«Sin centro de discapacitados para nuestros tres hijos no tenemos vida»

Sin embargo, y si nada lo remedia, 18 de los actuales 40 beneficiarios del centro tendrán que abandonarlo después de que el pasado jueves entrara en vigor el decreto que regula la tipología y funcionamiento de centros, servicios y programas del sistema público valenciano de servicios sociales, impuesto por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. «Si sacan del centro a nuestros tres hijos no tenemos vida», apunta Araceli Carbonell, madre de Tamara, Fabián y Araceli, usuarios que, por sus características, tendrían que abandonar este recurso con el nuevo reglamento. «Le pido a los políticos que se pongan en nuestra piel. Tengo tres hijos discapacitados que llevan muchos años aquí, centro que es como una familia». Marisa Arnau, madre de Estefanía (otra beneficiaria que precisamente este viernes cumple 28 años) lanza otra súplica: «Los que están, por el amor de Dios, que los dejen aquí».

Julián Oviedo, director del centro, trata de explicar los motivos de una medida que no comprenden, ni comparten, ni para la que han sido consultados. Ni siquiera han atendido sus aportaciones. A partir de ahora, lamenta Oviedo, este tipo de centros ocupacionales únicamente podrán atender a usuarios de entre 16 y 65 años que presenten un grado de discapacidad inferior al 75% y eso supone, en el caso de este recurso, que 18 beneficiarios tendrán que marcharse. «No hablan de qué recurso van a tener, no sabemos dónde van a ir», critica. «Seguramente se quedarán en casa y perderán mucho de lo que han avanzado», agrega Isabel Cañamero, psicóloga del centro, algo que para la mayoría de las familias sería difícilmente asumible.

«No nos han informado de nada ni nos han dado ninguna alternativa», señala Araceli, mientras que José Javier Gabarre, el padre de los tres usuarios, lamenta que «probablemente habría que separarlos y sería muy malo meter a cada uno en un sitio distinto». Tanto Araceli como José Javier tienen problemas de salud y realizaron un gran esfuerzo para que sus tres hijos pudieran acudir al mismo centro de Burjassot, próximo a su domicilio. «Estamos enfermos y tener a los tres todo el día en casa sería una catástrofe», añade ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar con sus hijos. «Aquí tienen gente muy especializada y tienen todo lo que necesitan. Estamos muy contentos y no sabemos lo que nos puede venir», agrega Araceli. «Me gustaría que los políticos que deciden esto tuvieran un niño de estas características», recalca José Javier.

Enrique Hurtado, a sus 82 años y viudo, preside la Asociación de Padres y Usuarios del centro y es el padre de Amparín, como cariñosamente la llaman, otra usuaria del centro que podría quedarse fuera. «Sería fatal. A ella le encanta venir aquí. Cuando está pocha, no quiere ir al baile ni quedarse con su tío, pero al taller siempre quiere venir», subraya, pare recalcar que, ante esta situación, «hay que despertar a los padres, vamos a tener que movilizarnos».

Cañamero, por su parte, recuerda que la conselleria siempre ha abogado por la integración, pero con este cambio «en el centro se quedarán los que tienen una discapacidad menos profunda y los que tienen un grado mayor sufrirán una discriminación». Esta psicóloga, especialista en este campo, subraya que para este tipo de discapacitados «llegar a un centro es empezar de nuevo». «Se crean enlaces muy bonitos entre ellos, los que tienen un menor grado de discapacidad ayudan al resto, que aprende copiando actitudes, les imitan. Los que tienen menos son casi cuidadores, comprenden que tienen más necesidades. Es lo mejor para ellos y nos cargamos estos beneficios. Es una barbaridad que discriminen así a los chavales», critica, para destacar que las tareas que desarrolla cada usuario en el centro se ajustan a sus capacidades.

En cualquier caso, coinciden todos ellos, ninguno de ellos presenta un perfil adecuado para estar en una residencia o en un centro de día. «Aquí hacen deporte, hacen salidas, viajes... Eso no se hace en otros centros», destaca Marisa, quien descarta llevar a su hija a otro tipo de recurso. «No quiero que sufra otra pérdida con todo lo que ha pasado», asevera. «Aquí trabajan con ellos y con las familias, y la ayuda que necesitamos, la tenemos», añade, para recalcar que «van a romper su mundo, tanto el de los que se van como el de los que se quedan». Al respecto, reconoce que ha retrasado la revisión con la trabajadora social por el miedo de que eleven el grado de discapacidad de su hija, lo que la excluiría del centro. «Se han limitado a tratarnos como número y como tantos por ciento», lamenta.

