor ímpetu que en otras comunidades en procedimientos también del Ministerio. Se ha querido más protagonismo. Eso no es bueno ni malo, pero implica una mayor diligencia a la hora de dar una respuesta. Si quieres que tu opinión se tenga en consideración, dilatas más la tramitación», explica.

Al respecto, cabe recordar dos macropoyectos sobre los que el Ministerio ha resuelto en las últimas semanas, como el previsto junto al parque de la Calderona, cuya DIA ha sido negativa por los informes remitidos desde las distintas direcciones generales de la Generalitat. En cambio, el parque solar Magda, en la comarca de la Planta Alta de Castellón, tiene el visto bueno, una decisión que tanto la Conselleria de Transición Ecológica como la Plataforma en contra del proyecto ya han dicho que recurrirán.

Quienes también están a la espera de las autorizaciones para estos proyectos son muchos agricultores. Es el caso de Fernando López, viticultor de Requena. Hace más de dos años que firmó un preacuerdo con una empresa de renovables para la venta de uno de sus viñedos de algo más de dos hectáreas.

Una decisión que no fue fácil para él al tratarse de una terreno familiar, pero la baja rentabilidad de la producción le hizo tomar esta decisión. «Ahora el viñedo no es nada rentable, por el bajo precio al que se paga la uva y los altos costes, y este año menos, después de un periodo de sequía y después unas lluvias tardías», explica. Para él, al igual que el resto de sus vecinos agricultores, las placas solares son la única alternativa para no perder dinero. Fernando optó por la venta de su terreno en el paraje Castejón, aunque también le ofrecieron un alquiler. Le pagaron una señal de 1.000 euros por hectárea y recientemente ha renovado el acuerdo un año más, hasta febrero de 2024, a la espera de que la empresa cuente con la autorización.Arrancó parte de las cepas para replantarlas en otro lugar y pronto en ese terreno en lugar de viñas habrá placas solares.

No son todos los agricultores los que apuestan por las renovables. También los hay en contra. Es por eso que desde asociaciones como AVA llevan a cabo reuniones informativas para que los interesados tengan toda la información y puedan decidir.

Han pedido a la administración que, antes de iniciar cualquier tramitación, las empresas hablen con los agricultores para elegir aquellas zonas con menor impacto, de menor productividad o donde los cultivos estén abandonados.También desde el principio se ha producido el rechazo social a los macroproyectos. Y es que la concentración de muchos de estos parques en comarcas concretas, principalmente del interior de la Comunitat, ha hecho levantar a colectivos, particulares y ayuntamientos. Desde las plataformas sociales también se mira a la administración por el boom de proyectos, pero en este caso, denunciando la falta de garantías que tienen a la hora de examinar esos proyectos y poder presentar alegaciones.

«Hay tal avalancha que no podemos cumplir los plazos para la presentación de alegaciones», explican desde la Plataforma constituida en el Valle de Ayora, además de denunciar que muchos de estos proyectos se han fragmentado en varios que no llegan a los 50 megavatios, aunque es el mismo promotor y están unos junto a otros y consideran que se trata de un fraude de ley.

También algunos ayuntamientos han actuado al respecto, aprobando la suspensión de licencias de obras para este tipo de proyectos y han lamentado que no se les tengan en cuenta en la tramitación de estos expedientes.Al respecto, Avaesen está analizado ese rechazo. «No nos gusta que determinados proyectos que tienen contestación social, con razón, se pueda generalizar a todos y se genere un clima de opinión adverso contras las renovables», indica su presidente.

En estos tres años, hay proyectos que también han sido denegados. Un total de 27, según la misma fuente del visor cartográfico. El más reciente, el mayor de los hasta ahora previstos en la Comunitat, el mencionado previsto junto a la sierra Calderona, en los municipios de Moncofa-Nules y Segorbe.Otros macroproyectos también como los dos previstos en el término de Chiva o varios en Orihuela de 179 y 150 megavatios, todos ellos con la Declaración de Impacto Medio Ambiental desfavorable.

Entre ellos varios previstos en el término de Villena. Los agricultores que ya habían firmado precontratos aseguran que lo único que pierden es contar con un ingreso seguro durante años, en el caso de los que han optado por el alquiler. El preacuerdo no suponía ningún compromiso para una y otra parte, salvo la señal adelantada por la promotora.

Según explica a LAS PROVINCIAS uno de estos agricultores, la parcela comprometida era de baja producción, cereal, principalmente. Había decidido no plantar no por el contrato que tenía con la empresa, sino por no hacer un gasto y una inversión que, según se ha visto, hubiera sido tirar dinero a la basura, porque la cosecha, debido a la sequía, hubiera sido de cero.Ahora se tendrán que replantear qué hacer con esos terrenos una vez descartada la opción de las fotovoltaicas.