Los casos de amenazas y los problemas de salud mental se disparan en el profesorado valenciano

El balance autonómico, facilitado este miércoles y referido al curso 2022-2023, acredita que han crecido las comunicaciones relacionadas con denuncias de familias, falsas acusaciones (de padres y de alumnos), casos de acoso y faltas de respeto hacia los profesionales. Pero quizá lo más preocupante es el aspecto cuantitativo, como explica Laureano Bárcena, presidente del sindicado en la Comunitat. «En los últimos años hemos detectado que la gravedad de los hechos planteados va en aumento, hasta el punto de que situaciones que sí nos llegaban cuando empezó a funcionar el servicio (en 2005), y por tanto eran motivo de alarma, ahora dejan de comunicarse. Como si se asumieran o incluso se normalizaran», reflexiona.

El aumento de las patologías que padecen los profesores como consecuencia de la conflictividad, especialmente la ansiedad, es otra de las conclusiones del informe, de ahí que el sindicato abogue por aplicar medidas que ayuden a mejorar el clima escolar (más medios) y que contribuyan a que la autoridad del profesorado sea real y no sólo una declaración de intenciones recogida en la ley.

Los profesionales que contactan con el servicio reciben apoyo y asesoramiento sobre cómo proceder ante situaciones de conflictividad de todo tipo: con la administración, el centro, los compañeros, las familias o los estudiantes. Por etapas, las intervenciones se mantienen en cifras similares a las del curso pasado con un ligero incremento en Secundaria y Bachillerato, los niveles donde se concentran los problemas (47,6% del total). Como novedad, en esta edición se han recogido casos procedentes de la universidad.

El informe ordena las consultas por tipologías, y es habitual que en una se informe de varias problemáticas, de ahí que los porcentajes rebasen el 100%. Las más repetidas (57,1% de los casos), tienen que ver con falsas acusaciones de alumnos o familias hacia el docente, como supuestas malas praxis, acusaciones exageradas (como que les tienen manía) o manipulación de evidencias. No sólo es un problema llamativo por su volumen, sino porque esta casuística, en el curso 2021-2022, no llegaba al 12%.

Le siguen las quejas porque no se aplica el decreto de convivencia tras un conflicto (28,6% frente al 7,14% del ejercicio anterior), lo que no deja de ser llamativo al ser el instrumento normativo para intervenir ante cualquier problema; los enfrentamientos con los padres (23,8%, sin que se registraran casos hace un año); las faltas de respeto (14,3%-11,9%) y las amenazas y el acoso de los alumnos (13% frente al 9,5%).

También son preocupantes las ausencias. Por ejemplo, el año pasado aparecían tipologías que se pueden considerar más leves, como los problemas para dar clase o con la administración, que además eran las mayoritarias junto a las faltas de respeto. Un ejemplo de la evolución cualitativa a la que se refería Bárcena.

El sindicato también destaca que se ha producido un «brusco incremento» de profesores que sufren ansiedad: el 94% de los casos frente al 31% del ejercicio anterior, mientras que el 6% ha informado de episodios de depresión. En el 2021-2022, además, el 54% dijo que la experiencia vivida le había provocado preocupación y decaimiento sin ansiedad, un estado más leve que ya no aparece en el nuevo balance. «Esta situación supone un agravamiento de las consecuencias a nivel de salud mental», añade el presidente.

Para reconducir la situación ANPE CV reclama, por un lado, una mayor dotación de personal (sobre todo especialistas para la atención de la diversidad y los casos más graves de conducta) y una bajada generalizada de las ratios que facilite la atención del alumnado. Por el otro, exige «una implementación efectiva» de la Ley de Autoridad del Profesorado, pues su desarrollo «puede actuar como elemento disuasorio contra los comportamientos inapropiados y al mismo tiempo, empoderar a los profesores para mantener un entorno seguro y respetuoso».

«Necesitamos procedimientos eficaces que contribuyan a la prevención. No tiene mucho sentido que para casos muy graves la instrucción de un expediente se dilate en el tiempo y requiera de un exceso de burocracia, lo que al final provoca que deje de ser una herramienta válida a la hora de reparar el daño», ejemplifica Bárcena.