El rector de la Politècnica de València alerta de que la nueva ley fomenta la politización de las universidades

El trámite parlamentario de la ley no ha estado exento de polémica, como la presentación de una enmienda por parte del ERC y Bildu que planteaba que los claustros universitarios, principales órganos de participación de la comunidad universitaria, pudieran emitir pronunciamientos políticos, como los que han derivado en varias condenas en Cataluña y en los que se pedía libertad para los políticos encarcelados tras el 1-0.

Al final el articulado -que previsiblemente aprobará el Senado en marzo- incluye que entre sus funciones estará el análisis y debate de aspectos de especial trascendencia, lo que ha provocado una cascada de reacciones considerando que en la práctica se rompe el principio de neutralidad ideológica de las instituciones, al abrir sus puertas a los posicionamientos de carácter político. Ha habido desde cartas abiertas firmadas por centenares de docentes hasta críticas feroces de rectores y ex rectores. Este miércoles se sumó a ellas el máximo representante de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Capilla.

«Personalmente me he mostrado muy crítico y preocupado en relación a la ley. Nos obligará a importantes esfuerzos para adaptar nuestros estatutos, y el compromiso de llegar al 1% de PIB en inversión universitaria es papel mojado», empezó diciendo, en el sentido de que la reducción de la temporalidad docente hasta el 8% implica inversiones en materia de estabilización del personal, una inquietud que comparten el resto de rectores y rectoras valencianos y que hasta el momento no se han concretado. De hecho Capilla señaló que hay «riesgo cierto de no poder cumplir la LOSU si el aspecto económico no lo permite».

En cuanto al efecto de la polémica enmienda, dijo compartir las reflexiones del expresidente de la CRUE o del rector de la Universidad de Salamanca, que han sido especialmente críticos en los últimos días. «Creo que esta ley tienen cosas peligrosas para la universidad, y en el trámite parlamentario han entrado cosas más peligrosas todavía, como la posibilidad de que los claustros puedan expresar pronunciamientos políticos», señaló. «Me parece muy peligroso porque puede contaminar los procesos electorales que se producen en las universidades, y porque somos entidades abiertas en las que caben todas las ideas y que siempre deben colaborar con el gobierno y con la ciudadanía», sentenció.

Capilla se pronunció en estos términos tras el acto de traspaso de la portavocía de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (CRUPV), que pasa a ostentar tras cederle el testigo Amparo Navarro, su homóloga en la Universidad de Alicante. Eso sí, dejó bien claro que hablaba a título personal, no como portavoz. Los otros cuatro rectores y rectoras, que estaban presentes, prefirieron no pronunciarse. Ni en un sentido ni en otro.

Por contra sí coincidieron en que la entrada en vigor de la nueva ley orgánica será uno de los retos de los próximos meses, pues su aprobación dará el pistoletazo de salida a una cascada de modificaciones normativas no sólo a nivel estatal (como reales decreto de desarrollo) sino también autonómico. Capilla dijo que seguramente se tendrá que modificar la ley que regula los consejos sociales o la que se refiere al sistema universitario valenciano. Y sobre todo será necesario modificar los estatutos de las instituciones académicas para introducir los cambios legales, algunos de especial calado como los que afectan a la elección del rector o rectora, pues ya no se exigirá que sea catedrático de universidad. Aunque el plazo marcado es de dos años el máximo representante de la UPV especuló con la interrupción en el proceso que pueden suponer las próximas citas electorales.

También salieron a colación las negociaciones del plan de financiación plurianual pocos días después de las críticas del propio Capilla a la propuesta de la Generalitat, pues consideró que había que dar más peso en el reparto de los fondos a la labor investigadora. Durante el acto mantuvo un perfil menos reivindicativo, aunque también soltó alguna 'chinita'.

«El reto es conseguir acordar un plan moderno, que no será perfecto para nadie pero sí nos debe guiar en los objetivos a alcanzar. Están cambiando las maneras de enseñar y la oferta académica, sin olvidar la exigencia que se nos plantea de investigar y transferir», dijo, con toda la intención y a sabiendas de que en los otros cuatro centros la propuesta inicial no ha sido mal vista. Incluso se ha llegado a plantear dar más importancia a la labor de docencia en detrimento de la investigadora.

Por su parte, Amparo Navarro se refirió en su intervención a una de las cuestiones que se han podido cerrar durante su mandato al frente de la CRUPV, como la modificación de decreto de retribuciones del personal laboral que permitirá aplicar las mejoras salariales prometidas en 2019 al profesorado más precario, como los asociados, que también están en huelga indefinida. La rectora de la Universidad de Alicante dijo que la aprobación del cambio legislativo será «inminente».