Araceli, en la amplia charla mantenida entre estos afectados y LAS PROVINCIAS, se muestra apenada: «No hay humanidad con lo que están haciendo, es una discriminación total»; mientras que Julián reclama que, al menos, «lo que hay, que no lo muevan, puesto que deberían preservar los derechos adquiridos». El director del centro comprende que es necesario actualizar y reordenar los servicios, pero no a costa de desmantelar aquello de funciona. Señala que debería hacerse de forma progresiva y conforme vayan quedando plazas se incorporen discapacitados con el perfil marcado por la conselleria. «¿Le tengo que decir a un usuario que lleva años viniendo que a partir de ahora no puede entrar? Yo no lo voy a hacer», advierte.

Los beneficiarios pasan cerca de ocho horas al día en el centro, de lunes a viernes, lo que además de mejorar su día a día supone un desahogo para las familias. «Con mirarlos sabemos si están bien o están mal, y entre ellos se ayuda, se aportan...», apunta la psicóloga. «Y para las familias ya resulta difícil tener a una persona discapacitada, por lo que es una relajación y una tranquilidad enorme para ellas dejarlos en el centro».

Por otra parte, el director del centro también lamenta que, con el nuevo modelo, «desaparecen figuras como las del fisioterapeuta o el psicólogo a media jornada, y se imponen otras no necesarias como las del trabajador social, que únicamente hace falta de forma puntual». Sobre ello, Marisa resume: «Yo estoy en contacto con dos trabajadores sociales. Aquí es más importante un psicólogo y un fisioterapeuta, y hasta incluso un psiquiatra».

Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ya explicaron el pasado miércoles que esta nueva normativa surge «con el objetivo de consolidar un sistema de atención universal, coherente, organizado y planificado que se guíe por los criterios de calidad, eficiencia y accesibilidad, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y garantizar la máxima protección de los derechos de las personas».

Para ello, el decreto, que desarrolla la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat, regula a fondo los centros, servicios y programas de servicios sociales y establece su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

Además, el decreto incorpora todas las mejoras consensuadas en el acuerdo estatal sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía y atención a personas en situación de dependencia de la Comisión Interterritorial del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, siendo la primera comunidad autónoma en hacerlo.

Una de las cuestiones que también aborda es la actualización de las ratios de personal de todos los recursos incluidos en el sistema, y la garantía de una presencia mínima de profesionales en cada turno, asegurando, en los centros residenciales, la correcta atención a cualquier hora del día y todos los días de la semana.

En su desarrollo, el decreto apuesta por nuevos modelos de atención convivenciales con un incremento en el porcentaje de hasta un 75 % de la cantidad de habitaciones individuales frente a las dobles o compartidas en las residencias de personas mayores, posibilitando así una mayor intimidad.

Asimismo, se fija un número máximo de plazas más reducido para crear centros residenciales lo más parecidos a un hogar, en un sistema centrado en la persona. Además, se produce un importante incremento de profesionales para garantizar la atención centrada en la persona y, para ello, crece notablemente tanto el personal técnico cualificado como el personal auxiliar de atención directa, todo ello siempre según el departamento autonómico.

También se desarrolla y marca la obligación de que cada persona usuaria tenga una persona profesional de referencia en su plan de intervención, así como una atención continuada por parte del resto del personal de atención directa.

El decreto también garantiza una cobertura mínima de servicios y recursos, fomentando un mayor equilibrio en todo el territorio entre las zonas de costa e interior, de manera que con cada tipología de centro se indica la implantación territorial. Con este criterio, se introducen los puntos de atención en entornos rurales, con elevado envejecimiento y riesgo de despoblación, como extensiones de los centros de día o residenciales más próximos.

Respecto al ámbito laboral, se fomenta el trabajo estable y no deslocalizable y la incorporación de nuevas figuras profesionales como los terapeutas ocupacionales. También se potencia, además, la incorporación en las plantillas de nuevas titulaciones de ciclos formativos (de atención a la dependencia, de animación sociocultural, de integración social y de técnicos en actividades deportivas, entre otros).

Todos estos elementos son claves para ofrecer seguridad jurídica a las entidades sociales y empresas del sector y, lo que resulta fundamental, se establecen por fin las condiciones necesarias para ofrecer una atención adecuada y de calidad a las personas usuarias de los centros, servicios y programas de servicios sociales.