Cinco años de obras paradas

Abra su navegador con mapa en vía satélite, sitúese en Siete Aguas, baje la vista ligeramente hacia el sur. Allí, en el Barranco de los Manzanos y cerca de la A-3, se topará con una gigantesco espacio rectangular formado por largos caminos de tierra y unas pocas moles de cemento. Eso es la cárcel de Siete Aguas. O mejor dicho, lo que iba a ser la cárcel de Siete Aguas y ahora todavía no se sabe muy bien qué va a ser. Tampoco cuánto ni cuando progresará.

El proyecto que vio la luz en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero para un teórico alivio de la cárcel de Picassent inicia un nuevo año en la estacada una década después de que se concibiera y tras cinco años con las obras paralizadas.

¿Qué va a pasar con esta megaestructura penitenciaria? Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, la respuesta está aún por concretar. «La Secretaría General ha encargado un proyecto a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) sobre las necesidades penitenciarias de la zona de Levante», explica el organismo gubernamental. En este contexto, Instituciones Penitenciarias «ha pedido a SIEPSE que intente aprovechar la inversión en las obras de Siete Aguas realizadas hasta ahora».

A pesar de las consulta de este diario, el Gobierno no puntualiza si la intención es seguir adelante con el proyecto con la magnitud prevista inicialmente o lo que quiere decir es que se acabe con lo construido hasta ahora y punto final. «Hay un proyecto encargado y en eso se está», agregaron las fuentes.

Para entender el asunto en su debido contexto es preciso viajar hasta el año 2010. En ese año fueron proyectadas y adjudicadas las obras por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la UTE de Sacyr-Indra. El objetivo era la construcción del que sería el futuro centro penitenciario Levante II y que contaría con una capacidad para 1.194 internos, con más de un millar de celdas distribuidas en diez módulos residenciales, cuatro de mujeres y cuatro polivalentes. Pero en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy dejó de presupuestar partidas para continuar las obras, circunstancia que se mantiene hasta hoy y sin previsión de una fecha para que se retome la construcción.

Cuatro años después de la paralización, en julio de 2018, el diputado de Esquerra Unida Ricardo Sixto preguntó al Gobierno de Sánchez por la situación de las obras . En concreto, consultaba por escrito por los motivos de la paralización de las obras y quería saber igualmente si se iban a reemprender, cuándo y cuáles eran las previsiones para acabar la infraestructura.

La respuesta que recibió explicaba, a grandes rasgos, que el Gobierno tenía que estudiar la situación creada e intentar resolver «esta anómala circunstancia y desconoce los motivos de su paralización».

Segunda cuestión clave: ¿Cuánto dinero se ha lanzado de momento en forma de cemento y vigas a esa gran explanada de Siete Aguas? El Ejecutivo socialista indicaba que de los más de 89 millones presupuestados para la obra hasta esa fecha (y no ha habido avances) se habían realizado trabajos por valor de 14,5 millones.

Pero eso es sólo en concepto de edificación. Hay que sumar un gasto que se mantiene, según funcionarios penitenciarios consultados, y corresponde a las partidas para vigilar las obras y evitar saqueos. Y ya van cinco en los que hay que vigilar la agujereada e inconclusa masa de cemento en la que nada sucede. Ni hay presos ni hay obras. Vigilantes del vacío. Por si acaso.

El mantenimiento de esa vigilancia da a entender, según los sindicatos consultados, que «algo querrá hacer el Gobierno, pero no sabemos qué». Se llegó a publicar la posibilidad de que fuera un psiquiátrico penitenciario en lugar de una cárcel en sentido estricto, pero Instituciones Penitenciarias tampoco aclara este punto.

Todo está sujeto a ese proyecto encargado ahora sobre las necesidades penitenciarias de la Comunitat que al fin defina el futuro. Eso y que la inyección económica para aprovechar lo construido se materialice de una vez por todas.

Entre quienes más anhelan que la cárcel de Siete Aguas se haga al fin realidad están los funcionarios de prisiones. Sus sindicatos han denunciado, en reiteradas ocasiones, la «grave saturación» que padece la cárcel valenciana en comparación con otros centros de España.

El sindicato CSI-F ya consideró, a preguntas de este diario, que la ejecución de las obras es «vital» ante «el número de internos de Picassent». Similar inquietud percibe hoy la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). La construcción de Valencia II es «fundamental para la seguridad de funcionarios y presos», lleva años insistiendo su portavoz, Alberto Téllez. «Podría asumir muchos reclusos de Picassent, pero también de otras prisiones de la región que padecen saturación... «Sin embargo», lamenta, «nunca avanza y en este momento todavía no tenemos noticias sobre su continuidad».

Para ACAIP la mayor urgencia sería que Siete Aguas asumiera los presos de Primer Grado de Picassent. Como denuncian, la actual cárcel «no reúne las condiciones arquitectónicas adecuadas para albergarlos y son los que producen el mayor número de incidentes».

Si finalmente la cárcel de Siete Aguas asumirá ese cometido es aún un misterio. Desde ACAIP también constataron que los gastos en vigilancia preventiva de la estructura edificada continúan. «Al fin y al cabo es un chorreo de dinero que estamos pagando todos, por lo que sería coherente que hubiera avances cuanto antes para que no se genere un mayor despilfarro». Esos seis bloques de cemento de Siete Aguas siguen en la estacada, allí, en un barranco de Siete Aguas.