Este cadáver huele a fraude

Intentar engañar al seguro está a la orden del día. Hace unos días la Policía Nacional arrestó a ocho personas en Alzira por simular haber sufrido atracos con sustracciones de dinero y teléfonos de alta gama para cobrar indemnizaciones. Las aseguradoras lo saben y dedican tiempo y recursos a investigar los casos que 'huelen' raro. La Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) estima que por cada euro invertido en investigar fraudes ahorra 48 a los clientes de las compañías. Y cuenta con un concurso anual que reconoce las investigaciones más audaces para desenmascarar a farsantes. En su última edición, cinco de los once intentos de fraude con premio en España tienen vínculos valencianos. Estos son cuatro de esos incidentes.

Una mujer contrata un seguro de vida con garantías ante invalidez absoluta. La asegurada padece un accidente de circulación en 2009 que le produce un esguince cervical, discopatía cervical y lumbalgia. Al cabo de un año, nuevo accidente y se ampara en un síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Después dice tener alteraciones de atención con deterioro cognitivo grave y acaba notificando a la aseguradora que ha recibido la gran invalidez por fibromialgia y fatiga crónica con trastornos cognitivos.

Pero la asesoría médica no lo ve nada claro. Comienzan las indagaciones y se descubre que tanto ella como su marido tienen deudas. Un detective descubre que la pareja ya no reside en Castellón. Se han mudado a Cambridge, donde se encuentran escolarizados sus hijos. Allí hace vida normal. Visita tiendas, realiza gestiones bancarias y habla inglés con fluidez.

A petición de la aseguradora, se someta a pruebas de especialistas en medicina legal. Según la patronal del seguro, los resultados que obtiene son tan bajos que corresponden, ya no a alguien con deterioro cognitivo grave, sino a una persona en coma. Es decir, «queda patente que está fingiendo» y se le deniega la indemnización. Actualmente, hay un procedimiento penal contra ella por posible delito de estafa.

Caso a caballo entre Alicante, El Salvador y Guatemala. La aseguradora recibe notificación de que uno de sus asegurados de vida ha fallecido. Pero llama la atención que el seguro había sido contratado sólo cuatro meses antes con cobertura de 100.000 euros. La causa de la muerte fue un disparo por arma de fuego y el cuerpo fue incinerado de forma casi inmediata. Comienzan las incongruencias. La beneficiaria declara que fue en El Salvador, cuando en la documentación consta que el crimen fue en Guatemala.

La reclamante entrega la foto de un cadáver que no guarda parecido con el supuesto fallecido cuando se compara con la del DNI en poder de la aseguradora. El asegurado tenía otra póliza de vida con otra aseguradora por el mismo capital y cobertura, también en fechas muy próximas. Al parecer, regentaba un bar en España y, al ir mal el negocio, decidió volver a América. La beneficiaria rehúsa entregar copia de la autopsia. Los pocos datos físicos del asegurado no parecen coincidir con el muerto: las caras son distintas, uno mide 1,68 centímetros y, el otro, 1,60. Uno tiene 34 años y el otro roza los 40.

Contactos consulares revelan dudas sobre la autenticidad de los papeles. Guatemala informa de que no hay registro alguno relacionado con el asegurado. Lo mismo sucede en El Salvador. La aseguradora rehúsa pagar la indemnización y la beneficiaria de los seguros interpone una demanda civil, pero la compañía responde con una demanda por estafa. Finalmente, la mujer se echa atrás con su litigio.

La investigación del ya célebre caso de manco de Nules, también ha sido objeto de reconocimiento. El hombre reclama a varias aseguradoras el pago de pólizas por incapacidad absoluta permanente. Realiza esta gestión pocas semanas después de haber sufrido un accidente de circulación en el que dice haber perdido una mano y antes de que el INSS le haya concedido la incapacidad. Alega que el sol le deslumbró mientras conducía entre Nules y Moncofar, creyó ver una sombra que tomó por un ciclista o un animal, dio un volantazo y se precipitó por un terraplén con la mala suerte de que una barra de hierro le amputó la mano. Según su versión, su coche ardió porque llevaba bidones con gasolina para tareas agrícolas.

La labor de un despacho de detectives y una reconstrucción de la Universitat de València concluye que el siniestro es simulado. La amputación es real, pero no cuadra con el accidente de tráfico. No hay marcas de derrape sobre el asfalto y la barra de hierro no pudo atravesar el parabrisas. Las pesquisas revelan que la víctima del accidente atravesaba problemas económicos.

Según las asesguradoras, el hombre se amputó la mano adrede, se hizo un torniquete, condujo hasta un lugar apartado, depositó su extremidad a los pies del asiento del conductor y prendió fuego al vehículo. Luego llamó al 112 y esperó la ayuda de los servicios de emergencia fumando un cigarro. El Tribunal Supremo lo condenó a tres años y seis meses de prisión por estafa y a devolver las indemnizaciones que llegó a percibir.

El asegurado llama a la compañía y dice haber sufrido una salida de carretera con su coche. Su narración de cómo el vehículo se ha golpeado en sus cuatro es inverosímil. Se contacta con la grúa que recogió el coche y se descubre que realizó el servicio un domingo, cuando la llamada de auxilio se produjo un jueves. Una inspección ocular del lugar del accidente reafirma las sospechas. El asegurado aporta un presupuesto de reparación con piezas nuevas por 22.000 euros. Tras el intento de engaño se destapa una trama con siete personas condenadas por defraudar 153.000 euros a sus seguros.