La Católica pedirá que se ejecute la sentencia si Sanidad mantiene el veto en las prácticas

La Universidad Católica de Valencia baraja solicitar la ejecución provisional de la sentencia del TSJCV que reconoce su derecho a firmar convenios con la administración autonómica para que sus alumnos de Ciencias de la Salud puedan hacer prácticas en hospitales públicos. El paso se dará en el caso de que desde el Consell se opte por recurrir el fallo ante el Supremo, una medida que implicaría dilatar la efectividad de la resolución, pues habría que esperar a que el alto tribunal decidiera sobre su admisión y al posterior pronunciamiento. En el peor de los casos, según fuentes jurídicas, la decisión final podría prolongarse hasta un par de años.

Así lo explicaron varias fuentes de la institución consultadas por este periódico, que insistieron en que de esta forma se garantizaría que sus estudiantes recibieran lo antes posible la misma formación que sus homólogos de las universidades públicas, cumpliendo así una premisa repetida desde la cúpula de la universidad: salvaguardar sus derechos. Eso sí, las citadas fuentes confiaron en que no haga falta llegar al punto de pedir la ejecución, recogiendo el sentir trasladado por el rector José Manuel Pagán, que el lunes abogaba por el diálogo y por una «ejecución pacífica» del fallo.

La demora en su efectividad podría implicar que no se dispone de las plazas en hospitales públicos de cara al curso que viene, lo que interferiría en su planificación. De ahí que el plan B -la ejecución provisional- esté ya esbozado. Cabe recordar que el TSJCV ha ordenado a Sanidad que acometa «cuantas actuaciones sean necesarias para llevar a efecto dicho derecho, que deberá realizarse en un plazo de cuatro meses». En otras palabras, si no hay recurso de casación, los convenios deberían estar firmados en enero.

A nivel oficial, desde la universidad ni confirmaron ni desmintieron la posibilidad de solicitar la ejecución del fallo del TSJCV, insistiendo en que se debe abrir la «vía del diálogo» con la administración creando «el correspondiente clima de entendimiento». En este sentido destacaron que la postura de la institución pasa ahora mismo por «encontrar una solución extrajudicial».

A estas alturas del partido la pelota está en el tejado del Consell, que hasta ayer no había decidido qué hacer con el fallo. Fuentes del departamento que dirige Ana Barceló consultadas por LAS PROVINCIAS señalaron que aún no podían informar sobre qué pasos se darán. El lunes no habían recibido todavía la notificación de la sentencia, que sí había llegado a los servicios jurídicos de la Universidad Católica. Según pudo saber este periódico, los primeros contactos al más alto nivel para hallar una solución ya se han producido por vía telefónica.

Fuentes de la institución académica explicaron ayer que son algo más de 420 los estudiantes por curso que se encuentran afectados por la exclusión de las prácticas sanitarias en la red pública, 300 de ellos de Enfermería y 120 de Medicina. Dicho de otro modo, son los potenciales beneficiados de la sentencia.

Cabe recordar que el fallo llegó tras un recurso presentado por la universidad después de que Sanidad desestimara la firma de un convenio de cooperación solicitado en julio de 2016, poco después de anunciarse que los estudiantes de las privadas ya no podrían realizar sus prácticas curriculares en la red asistencial pública. El TSJCV desestimó los argumentos de la administración, y a su juicio, firmar convenios para permitir su acceso no incumple la ley de incompatibilidades del personal sanitario ni contraviene el real decreto estatal que las regula.

Actualmente el TSJCV está pendiente de resolver otro recurso similar presentado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, que también se vio afectada por la exclusión. Fuentes jurídicas explicaron que la resolución conocida el lunes les hace albergar esperanzas de que se llegue a un pronunciamiento similar.