Casado llama al «socialismo moderado» a sumarse al frente contra la ley Celaá

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha hecho hoy escala en Valencia con el firme compromiso de defender a los padres de alumnos, profesores, centros escolares e inspectores ante la ley educativa Celaá que «quiere imponer el Gobierno Central sin haber logrado un consenso social», según dijo el líder de la formación.

Casado, que ha comparecido con un corazón verde en la solapa de la chaqueta, en apoyo a los centros de educación especial, y con un lazo naranja, como apoyo a la la libertad educativa y la escuela concertada, ha afirmado que «la izquierda se cree que tiene el monopolio de la superioridad moral en educación y cultura. Sus ideólogos de cabecera dicen que a través de la educación se puede moldear el pensamiento de las generaciones y eso es lo que quieren hacer«.

El presidente del PP ha explidado que no ha venido a Valencia «a plantear el modelo educativo del PP. Yo he venido a decir que el PP quiere vuestro modelo educativo», en relación a colectivos presentes como la Confederación Valenciana de Padres y Alumnos o la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, que abogan por una ley que no elimine el derecho de los padres a elegir centro o que quite el castellano como lengua vehicular.

Además, ha añadido que venía a «dar un mensaje de optimismo porque esta ley Celaá no les va a salir bien. El PP gobierna en seis autonomías, en 2.800 municipios y gobierna en 13 diputaciones y cabildos. Hemos gobernado España 15 años, gobernamos en la UE y tenemos cuatro de los siete padres de la Constitución. Es decir, no sabemos de la nueva política, pero sí sabemos de construir España, de crear empleo y de generar oportunidades en el entorno social«.

Acto seguido, ha anunciado que «la buena noticia es que os anunciamos que cuando entre en vigor esta ley, una vez entre en el Senado, vamos a recurrirla al Tribunal Constitucional, que tiene suficiente jurisprudencia como para ser optimistas de que no no se va a aceptar y declararán inconstitucional los aspectos más lesivos«. Ha añadido que «también iremos a las autoridades europeas porque los tribunales europeos también tienen suficiente jurisprudencia y vulnera dos artículos: el 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 27 de la Constitución, que por algo nuestro Constituyente quiso meter en el título primero de los derechos y deberes fundamentales la libertad de elección educativa«.

Pensando en el futuro, ha prometido que «cuando sea presidente del Gobierno derogaremos la ley de inmediato porque no es justo que se cambie a la carta y por motivos sectáreos e ideológicos mermen la capacidad de nuestros niños de tener un futuro mejor«.

También ha apuntado que «no quiero hablar como líder de la oposición o como presidente del PP, sino como quien ofrece un proyecto útil para transformar la sociedad. Ellos (el Gobierno) quieren dejar un país distinto, y yo quiero ser presidente para hacer un país mejor. Yo no quiero hacer como ellos ingeniera social con nuestros niños«. Ha afirmado que la ley Celaá «amenaza la libertad de expresión, la calidad educativa y la igualdad de oportunidades».

También se ha referido directamente al presidente Pedro Sánchez y lo ha comparado con el perro del hortelano. «No come porque no hace lo que se le obliga, por ejemplo frente a la pandemia. Se oculta en las autonomías para que ellas la gestionen y sólo visita hospitales ocho meses después y prometiendo una vacuna, que no sabemos cuándo llegará«. «Tampoco come Sánchez porque no mejora la financiación de las autonomías que es fundamental para mejorar los servicios sociales o las infraestructuras«, pero ha añadido »que a la vez, no deja comer en la competencias que tienen las autonomías en materia fiscal para bajar impuestos e intenta que las comunidades autónomas que lo bajan ahora tengan que armonizar, algo que va contra la ley y contra la Constitución«. También ha añadido que Sánchez «no deja comer en la capacidad de las autonomías para mejorar la calidad educativa».

Casado ha recordado que España ha tenido en democracia nueve leyes educativas, «pero hace falta un pacto educativo. De 40 años y nueve leyes, sólo una de las aprobadas es del PP«. Y ha añadido que »sólo ha habido menos de cinco años con una ley que no llegó a entrar en vigor entera porque decidimos suspender algunas partes para lograr un pacto educativo. Entonces Podemos se levantó de la mesa de diálogo; el PSOE también porque pedía una inversión del 5% de pyme en Educación que ni ellos recogen en su ley y Ciudadanos también se levantó«.

Luego ha recordado cosas que logró el PP con su ley, «como leyes de autoridad del profesorado; la ley de calidad educativa; los bachilleratos de excelencia; el refuerzo del bilingüismo o la evaluación por niveles académicos«.

Para finalizar ha enumerado diez medidas educativas que quieren impulsar. La primera, conseguir la libertad de las familias de elegir la educación de sus hijos. En segundo lugar, la igualdad de oportunidades y ha hecho referencia a los centros de educación especial. «Qué va a hacer este Gobierno, ¿dejar a estos niños al final de la clase, con riesgo de que les hagan bullying o que no les saquen su potencial en los centros especiales?». Además, ha recomendado a Sánchez y Celaá «que vayan a centros especiales para que vean todo lo que consiguen hacer con estos niños tan valientes».

