Los centros de menores se declaran en huelga por la homologación de salarios y la falta de recursos

Los centros que van a la huelga son todos los relacionados con infancia y juventud como los de justicia juvenil, residencias socioeducativas, de diversidad funcional (físicos, psíquicos), centros de día y ambulatorios.

Una de las principales reivindicaciones de los trabajadores es la homologación de salarios. Es decir, que los que ejercen su función en un centro concertado cobre lo mismo que otro que está en el sector público. «Igual trabajo, igual salario», es el lema que maneja Antonio Ávila, representante de la sección de Infancia y Adolescencia de Comisiones Obreras quien señala que ya es hora de que se consiga la igualdad de los salarios.

Desde el sindicato recuerdan que ya ha habido tres acuerdos de homologación de salarios que datan de 2004, 2008 y, el último «que pensamos que iba a ser el definitivo», de 2022. «Pedimos que se aplique», resalta Salvador Molla, secretario de Organización de la Federación de Educación de Comisiones Obreras.

Y es que resaltan que la diferencia de salarios puede llegar a ser de 500 euros o más según se trate de un trabajador del sector público u otro del concertado.

Uno de los problemas más graves con el que se encuentran los trabajadores es que las licitaciones de los contratos con entidades colaboradoras se retrasan y algunos llevan en situación de resarcimiento, es decir, sin contrato, desde 2018 y a la espera de que salgan las nuevas licitaciones para incrementar los sueldos y el coste de los suministros.

Esta cuestión es especialmente relevante ya que al prorrogarse los contratos y no salir uno nuevo los salarios que están cobrando los trabajadores son los de 2018 (o el año en el que se firmó el contrato) con lo que calculan que se puede haber perdido un 20% de su capacidad adquisitiva. Lo mismo sucede con los suministros (luz, comida, aguas y otros gastos) que se están cobrando de la administración al precio de hace siete años pero los centros tienen que pagar a los proveedores con costes de 2025. Por todo ello, exigen una rápida solución a este problema.

«Estamos cansados de muchas promesas y exigimos hechos», indica Molla. Otra de las reivindicaciones es la aprobación del decreto de tipologías que el Botánico dejó listo para su aprobación pero que este gobierno no ha asumido. «Nos dicen que es inminente pero ya llevamos casi dos años de retraso», apunta Salvador Molla.

Por otro lado, consideran que los recursos son insuficientes. En este sentido, señalan que tiene que prestar el servicio con la misma calidad pero con menos medios, explican desde el sindicato.

Otro de los problemas es la saturación de algunos centros, especialmente los de protección social que se dedican a atender a menores cuyas familias no se pueden hacer cargo de ellos por el motivo que sea. Aunque, desde el sindicato señalan que pese a que en todos los servicios sociales se trabaja por encima de la capacidad de los dispositivos no es un problema especialmente grave.

Molla señala que están abiertos a la negociación con la conselleria y que si se producen avances, la protesta se puede desconvocar.

En este sentido, fuentes de la Conselleria de Igualdad y Servicios Sociales han señalado que muchos de estos problemas están heredados del gobierno del Botánico. En concreto indican que el decreto de tipologías está siendo trabajado para que recoja todas las consideraciones de los agentes implicados que suman más de 1.700 aportaciones.

Por otro lado, la Conselleria está trabajando en las nuevas licitaciones. En esta línea, los contratos para centros de mayores se publicarán durante el primer trimestre de este año. Además, ya han salido adelante las licitaciones para la gestión de los centros mujer, que se aprobaron en el pleno del Consell de 23 diciembre.

Las mismas fuentes señalan que este Consell «ha hecho un gran esfuerzo para ajustar la situación a la realidad y ha adoptado medidas para paliarla y que no haya perjuicios mientras se aprueba la norma». De esta forma, recogen que se ha incrementado un 8,8% la cuantía de los módulos económicos de los acuerdos de la acción concertada en 2024, lo que impacta directamente en el salario de los trabajadores. Por otra parte, se han hecho los ajustes con un incremento que corresponde al IPC acumulado de 2022 y de 2023 que había estado paralizado desde 2022.

También, detallan las mismas fuentes, se han pagado 215 millones de euros de enriquecimientos injustos, saldando todas las deudas que dejó el gobierno del Botánico y poniendo a la Administración al día con todos los pagos que el anterior ejecutivo había abandonado.

Además, desde la Conselleria recuerdan que los centros en resarcimiento vienen heredados de años anteriores. De hecho, del total de estos centros, 45 ya habían entrado en esta situación en diciembre de 2023. No solo eso, sino que en 2022 ya había 35 centros, en 2021, 31, en 2020, 23 y en 2019, 11 por lo que se trata de una situación que el gobierno anterior no solucionó a medida que los contratos empezaron a finalizar.

En cuanto a la homologación del salario, fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales recuerdan que se ha actualizado el pago del servicio con el IPC acumulado para repercutir en el sueldo de los profesionales y se ha instado a los sindicatos a firmar un convenio único para todos los profesionales de servicios sociales. Ahora hay convenios por sectores (inclusión, discapacidad, mayores e infancia) pero lo ideal para lograr una homogeneización real de todos los profesionales es tener un convenio igual para todos los sectores, que es lo que deben negociar sindicatos y empresas.