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Un momento de la manifestación ante las puertas de la conselleria. Miguel Ángel Polo
«Si no fuera por el centro mi marido estaría vegetando»

«Si no fuera por el centro mi marido estaría vegetando»

Cientos de personas se concentran a las puertas de la Conselleria de Igualdad para reclamar el acceso a la salud mental

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 14 de marzo 2023, 17:21

El drama de la salud mental y el alzhéimer se ha vivido en primera persona a las puertas de la Conselleria de Igualdad. Allí estaba Pilar que ha acudido porque su marido es usuario de la Asociación de Alzhéimer de Valencia desde hace años. «Si no fuera por el centro de día mi marido estaría ahora vegetando», ha afirmado contundente.

En su situación se encontraban muchos de los asistentes a la concentración. «Se lo diagnosticaron con 58 años y lleva once años en el centro», explica. Estas instalaciones no son como un centro de mayores sino que realizan tareas de estimulación cognitiva como una forma de ralentizar los efectos de la enfermedad. Desde musicoterapia hasta lectura.

Su caso es muy similar al de Rosa, también presente en la concentración. A su marido le diagnosticaron Alzhéimer con sólo 55 años. Desde entonces es también usuario del centro de salud mental de la asociación. Si tiene que pagar 500 euros más por la atención de su marido, sencillamente no podrá. «Es inasumible», afirma. Además, ha pedido una reducción de la jornada en su trabajo para poder atender a su esposo enfermo. «No lo podemos soportar solos», recalca Rosa.

«Queremos que nos ayuden, no que nos ahoguen», afirma contundente con respecto al nuevo decreto que aprobó el Consell el pasado viernes. La aplicación de esta nueva norma del Ejecutivo valenciano implica que los precios de las residencias y centros de día subirán hasta 500 euros desde los actuales mil euros.

El nuevo decreto impone una serie de nuevos requisitos a las residencias y centros de día. Estos cambios implican la generación de una serie de gastos que la Conselleria de Igualdad no asume por lo que repercutirán directamente sobre el bolsillo de las familias. «No estamos en contra del decreto sino de que se aplique a las familias», afirma Ana Morón, gerente de la Asociación de Alzhéimer de Valencia.

Pilar señala que el centro de día de la asociación es un lugar donde se hace terapias que consiguen retrasar los efectos de la enfermedad. Y eso es lo que le ha pasado a su marido. Celine suscribe estas afirmaciones. Es también familiar de usuario ya que su padre sufre esta dolencia desde hace años. «Gracias a la intervención que se realiza en este centro se ha conseguido retrasar algunos de los síntomas», resalta Celine. «Se aplica una terapia específica», resalta.

Este es uno de los problemas que genera la norma aprobada por Igualdad. «No es centro de mayores sino específico, una clasificación que ya no recoge la normativa», afirma Celine mientras Ana Morón subraya hay pacientes con 45 o 50 años. «Estos no son mayores. Son enfermos», apunta.

Virginia es una usuaria de estas instalaciones. Le diagnosticaron Alzhéimer hace doce meses con 66 años de edad. Desde entonces acude al centro dos días por semana, los martes y jueves por la mañana y por la tarde. «Hago mucho entrenamiento cognitivo, me dan fichas y con ellas me ejercito. También elo», afirma.

Concentración

Todos estos implicados estaban en la concentración convocada por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) con el apoyo de la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA) que representa a 42 entidades sin ánimo de lucro de ámbito local de toda la Comunidad Valenciana, personas usuarias, familiares, profesionales y entidades del sector.

Los asistentes a la concentración portaban una gran pancarta en la que se leía «contra el bloqueo del acceso al sistema de salud mental y de dependencia». En este sentido, José María Toro, presidente de Aerte, ha señalado que «estamos aquí por el bloqueo al sistema de salud mental que la gente acceda con lo que la atención sufre las consecuencias».

En el manifiesto que se ha leído en la concentración señalan que «se debe poner el foco en las personas y »ofrecerles los apoyos necesarios para que puedan establecer un proceso de rehabilitación psicosocial adecuado«.

En este contexto, subraya el texto, se han generado «107 nuevos espacios desde septiembre de 2015 debido al fomento de la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y a las ayudas puestas a disposición por la misma». El manifiesto explica que han colaborado en rehacer la vida de muchas personas.

Denuncia que desde agosto la conselleria «ha reducido los importes de ayuda que ofrecía a estas personas para acceder a una plaza en una vivienda» bajo el argumento de que «hay otros servicios compatibles para apoyarlos, desconociendo que el personal que está en las viviendas está para ofrecer ese servicios, como han venido haciéndolo hasta ahora».

Todo esto, argumentan, está provocando un bloqueo del acceso al sistema. Y señalan que las trabajadores sociales de ayuntamientos y hospitales no pueden enviar a estas personas a los servicios que precisan «porque la prestación que se le ofrece no cubre el importe de la plaza y no tienen capacidad de pagar la diferencia». Sólo se lo pueden permitir las personas con una gran capacidad adquisitiva «y eso no es justo.

Además, el escrito apunta que el sistema se ha cambiado sistema sin consultarles el resultado que estaba dando y como ayudaba a los usuarios. «No se ha cambiado el sistema porque no funciones, que lo está haciendo, sino porque les parece caro», argumentan.

Por eso piden a la conselleria que «de la ayuda suficiente a cada persona que necesite ser atendida en una vivienda tutelada y desbloquee el acceso al sistema de atención a la salud mental en la Comunitat Valenciana de manera inmediata».

Señalan que con el decreto «se ha limitado la posibilidad de elección de centros residenciales» y la posibilidad impide que puedan recibir los servicios opcionales o añadidos«. Señalan que el incremento de las ayudas »es insuficiente para cubrir el coste de los nuevos requisitos exigidos« con lo que muchas personas tendrán que »abandonar estos centros por la incapacidad de hacer frente a las nuevas tarifas«.

La manifestación se ha visto acompañada de pitos y tambores y de gritos en los que se pedía la dimisión de Aitana Mas como consellera de Igualdad.

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