La desaparición del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, medida que se propone en la enmienda pactada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC al articulado de la futura ley educativa (la Lomloe), allanará el camino para aumentar el peso de las cooficiales en las autonomías bilingües como la valenciana, donde ya se han dado pasos en este sentido desde que Vicent Marzà dirige la Conselleria de Educación.
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El acuerdo supondrá en la práctica romper con el corsé normativo que supone la Lomce, que sí reconoce esta condición al español, y se unirá a la eliminación de la referencia que exige que la lengua de Cervantes tenga una presencia razonable en las aulas. Dicho de otra forma, la Comunitat, Cataluña, Baleares, País Vasco o Galicia tendrán en su mano la posibilidad de que sus sistemas educativos le resten presencia. Más si cabe.
La enmienda, impulsada por ERC, persigue blindar los modelos de inmersión lingüística (aumentar la exposición a la lengua que no es la materna para fomentarla), así como alcanzar el dominio de todas las que tengan carácter oficial, aunque será necesario esperar al redactado final de la misma y su transposición en la futura Lomloe para conocer los detalles exactos y sus posibles efectos de futuro.
El proyecto actual, el que se somete al trámite parlamentario, reconocía explícitamente que tanto el castellano como las lenguas cooficiales «tienen la consideración de vehiculares». Dicho de otra forma, ambas deben ser utilizadas en las aulas. Desde el Gobierno se han apresurado a defender que el español estará garantizado, aunque de lo que ha trascendido también se desprende la opción de que una lengua minoritaria, como el catalán o el valenciano, se convierta en la base del sistema sin los frenos de la Lomce o se reste seguridad jurídica a las familias que batallan en los tribunales por una enseñanza mayoritaria en castellano.
En la Comunitat, actualmente, el modelo se desprende de la Ley de Plurilingüismo aprobada en febrero de 2018. Es una norma sujeta a la Lomce, aunque la lleva al límite. Reconoce el carácter vehicular del castellano, el valenciano y el inglés (las materias se imparten en estas tres lenguas) y dice deben estar presentes en una «proporción razonable que asegure la competencia del alumnado en las dos oficiales y en inglés como lengua extranjera preferentemente».
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Sin el paraguas de la ley popular y en base a la Lomloe, estas cautelas ya no serían necesarias, abriéndose la puerta a impulsar una nueva norma que, con el argumento de fomentar la lengua con menor uso social -otra idea que aparece en la exposición de motivos de la ley valenciana- ampliara todavía más su peso en el currículum.
Actualmente son los centros los que eligen el porcentaje de horas lectivas en cada una -incentivando que se llegue al 50% en valenciano- fijando el mínimo de las lenguas oficiales en el 25%. El porcentaje se desprende de las sentencias del Supremo que interpretaron que así se garantiza un peso razonable del español. En la exposición de motivos del proyecto de ley se llegaba a hacer referencia a estos pronunciamientos judiciales -referidos a Catalunya-, si bien desaparecieron en la versión que finalmente salió de Les Corts.
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Además de la materia lingüística en sí, es necesario que otra de carácter troncal se vehicule al menos en la lengua estatal. Con los cambios en la Lomloe, nada impediría darle una presencia menor. Más improbable sería fijar un modelo único para todos los centros, pues chocaría con el discurso del Botánico de que son estos, en base a su autonomía y su realidad, los que deciden sus proyectos lingüísticos.
Aunque no se conocen los datos oficiales concretos tras dos años de aplicación de la ley, la conselleria si dio información provisional que da pistas sobre cómo se adaptó el sistema educativo. En base a la distribución de las lenguas en Primaria, el 53,91% de los centros optaron por un modelo donde el valenciano tenía un peso superior al 45% del horario lectivo (era mayoritario), mientras que un 33,68% hizo lo propio con el castellano. El resto se movieron en porcentajes intermedios.
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En cualquier caso supuso un cambio claro respecto a los años del PP, pues pese a la existencia de la doble línea se inclinaba la balanza a favor del castellano. Según los datos de la misma conselleria referidos al curso 2016-2017, había 909 centros con programas lingüísticos en castellano (674 en los que era el modelo único y 235 donde este convivía con un programa basado en el valenciano al funcionar la citada doble línea). Por su parte, 476 tenían sólo oferta mayoritaria en la lengua propia, que sumados a los 235 llegaban a 711. En porcentajes el 48,6% optaba por el castellano, el 34,36% por el valenciano y el 16,9% por los dos.
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