Centenares de coches destrozados se acumulan en la cantera de Picassent a la espera de que el Gobierno autorice su traslado a desguaces

Por ello, todas las miradas estarán dirigidas al Consejo de Ministros que se celebrará hoy a las 9.30 para saber si el Gobierno aprueba la normativa que permita que los turismos categorizados como 'siniestro total' puedan ser trasladados directamente desde las 60 campas municipales hasta los desguaces. Cabe recordar que, según los talleres y peritos consultados, más del 95% de los 120.000 coches afectados por el lodo han quedado inutilizados.

El desbloqueo regulatorio es vital para que se pueda seguir la hoja de ruta marcada para retirar los automóviles destrozados. Si la citada modificación no se aprueba hoy, habrá que esperar, como mínimo, hasta el próximo Consejo de Ministros del martes de la semana que viene mientras la cantera de Picassent se sigue llenando de coches a marchas forzadas. Algo que carecería de todo sentido cusi se tiene en cuenta que la Conselleria de Medio Ambiente autorizó ampliar la capacidad de los desguaces mediante una resolución «para facilitar la gestión urgente de vehículos siniestrados» emitida el pasado 31 de octubre.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, Medio Ambiente ha habilitado cerca de una decena de campas en la comarca de l'Horta Sud cercanas a plantas de tratamiento, además de la cantera de Picassent, en previsión a que el Ejecutivo central acceda a publicar hoy la nueva regulación. No obstante, se sabe que hay «centenares» de automóviles, pero todavía se desconoce la cantidad exacta.

El escrito firmado por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental facultaba a los centros de desguace valencianos «a realizar acopios temporales de los vehículos afectados por la situación de emergencia en el recinto de sus instalaciones autorizadas y, en su caso, en las áreas limítrofes y accesibles de tales instalaciones (como parcelas y solares)». Es más, la resolución resalta que esto se llevará a cabo «con independencia de las condiciones específicas relativas a la capacidad de tratamiento y condiciones de recepción de los residuos indicadas en sus respectivas autorizaciones como enclaves de tratamiento de residuos peligrosos».

Eso sí, desde el departamento encabezado por el conseller Vicente Martínez Mus imponen como condición que no se interrumpa el tráfico de otros vehículos por las inmediaciones de los recintos de almacenamiento.

En caso de aprobarse la medida, también cabe tener en cuenta algunos de sus efectos colaterales. El cambio regulatorio permitiría incrementar la seguridad y salubridad de las 60 campas municipales en las que han estado apelotonando los vehículos a la espera de las inspecciones periciales y su posterior traslado. Gracias al mismo, las revisiones de los peritos podrían realizarse en el enclave minero de Picassent en lugar de en los descampados de las localidades minimizando así el riesgo de posibles vertidos vertidos de combustibles o explosiones de vehículos, según informaron desde Medio Ambiente.

La directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Touris, calificó el pasado lunes como «un avance» los primeros transportes de vehículos siniestrados desde Massanassa, Alfafar y Paiporta hasta la cantera de Picassent. Sin embargo, Touris acompañó el comentario recordando que el Consell todavía está pendiente de la aprobación del Real Decreto Ley «que el Gobierno de España se ha comprometido a aprobar para adoptar de mayor agilidad a los trámites de peritaje y bajas definitivas de los vehículos para su tratamiento final en las plantas autorizadas». En resumidas cuentas, lo que hoy se dirime en Moncloa.

Los desplazamientos ya iniciados, según la directora general de Prevención de Incendios Forestales, van acompañados por un control de matrículas de los coches que se depositen en el enclave minero «para tener asegurada su trazabilidad y proteger los derechos de los propietarios en cada caso». Dicha información se remitirá periódicamente a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) y a través de la aplicación 'Som Solidaritat' los propietarios podrán localizar sus automóviles.

Sin embargo, Touris no ha sido la única representante del Consell que ha levantado la voz para reclamar al Ejecutivo central mayor celeridad en la aprobación de la normativa habilitante. La vicepresidenta Susana Camarero recordó que la competencia en esta materia recae sobre el Gobierno central pero que, «debido a la demora en la reglamentación estatal, la Generalitat ha tenido que actuar de manera urgente» para evacuar los millares de coches que permanecían depositados en terrenos municipales en la periferia de los núcleos urbanos.