El cambio de Consell deja en el limbo una deuda de cuatro años con centenares de profesores

Los profesores que se convirtieron en funcionarios con plaza definitiva en el curso 2019-2020 tendrán que esperar más para que se salde la deuda salarial que mantiene con ellos el Consell. Para su desgracia ya están acostumbrados, pues llevan cuatro años a la expectativa debido a la lentitud de la administración autonómica. Si la demora ya es difícil de justificar, en las últimas semanas se ha conocido un hecho adicional que hace más rocambolesca la situación: la falta de información sobre la existencia de esta obligación de pago en el traspaso de carteras tras el cambio en la Generalitat.

El dinero pendiente se refiere a los trienios y sexenios, complementos retributivos que se consiguen con la antigüedad (el primero) y con la superación de cursos de formación continua (el segundo). Los afectados sí los pudieron percibir, en caso de cumplir los requisitos, mientras ejercieron como interinos, que es una condición muy habitual entre los nuevos docentes con plaza fija, pero la falta de un desarrollo normativo en la Comunitat les impidió hacerlo durante su año de prácticas, el que llega tras superar la oposición y que es previo a la adjudicación de su puesto definitivo. Una especie de paréntesis que se agranda más tras el incumplimiento del último compromiso que trasladó la conselleria, entonces dirigida por Raquel Tamarit. Ya no cobrarán la deuda en noviembre, sino el año que viene, aunque sin mayor concreción en cuanto al plazo.

Es difícil concretar a cuántos docentes afecta el impago, aunque pueden ser centenares teniendo en cuenta que en aquella oposición se convocaron más de 4.000 plazas de Secundaria y otros cuerpos. No todos los seleccionados habrían acumulado al menos tres años de servicios como interino para tener derecho al primer concepto, pero sí muchos considerando que lo habitual es que ocho de cada diez opositores que consiguen plaza fija han sido previamente profesionales temporales.

Sí se puede establecer la cifra mínima, 280, según la información que facilitó Educación en relación a las reclamaciones formales recibidas a petición del Síndic de Greuges, que en 2022 inició una investigación de oficio tras numerosas quejas de afectados. El dato sólo se refería a los que dieron el paso, pudiendo haber muchos más que prefirieran evitarlo o incluso desconocieran esta posibilidad.

En cuanto a la cuantía pendiente, va de los 45 euros mensuales para los que tuvieran un trienio a los 200 que deberían cobrar los que alcanzaran el primer sexenio, por poner un ejemplo que puede ser más o menos extendido.

El traspaso de carteras, que según Educación ya produjo problemas en otros ámbitos como las adjudicaciones de plazas de inicio de curso, está detrás del nuevo retraso. Al menos es la versión que defiende el equipo de José Antonio Rovira en la última resolución publicada por el Síndic de Greuges, que ha sido muy crítico con la administración, a la que ha acusado de inactividad a la hora de dar los pasos necesarios para saldar la deuda.

El problema viene de lejos. Exactamente desde 2010, cuando entró en vigor la Ley de la Función Pública Valenciana, que recogía el derecho de los docentes en prácticas a percibir los trienios y sexenios por una cuestión de sentido común: mismo trabajo, mismos derechos. También decía que para llevar a la práctica estos pagos se necesitaba un decreto concreto que les diera soporte jurídico. En 2021, otra ley sobre la misma materia que sustituía a la anterior, seguía manteniendo esta cautela. Dicho de otra forma, la normativa de desarrollo no se había redactado en once años. No llegaría hasta enero de 2023.

Entretanto el Botánico intentó buscar un parche ante la presión sindical, que cristalizó en un acuerdo rubricado 2021 que fijaba una compensación para estos docentes que cubriera al menos parte de los salarios pendientes. Sin embargo no se pudo llevar a la práctica por reparos de la Intervención ante la falta de seguridad jurídica de este concepto retributivo, por lo que la única solución pasaba por la aprobación del referido decreto, que además, por cuestiones de plazos administrativos, sólo podía cubrir con efectos retroactivos hasta el curso 2021-2022. Es decir, a partir de este ejercicio los funcionarios en prácticas han percibido, en teoría, los trienios y sexenios.

El problema por tanto se focaliza en los del 2019-2020, pues de cara al 2020-2021 no hubo oposiciones por la pandemia. La solución, que será la definitiva, fue 'colar' el pago en el decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, que incluía bonificaciones para la cesta de la compra y ayudas por hipotecas, entre otros conceptos.

En la penúltima resolución del Síndic sobre la cuestión la conselleria, pocos días antes de la entrada del equipo de Rovira el 28 de julio, alegó que se estaba preparando el borrador de resolución para poder materializar los pagos, pero debido al volumen de tareas asociadas al inicio del curso no se estimaba «poder realizarlos antes del mes de noviembre».

La última noticia que ha tenido el Defensor del Pueblo por parte de Educación está datada a 25 de septiembre, y resulta sorprendente. «Lamentablemente desconocemos cuándo podrá ser efectiva (la resolución)», se dice, ya desde el equipo de Rovira, porque en el «informe ejecutivo de traspaso de cartera, datado en julio de 2023, no existe ninguna referencia» a la cuestión, «por lo que no queda constancia de ninguna actuación, estado de tramitación, plazos a tener en cuenta u observaciones de los asuntos que incumben a este órgano superior y que pudieran requerir de nuestra atención directa e inmediata». En resumen, que nada se sabía del tema porque no se informó del mismo.

Sin embargo, algo se ha podido avanzar. Al menos de palabra. En una de las últimas mesas de negociación con los sindicatos, según explican fuentes del STEPV, se comentó que la cuantía, ya contabilizada, se trasladaría a los presupuestos de 2024 para su abono. «Ahora falta que el compromiso se lleve a la práctica de una vez. Desde la organización estaremos vigilantes para que los pagos lleguen cuanto antes», añaden desde el sindicato.

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