Celaá da carpetazo a las cotizaciones por prácticas al perjudicar al alumno

La ministra de Educación, Isabel Celaá, certificó ayer la defunción de las cotizaciones por la realización de prácticas educativas. Fue durante su intervención en la comisión del Congreso de los Diputados. En ella, Celaá afirmó rotunda que el Gobierno no permitirá ninguna medida -como la planteada por el Ministerio de Trabajo- si ello es perjudicial para el sistema educativo, y aseguró que «buscará una salida» a esta cuestión.

«Pueden estar seguros de que el Gobierno no va a permitir que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades», según Celaá

La titular de Educación insistió en que la medida de Trabajo está en fase de desarrollo normativo, puede ser modificada a través de enmiendas y que ella va a «remar en la corrección de esta medida».

Tanto la propia Celaá como otros miembros del Gobierno, entre ellos el de Ciencia, Pedro Duque, habían matizado el contenido del decreto elaborado por el Ministerio de Trabajo que incluía esta medida.

La ministra de Educación compareció ayer en la comisión del Congreso a petición del PP para que explicara los efectos del decreto para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y empleo.

Esta medida «no puede nunca generar perturbación en el sistema y no conseguir su mejora», recalcó Celaá, además de responder al PP que sin conocer el desarrollo normativo, «no se puede cuantificar, ni siquiera por aproximación» el importe o la cuantía de esa futura cotización de las prácticas.

Para la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, se ha producido una «descoordinación tremenda» dentro del propio Gobierno con este tema y aseguró que puede afectar a medio millón de estudiantes.

Una cifra que, según Moneo, equivale al dato conocido el lunes de casi 600.000 afiliados menos a la Seguridad Social en enero; «no me gustaría pensar que esta es la razón exclusiva» por la que se ha adoptado una medida que crea «tensión» en comunidades autónomas, centros educativos y empresarios, indicó.

Celaá se refirió especialmente a la oferta de prácticas académicas no universitarias, es decir, a las que afectan a la Formación Profesional (FP) de grado medio y superior pues lo referente a las prácticas universitarias implica al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que está previsto que se reúna hoy con Trabajo, los rectores de la CRUE y los universitarios para tratar el tema.

«Es importante reflexionar sobre las consecuencias del posible desarrollo del real decreto y que no supongan desincentivación de la participación del sector productivo en su relación con el educativo», recalcó la ministra.

Otros portavoces parlamentarios insinuaron que Celaá no está conforme con la medida de su propio Gobierno. «Usted no está de acuerdo porque lo han hecho a espaldas de las autoridades educativas», afirmó el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea, para quien la medida tendrá «consecuencias nefastas» en la Formación Profesional.

«Esto es un marrón», dijo la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, que confesó que confesando que cuando conoció la medida del Real Decreto pensó que era una «inocentada», y acusó al Gobierno de aprobarla «con nocturnidad y alevosía».