El caso Carrascosa, un litigio con sentencias contradictorias por la custodia de una menor

María José Carrascosa era una mujer de éxito en Estados Unidos. Conoció a su marido en un chat de internet a finales de los 90. Entonces no era tan frecuente iniciar un romance en la red, pero el noviazgo fructificó a velocidad de vértigo. Al cabo de tres meses se casaron en Buñol. Ella estaba embarazada, según confesó su hermana, Victoria Carrascosa, años más tarde. Tras el enlace la pareja regresó a EE UU.

Los problemas no tardaron en aparecer en la idílica pareja. Decidieron romper su matrimonio a finales de 2004. Un acuerdo privado entre las partes establecía el régimen de visitas: la custodia para la madre y fines de semanas alternos para el padre. María José regresó a España con su hija sin la autorización de su ex Peter Innes. En Valencia acudió a la Justicia y tanto el juzgado de primera Instancia como la Audiencia de Valencia le dieron la razón en 2006. La guarda y custodia quedaba en manos de la valenciana. Además, Carrascosa denunció a su marido por maltrato. También aseguraba que la había envenenado. Todas estas denuncias judiciales se archivaron, según explicaron los abogados de Innes en España.

El estadounidense, lejos de desistir en su empeño, recurrió a la justicia de su país. Allí, la decisión del juez fue radicalmente diferente al fallo español. El juez sostenían que la valenciana había secuestrado a su hija. La situación en aquel año (2006) resultaba tremendamente complicada. Dos sentencias contradictorias de países diferentes. Carrascosa regresó a EE UU ese mismo año. Nunca imaginó el calvario que le aguardaba. Ella quería retomar su trabajo. Sin embargo, tras pisar suelo americano se le retiró el pasaporte. La autoridad judicial le concedió un plazo de diez días para que devolviera a la menor.

Esa condición resultaba innegociable para la valenciana. Tenía miedo de que su marido se acercara a la pequeña. Finalmente, en 2009, un jurado popular la condenó a 14 años de cárcel por desacato (no entregó a su hija) y por diferentes delitos de interferencia en la custodia de su hija. El juicio contra Carrascosa quedó visto para sentencia el 10 de noviembre de 2009, después de que declarara ante un jurado para pedir su libertad y la custodia de la menor. La fiscal acusó a la valenciana de no cumplir con la jurisdicción estadounidense, y ella alegó, por su parte, haber actuado siempre de acuerdo a la legislación española.

Carrascosa podría haber salido mucho antes de prisión si hubiera entregado a la pequeña. Así se lo dijo el propio juez que le impuso el castigo. Ella siempre argumentó que no podía cumplir con esa orden porque el pasaporte de la pequeña estaba custodiado por la Audiencia de Valencia hasta que cumpliera los 18 años.

Otras fuentes judiciales explicaron en su día que esta posibilidad sí era viable. Pero ella siempre se negó. Esta cuestión resultaba irrenunciable para la valenciana. El padre de la menor mostró su predisposición a solucionar el conflicto de forma amistosa, aunque exigía volver a ver a su hija en EE UU y que Carrascosa retirara las numerosas denuncias contra él.

Se negoció incluso un acuerdo extrajudicial en La Haya antes del juicio. El pacto tenía el visto bueno de Innes pero, de nuevo, la letrada lo rechazó. Los intentos de lograr una solución dialogada se han sucedido antes y después del juicio con idéntico resultado.

El padre aseguró que se había gastado cerca de un millón de euros para proporcionar a su hija la mejor defensa posible. María José también denunció agresiones en prisión. Aseguró que fue torturada por una vigilante que mantenía relación con su exmarido. Un sacerdote español y responsable de una congregación, Antonio Álvarez, la visitaba en la penitenciaría y le facilitó una vivienda cuando obtuvo la libertad condicional.