Las carreteras autonómicas necesitan 600 millones para frenar su deterioro

«Los estándares de seguridad de las carreteras no pueden verse afectados por un mantenimiento insuficiente y mal dotado». Es una de las conclusiones incluidas en el noveno Congreso de Seguridad Vial celebrado en Valencia esta semana -con participación de más de 200 expertos de toda España- y organizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), que cifró el año pasado en 7.000 millones el déficit de inversión en conservación que arrastraban las carreteras españolas.

Esta entidad, junto con la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico (Aesleme) y la Fundación Mapfre, presentó este viernes un plan con 80 medidas dirigidas a mejorar las carreteras y reducir la siniestralidad y los accidentes mortales (271 fallecidos en lo que va de año, 26 de ellos en la Comunitat Valenciana). Al mismo tiempo, reclamaban un pacto de Estado por la seguridad vial en el que se impliquen todos los partidos políticos, a los que pidieron incluir acciones concretas en sus programas electorales.

Entre las 80 actuaciones recogidas en el documento presentado por las tres entidades se incluye la necesidad de aumentar la partida anual dedicada a conservación y mantenimiento contemplada en los Presupuestos Generales del Estado hasta los 300 millones. Una cifra que, en el caso de las carreteras dependientes de las comunidades autonómicas y diputaciones, se eleva hasta los 600 millones anuales. Además, para frenar el deterioro que sufre esta red viaria, esa cantidad debería mantenerse durante, al menos, ocho años, según los cálculos realizados por la AEC.

El informe también plantea como prioridades para las administraciones la creación de un plan específico de seguridad vial en las carreteras convencionales, ya que por ellas circula aproximadamente el 40% del tráfico del país y registran el 75% de los accidentes y fallecidos. Por ejemplo, según la AEC, si se actuara sobre 1.120 kilómetros de la red convencional, se podrían evitar casi 70 muertos y más de 200 heridos en tres años.

O que se dote de suficientes recursos humanos, tecnológicos y financieros a la Unidad Central de Seguridad Vial del ministerio y que se creen homólogas en cada autonomía y en cada demarcación de carreteras (organismo dependiente de Fomento).

Las tres organizaciones solicitan en el documento de las 80 medidas la creación de un marco normativo que permita corregir, «con carácter urgente», los tramos peligrosos, es decir, aquellos donde se concentran más accidentes (N-340 o N-332), así como poner en marcha un programa de las llamadas 'carreteras que perdonan'. A su juicio, este tipo de viales (con arcenes sin obstáculos, cunetas suavizadas, etc.) contribuyen a reducir la siniestralidad por salida de vía, causa por la que fallecen cuatro de cada diez personas que sufren un accidente.

Ámbitos como la sanidad, la educación o la formación se han incluido en el documento. Por ejemplo, se plantea «que se reconsideren los protocolos de exámenes psicotécnicos para conductores a partir de una edad (70 o más años), pudiendo proponerse como resultado de dicha revisión un estudio más exhaustivo de las limitaciones de la persona»; o que se promueva una ley educativa que recoja la educación vial como asignatura.

En materia de justicia, reclaman agilidad en los procedimientos judiciales y la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procesos penales por accidentes con fallecidos o heridos graves.

La movilidad urbana también figura en el informe. Aquí se solicita que los usuarios de patinetes circulen por calles calmadas (con velocidad a 30 km/h) y fuera de las aceras.