Las carreras universitarias costarán cien euros menos el curso que viene

La consellera de Universidades, Josefina Bueno, ha explicado a través de un comunciado que seguirán impulsando medidas «encaminadas a facilitar el acceso a la universidad al mayor número de personas posible», incidiendo además en que la rebaja beneficia a la todalidad de los estudiantes de las universidades públicas. Además se ha comprometido a seguir avanzando en la política de becas y a mejorar la gestión de las mismas. Uno de los problemas habituales que denuncian los alumnos son los retrasos en la tramitación, de manera que el estudiante sabe si se le ha concedido la ayuda con el curso ya vencido.

En cuanto a la disminución concreta, hay que tener en cuenta que el precio de las carreras varía en funcion de su nivel de experimentalidad, siendo las más caras las de Ciencias de la Salud y las más económicas las vinculadas con las Ciencias Sociales y las Humanidades. A la espera de saber cómo queda el decreto que fija los precios públicos universitarios, que se publica bien entrado el verano, seguro que habrá casos en los que el ahorro supere los cien euros y otros en los que no se llegue a esta cifra.

Desde 2017 el Consell del Botánico ha ido reduciendo de manera progresiva los costes de matrícula, alcanzando hasta 2022 una minoración media del 20%. Sumada al nuevo 10% para el curso que viene, permite situar los costes en los niveles del curso 2011-2012.

La reducción era esperada, pues en 2020 la conselleria acordó con el Ministerio de Universidades un plan para bajar las tasas de forma escalonada hasta alcanzar el citado objetivo.

En los últimos dos cursos sólo se revisaron los precios de determinados títulos (primero los más caros y después los más asequibles, alrededor de un 5%). Por contra, el anuncio de este jueves incluye toda la oferta de grados de la red pública. Eso sí, siempre hablando de primeras matrículas, no de las renovaciones que se tienen que realizar en caso de suspender una asignatura, que incluyen importantes recargos.

En plena crisis económica, el Gobierno del PP permitió a las autonomías aplicar un acusado incremento de los precios públicos de las carreras a través del conocido como decreto Wert. La Comunitat valenciana fue a máximos, con un incremento del 30% en las primeras matrículas que se impuso de un curso para otro, del 2011-2012 al 2012-2013.

Años después del cambio de Gobierno el Ministerio de Universidades, entonces dirigido por Manuel Castells, impulsó el acuerdo para que las comunidades volvieran al punto de partida, ya fuera de golpe o de manera progresiva.

La aplicación del decreto ley recién aprobado incluye una derivada más. El dinero que dejan de pagar las familias vía matrículas tiene que ser compensado a las universidades por parte de la administración. Al menos así se ha hecho en las reducciones progresivas de los últimos años para evitar que los centros perdieran importantes ingresos.

La bajada del curso que viene es más acusada, lo que obligará a hacer un esfuerzo presupuestario superior que coincidirá con la aplicación del nuevo modelo de financiación universitaria, cuya entrada en vigor se ha prometido para el año que viene. Y este, desde el punto de vista de las universidades, debe incluir una mejora de las transferencias ordinarias que se realizan actualmente, y no sólo la creación de nuevos criterios de reparto. En resumen, los presupuestos de la Generalitat para 2023 deberán cambiar (a mejor) de manera sustancial.

Por su parte, el conseller de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que el decreto ley beneficiará a más de 1,3 millones de valencianos. En este sentido la medida, incluida en el plan Reactiva del Consell, supondrá un ahorro para familias y empresas cercano a los 30 millones de euros.

«La prolongaremos hasta el 31 de diciembre de 2022, y pretendemos amortiguar el incremento de los costes energéticos, hidrocarburos y de la inflación a la que se enfrenta en este momento la economía valenciana, aliviando las cargas económicas» ha dicho España.