Los centros darán protección inmediata a los profesores agredidos

Por ejemplo, el director o directora deberá elaborar un informe en el que se detallarán los datos básicos (persona agredida, presunto agresor, testimonios, tutor si el protagonista es un alumno) y las actuaciones «inmediatamente realizadas en el centro para preservar la seguridad» de la víctima. Se emitirá a petición del inspector, y deberá estar listo «dentro de las 24 horas siguientes al día lectivo inmediatamente posterior» al suceso. Es decir, como muy tarde antes de que pasen dos días.

Los máximos responsables de los centros, tras las primeras actuaciones (auxilio, contener la situación, incluso llamando a la policía, o facilitar la atención sanitaria), deberán plasmar el incidente en el Registro Central de la conselleria y comunicárselo a la inspección, que también podrá proponer medidas que redunden en la seguridad de la víctima. Además, el director o directora, si la agresión puede ser constitutiva de un delito penal, lo comunicará a la fiscalía.

Entre las medidas adoptar, el documento remite a las sanciones que se pueden aplicar a los alumnos que provoquen situaciones que alteran gravemente la convivencia, entre ellas el cambio de grupo o la suspensión temporal del uso del transporte escolar o el comedor (si la agresión se ha producido en estos espacios), de la participación en extraescolares y de la asistencia a determinadas clases o incluso al mismo centro.

Los agredidos, por su parte, tendrán a su disposición las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, en las que podrán solicitar asesoramiento y apoyo jurídico o psicológico. También pueden pedir asistencia judicial por parte de la Abogacía de la Generalitat (en caso de trabajar en centros públicos) o incluso la adaptación o cambio del puesto de trabajo «si así lo valora el facultativo del servicio de prevención de riesgos laborales».

El protocolo actualiza el que se impulsó en 2014, mucho más escueto. Por ejemplo, precisa que será de aplicación también a profesionales de administración o servicios y a personal no docente de atención educativa. Incluso será extensivo a casos distintos siempre que exista una relación laboral o funcionarial con la Generalitat.

Además, amplía los supuestos a tener en cuenta, pues se considera agresión «cualquier acción ilícita física o verbal manifiesta y grave, de carácter amenazante, humillante, discriminatoria, intimidatoria o acosadora, incluyendo la ejercida a través de medios digitales».

La resolución por la que se regula el nuevo protocolo entrará en vigor en los próximos días, aunque no será el único cambio en materia de convivencia en los centros. El departamento que dirige José Antonio Rovira quiere modificar el decreto que heredó del Botánico, con la intención de aumentar las sanciones que se pueden aplicar a los alumnos que agreden al personal educativo y de revisar el procedimiento conciliado. Se trata de la posibilidad que tiene el agresor, en caso de pedir perdón y aceptar el daño y la medida correctora propuesta, de reducir la gravedad de la sanción que inicialmente se hubiera planteado.