En un tercer punto, ha defendido que la lengua no sea un obstáculo. «Pedimos un trilingüismo cordial y de calidad». En el cuarto punto ha apostado por una evaluación pública de los niños en diferentes etapas, no sólo en el EBAU, «¿o es que hay administraciones que no quieren ver cómo van sus alumnos?».

El quinto punto ha ido referido a los profesores. «Si queremos un país de primera, tenemos que tener a los mejores maestros. Los tenemos, pero que se les trate como se merecen. Pedimso una prueba nacional, el refuerzo de la autoridad del profesorado».

En sexto lugar ha hablado de las materias troncales a nivel nacional. «Tenemos una única Geografía, y una única Historia. Un país vertebrado tiene que tener un sistema educativo vertebrado, y que no haya adoctrinamiento».

Otro de los puntos ha sido el de la digitalización. «Nos hemos acordado ahora que no han podido ir los niños a clase durante el confinamiento de la digitalización. Y no sólo me refiero a las tabletas, no sólo hay que digitalizar las clases, también las materias como ciencias, tecnología, ingenierías...« Ha recordado que los niños »van a tener trabajos que aún no existen y van a tener que cambiar varias veces de empleo. Hay que hacer que sean adultos competentes en el futuro. Darles las herramientas para que sean autónomos«. Y lo mismo con »una FP dual donde las empresas participen en la formación«.

Otra medida que defiende es reforzar la inspección educativa «frente al adoctrinamiento. hemos visto comunidades como Cataluña donde se ha demostrado que es fundamental evitar casos que hemos visto como los de otros lazos en el recreo«.

También ha incluido en su discurso la educación de 0 a 3 años.- «Si queremos la conciliación de los padres, que los poderes públicos la hagan gratuita y colaboren con la pública y también con la privada».

El presidente nacional del PP ha guardado espacio en su discurso para evidenciar las carencias del Gobierno Central. «No penséis, como intentan decir algunos, que estos estarán aquí mucho tiempo a pesar de lleven fatal la gestión de la pandemia, aunque discutan y se lleven fatal y aunque pacten con Bildu o hagan el ridículo en Europa, hay salida a todo esto. Hay otros partidos«.

Casado ha asegurado que «nada está perdido. Ganarán en esta ley, pero no convencerán«. Acto seguido ha lanzado una reflexión: «¿Qué ha sido del partidos socialista?, si la concertada la incluyeron en la ley Felipr González y Javier Solana». Ha afirmado que «no reconozco esta izquierda, ya que no es partido socialista, sino sanchista». Y ha apelado al «socialismo moderado, a esa izquierda patriótica a que se una para llegar a un pacto educativo».

Por su parte, la presidenta del PP en la Comunitat, Isbael Bonig, ha agradecido al presidente nacional «el apoyo en este tema del que has hecho bandera». Y gracias por elegir a dos portavoces de la Comunitat Valenciana, Pablo Ruz y Óscar Clavell para defender la educación en el Congreso. Ha recordado que hay buena cantera de profesionales que han defendido la educación y ha citado y hecho un guiño a María José Catalá, presidenta del PP de Valencia (que actuó de moderadora en un debate con colectivos educativos), por su etapa de consellera de Educación. Ha dicho que es bueno que se vea la realidad de la Comunidad Valenciana en Madrid, «porque siempre sale la realidad del País Vasco y de Cataluña».

Bonig ha recordado que en la Comunitat, el PP cuenta con 42 sentencias a su favor en cinco años sobre educación «y han sentado doctrina aplicable. Hemos sido pioneros». Según Bonig ahora «la sociedad pide a gritos que seamos capaces entre todos de ponernos de acuerdo». Ha afirmado que «nosotros teníamos un proyecto de ley que presentó Catalá cuando era consellera de Educación y teníamos el consenso de la comunidad educativa. Se lo ofrecimos a Puig para que la hiciera suya aunque incluyera alguna mejora y dijo que no». Por ello, ha añadido que «vamos a insistir y lo conseguiremos porque somos peleones y es fundamental que salga».

Ha opinado que la Comunitat Valenciana siempre «ha sido un banco de pruebas para la izquierda, como comunidad abierta y dinámica. Siempre que ha habido cambios, han venido por la Comunitat. Aquí fue Puig quien eliminó la demanda social educativa y los colectivos educativos estuvieron ahí para tumbarlo en los tribunales. Igual que la lengua vehicular«. Ha explicado que un nuevo problema que viene es la imposición del valenciano en la función pública, »cuando ya los vascos no exigen el euskera. A ver si aprenden de los nacionalistas«. Y ha añadido que »lo primero que hay que hacer es atraer talentos«.

Bonig ha opinado que la ley Celaá «no es una ley educativa, es una ley política e ideológica». Ha concluido que «cogemos el reto del pacto educativo. Si quieren nuestra ayuda, la van a tener, pero si optan por la imposición, también nos van a tener en los tribunales».