Centros de personas con discapacidad vuelven a echarse a la calle por los impagos

«No vamos a poder pagar la nómina de enero ni abonar las cuotas a la Seguridad Social, que vienen el día 30. La situación es muy complicada». Julián Oviedo es el director del centro ocupacional Los Silos de Burjassot y presidente de la asociación sin ánimo de lucro, formada por profesionales, que lo gestiona. Alerta de los problemas financieros por el que están atravesando buena parte de estos centros financiados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a través del concierto social. La razón son los retrasos en los pagos que lastran la actividad de estas instalaciones que atienden, principalmente, a usuarios derivados por la propia Administración autonómica. Y ante ello, los centros llevarán a cabo una protesta a las puertas del Palau de la Generalitat el próximo día 25 para exigir el abono de las cuotas pendientes y que estos retrasos no se vuelvan a producir.

En concreto, según denuncia Oviedo, estos centros, en su mayoría, no han recibido las mensualidades de noviembre y diciembre por lo que, aquellos que no disponen de fondos propios, tienen auténticos problemas para hacer frente a los gastos de funcionamiento. «Nosotros somos seis socios y cada uno hemos tenido que poner 1.500 euros de nuestro bolsillo porque el lunes hay que pagar el trimestre del IRPF. Porque si no estás al corriente, te quitan la subvención», ejemplifica.

Este portavoz, miembro de la junta directiva de Copava, la asociación representativa del ámbito, aclara que el compromiso de la conselleria era abonar noviembre el 15 de enero y diciembre la primera semana de febrero, pagos que no se han producido. También apunta que los impagos afectan, al menos, a medio centenar de centros y que la próxima semana se va a convocar una asamblea extraordinaria para debatir las medidas a adoptar ante la problemática.

Al respecto, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas subrayan que en 2018 «se puso en funcionamiento el concierto social, con todas las implicaciones que tiene iniciar un procedimiento totalmente nuevo en la administración». En esta línea, recalcan que «se ha logrado hacer efectivo el 82% del presupuesto de 100 millones con el que cuenta el concierto para 2018». Sin embargo, matizan, «la cuantía restante está contabilizada por parte de la conselleria y pendiente de que Tesorería abra el presupuesto de 2019. La previsión es que se pueda hacer efectiva entre finales de este mes y principios del próximo».

Asimismo, señalan que la conselleria y el Instituto Valenciano de Finanzas «pusieron a disposición de las entidades una línea de crédito que sigue operativa».

Por otra parte, quieren puntualizar que «desde la conselleria se ha estado en contacto con las entidades para informarles en todo momento de la situación de los pagos, y no se tiene constancia de quejas por parte de ninguna de ellas ni de la intención de convocar una protesta».

Por último, desde Igualdad recuerdan que el concierto social «es un cambio sin precedentes en la historia de la gestión de la conselleria que trabaja con las entidades del tercer sector. Históricamente siempre han funcionado a través de subvenciones, lo que hacía que en el mejor de los casos los centros no cobraran la primera anualidad antes del mes de abril, además de todo lo que suponía administrativamente, ya que cada año tenían que presentarse a la subvención, con la consiguiente carga administrativa que suponía, y la incertidumbre de que la cantidad concedida pudiera disminuir».