Un centenar de vecinos piden al TSJ que obligue al Consell a pagar expropiaciones de la ZAL

valencia. Los 120 vecinos que fueron expropiados para la ejecución de la Zona Logística del Puerto de Valencia (ZAL) siguen sin percibir la indemnización que les corresponde al no haberse llevado a cabo el servicio para el que fue expropiado el suelo. Una sentencia del Tribunal Supremo les da la razón, pero a falta de su ejecución, podría expirar el plazo para cobrarla.

Más de un centenar de afectados han podido acogerse al llamado derecho de reversión: implica que el propietario puede pedir que se le retornen los terrenos si pasados los cinco años no se ha ejecutado el servicio para el que fue expropiado el suelo. En este caso, no se podían devolver ya que se efectuaron las obras de urbanización. Por ello, se debe cuantificar y liquidar una indemnización sustitutoria para compensar la pérdida de este derecho.

El 3 de marzo de 2017 una sentencia firme del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, reconocía, en favor de todos los expropiados, este derecho de reversión y en consecuencia, el cobro de la indemnización compensatoria, añadiendo también como argumento, que «puesto que la administración pretende, sin ser propietaria plena de las parcelas ni haber consumado su transmisión, obtener extraordinarios beneficios en perjuicio de sus propietarios pendientes aún, de obtener la indemnización».

Asimismo, el abogado de los propietarios, Francisco Ramón Alabau explica como la propia administración hizo constar de este derecho en la inscripción de estas parcelas en el registro de la propiedad.

Piden que se ejecute la sentencia «cuanto antes», porque pasados los 20 años desde la expropiación, los afectados podrían perder el derecho a la indemnización sustitutoria. El tiempo de descuento está en menos de dos años. «El magistrado tiene una sentencia para ejecutar, tiene las valoraciones de los terrenos, tiene todo encima de la mesa, pero no resuelve, lo que pedimos es que resuelva este expediente de ejecución de sentencia porque la sala tiene obligación de hacerlo, debe obligar a la conselleria a pagar lo que les debe», insiste Alabau.

Estiman que el Consell debe al centenar de afectados más de 36 millones de euros por el total de las parcelas. Sin embargo, piden una nueva valoración de los bienes, puesto que «estos terrenos fueron valorados tomando como referencia las ventas realizadas en 2010 y 2011 que constan en el registro de la propiedad», explica el abogado. Cada metro cuadrado tendría un valor aproximado de entre los de 400 euros los 370 y los 400 euros. «Teniendo en cuenta que estas parcelas en término medio serían como una hanegada, que en Valencia suponen unos 800 metros cuadrados, estaríamos hablando de más de 300.000 euros por parcela», señala.

Estas cantidades serían aún a la baja y podrían aumentar, ya que «de ellas devengarán intereses después de casi 20 años, algo que también estamos reclamando», añade Alabau. Los intereses podrían situarse casi en un 50%.