Los cambios en la selectividad que prometió el Gobierno siguen en el aire

El anuncio de la ministra de Educación Isabel Celaá de revisar aspectos de la selectividad para que sea una prueba lo más homogénea posible entre las autonomías, evitando desigualdades, no pasará de una mera declaración de intenciones. Al menos para este curso. Y es que la iniciativa, dada a conocer en junio de 2019 tras la oleada de quejas del alumnado valenciano en relación al examen de Matemáticas II, sigue sin concretarse. Es más, la comisión técnica que debe evaluar las posibles diferencias y las soluciones no se ha constituido a falta de cuatro meses para que llegue la próxima convocatoria, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS.

El grupo de trabajo, según informó el Gobierno el pasado octubre, debe reunir a representantes de las comunidades, de la Conferencia de Rectores (Crue), de los ministerios con competencias en la materia y de la Coordinadora de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup).

Aunque se descartó la opción de una prueba única para todo el territorio –los temarios y contenidos difieren en cada comunidad– se pretende revisar los criterios de corrección y analizar si es posible acercar los niveles de dificultad de los exámenes para que el acceso a la universidad sea lo más equitativo posible. Al menos en relación a las materias comunes del alumnado.

Cabe recordar que en España hay distrito universitario único, que significa que cualquier estudiante, con su calificación de selectividad y su nota de Bachillerato, puede optar a cualquier plaza independientemente de la región donde haya estudiado. Y la existencia de diferentes criterios en la elaboración o corrección de las pruebas puede implicar el quedarse fuera de la carrera que se desea en favor de alumnos evaluados con otros parámetros.

No sólo sucede en comunidades como Galicia o Castilla y León, que llevan años reclamando una selectividad única, sino que también se ha dado en la Comunitat. Por ejemplo, este año se ha reducido el volumen de estudiantes valencianos que han conseguido plaza en Medicina en favor de compañeros de fuera de la autonomía, realidad en la que seguro influyó el examen de Matemáticas II al que tuvieron que enfrentarse los aspirantes, que fue especialmente complejo y largo y cosechó la peor nota media de la última década.

Además, recurriendo a un ejemplo planteado por la ministra en junio, el diferente criterio para penalizar las faltas de ortografía exige más a los alumnos valencianos, pues los criterios elaborados por los especialistas en la materia de Lengua Castellana son más restrictivos que en la mayoría de autonomías. Y no se puede olvidar que la diferencia entre entrar o no en un grado especialmente demandado es cuestión de décimas.

Tal y como informaron ayer fuentes de la Creup, que pidió su inclusión en la comisión técnica del ministerio y cuya solicitud fue aceptada, todavía no han sido citados a ningún encuentro. La última noticia que tuvieron se produjo el 9 de enero, en una reunión con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, que les informó de que primero las autonomías debían nombrar a sus delegados. Por su parte, fuentes de la Conselleria de Universidades explicaron que aún no han sido citados a ninguna reunión de la comisión. 

Aunque LAS PROVINCIAS preguntó al Ministerio de Educación sobre el estado de este grupo de trabajo y sobre si se descartaba llegar a tiempo para la próxima selectividad –en octubre la intención era conseguirlo– no obtuvo respuesta. El lunes, la ministra Celaá se escudó en que durante ocho meses no se ha podido trabajar por estar el Ejecutivo en funciones y dijo que se ha iniciado un diálogo con las universidades para «identificar aspectos susceptibles de mejora y criterios que permitieran un mayor acercamiento y equidad en los criterios» de la prueba.