La ley Celaá condena a la red privada de guarderías al obligar a extender las plazas públicas de Infantil

El fomento de la educación Infantil de primer ciclo (de cero a tres años) es una prioridad en la Lomloe, la reforma educativa del Gobierno, aunque la vía para conseguirlo está causando desazón en el sector privado, que suma más del 70% de los centros de la Comunitat.

Siguiendo la misma línea que marca el proyecto de ley en todos los aspectos relacionados con la planificación de plazas, la apuesta para alcanzar el objetivo pasa por potenciar la red pública, hasta el punto de que desliza cierta obligatoriedad por seguir esta vía. «Las administraciones incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización (...) de cero a tres años», según reza la redacción del artículo 15 tras incluirse una enmienda del PSOE y de Unidas Podemos.

El texto continúa señalando que se fomentará la cooperación entre administraciones y con otras entidades, incluso privadas sin ánimo de lucro, «para asegurar la oferta educativa en este ciclo». Puede resultar contradictorio, aunque otra lectura puede ser que hasta que la pública cubra cualquier demanda la privada seguirá 'asegurando' la existencia de plazas.

La disposición adicional tercera vuelve a insistir. La versión inicial de la Lomloe recogía que se elaborará un plan a ocho años vista para la extensión de este nivel, «de manera que avance hacia una oferta suficiente con equidad y calidad». Con las enmienda ha llegado la precisión: debe irse hacia «una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad». El modificado ha sido propuesto por los mismos partidos para «evitar la extensión de las privatizaciones» y dar cumplimiento al acuerdo de coalición.

«Supondrá más gasto público en un horizonte económicamente complejo», explican desde la patronal Feceval, que también interpretan que se excluye la colaboración privada en la gestión de los centros municipales. «Demuestra una falta absoluta de solidaridad con quienes durante años han estado incrementando la oferta con su esfuerzo», dicen.

«Nosotros solicitamos la gratuidad a través de nuestros centros con acuerdos de colaboración. No habría que esperar ocho años, se podría hacer de un curso a otros», añaden desde Salvem. «Al final buscan destruir la red que existe a costa de construir una paralela con un coste mucho más elevado», continúan.

Para Acade-Adeiv, lo lógico sería recurrir a la red ya implantada con ayudas a las familias: «El gasto sería mucho menor pudiendo destinar el ahorro a medidas más necesarias». «Deben coexistir los modelos público y privado, pero se propone la privación de la libertad de elegir», dijeron.