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El Ayuntamiento de Catarroja celebró este viernes el segundo pleno tras la catastrófica riada que asoló el municipio el pasado 29 de octubre. La convocatoria ... extraordinaria llegó apenas una semana después de la ordinaria, que estuvo marcada por las tensas intervenciones y los reproches hacia la alcaldesa, Lorena Silvent, por parte de los vecinos que asistieron al Consistorio. Lo mismo ha sucedido en citas similares celebradas en otras localidades devastadas, como Paiporta o Alfafar.
El pleno fue bien distinto en esta ocasión, pues no acudió ningún residente, una situación en la que influyó la hora de la convocatoria, a las ocho de la mañana de un día laborable, aunque hay que destacar que nada impedía acudir como público. Sólo la prensa y miembros del equipo de Alcaldía estaban presentes en las butacas de asistentes, y en el acceso exterior varios agentes de la Policía Local controlaban la entrada, sin mayor novedad.
La sesión, la última del año, fue extraordinaria ante la necesidad de llegar a tiempo de aprobar -por unanimidad- la suspensión de diferentes ordenanzas fiscales con efectos desde el 1 de enero de 2025. La medida persigue liberar de cargas económicas a vecinos, empresas y autónomos, permitiendo evitar el abono de las tasas de vados (1.900 titulares), de instalación de mesas y sillas (120 negocios), por tramitación de licencias urbanísticas y para realización de obras, por la ocupación de la vía pública en casos no recogidos en otras normativas de ámbito municipal (unas 400 tramitaciones) y de las relacionadas con el mercado.
La suspensión tendrá una vigencia de un año e implicará que las arcas del municipio dejen de percibir alrededor de 720.000 euros, tomando como referencia las tasas recaudadas en 2024. En realidad la cuantía será superior, pues las peticiones para realizar obras en casas y locales se van a incrementar atendiendo al nivel de destrucción de Catarroja. Silvent explicó que se ha solicitado al Estado que cubra este descubierto, así como la compensación por las exenciones en el pago del IBI y el IAE, derivadas de un real decreto estatal.
El pleno también aprobó una moción presentada por el PP para instar al Gobierno a suspender las reglas fiscales entre 2024 y 2028 en las entidades locales y diputaciones de zonas afectadas por la dana. Además, salió adelante la adhesión a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que insta al Ejecutivo a adoptar una serie de medidas para agilizar la reconstrucción, como extender la exención del IBI y el IAE a todo 2025, un plan de inversiones, facilidades de carácter presupuestario y de endeudamiento y mejoras en las ayudas directas a hogares, empresas y autónomos.
Antes de levantar la sesión Silvent se dirigió al público dando la oportunidad de trasladar preguntas, un guiño llamativo a sabiendas de que no había vecinos en el edificio. Sólo se les empezó a ver por el Consistorio una vez terminado el pleno, aunque estaban a otros menesteres: hacían cola para gestiones municipales y para dirigirse a la oficina de asistencia a afectados.
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