Un total de 680 educadores de Infantil y Especial se quedan sin poder trabajar este próximo curso en la Comunitat Valenciana pese a haber aprobado la última oposición de Técnicos de Educación Infantil, celebrada en diciembre de 2021 para sacar cerca de 500 plazas de ... interinos y más de 100 fijas. Y es que, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública -encargada de estas oposiciones- va a utilizar una bolsa de 2011 en lugar de constituir una nueva, debido a que no le ha dado tiempo a baremar todos los méritos, según explican desde el propio departamento de Gabriela Bravo a este periódico.
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Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, los aspirantes han comenzado una campaña de recogida de firmas y buscan agotar la vía administrativa para poder llevar a los tribunales a la conselleria al considerar que está cometiendo un «fraude de ley» por echar mano de una bolsa caducada, ya que la vigencia máxima es de diez años, según establece la Orden 18/2018, de 19 de julio, de la conselleria en su artículo 2, apartado 3.Sin embargo, la conselleria se escuda en que la han actualizado. «La bolsa actual está vigente y es totalmente legal. El actual proceso selectivo todavía no ha concluido, ya que está en fase de concurso, la de presentar méritos, por lo que se llama a personas de la bolsa vigente, que tiene preferencia sobre el listado de aprobados», explican desde el departamento de Bravo.
Una explicación que no convence a los abogados que están ayudando a los opositores, que se basan en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en su artículo 18.6. «Las actualizaciones no dan vigencia a ninguna bolsa. Eso no aparece en ninguna orden. En esa bolsa hay personas que no superaron ningún proceso selectivo», indican estas mismas fuentes a este diario. «Hemos mandado un escrito a la conselleria preguntando por qué no crean una bolsa de extraordinaria y urgente necesidad, según el artículo 11 bis. ¿Por qué continúan con una bolsa en la que hay personas que no han superado ningún examen?», afirman fuentes jurídicas, que añaden que no ha recibido respuesta.
En concreto, los opositores mandaron un escrito a la conselleria, donde adjuntaron las más de 700 firmas, para denunciar «estas irregularidades» y pedir explicaciones. Además, enviaron un escrito también al Síndic de Greuges. Por su parte, la conselleria contestó que la bolsa había sido actualizada. «Los nombramientos de plazas públicas provenientes de una bolsa en fraude de ley son nulos según la ley y lucharemos hasta el final para demostrarlo. La Administración tiene a 700 educadoras aprobadas en la última oposición, una oposición superada por encima de todo», denuncian las opositoras que se han encargado de recoger las firmas para presentarlas al síndic.
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«Este grupo que se está movilizando cuenta con la diligencia y asesoramiento de abogados que constatan, con la ley en la mano, que esa bolsa de 2011 está en fraude de ley sin duda. Estamos ante 700 personas que consiguieron aprobar un examen que, por su dificultad, suspendieron miles de aspirantes y ahora pretenden que su esfuerzo no sirva de nada», denuncia una de las aspirantes.
LAS PROVINCIAS ha tenido acceso al escrito elaborado por uno de los opositores aprobados, donde se solicita a la conselleria que constituya la nueva bolsa o bien una extraordinaria que cumpla la ley. «Como redacta el artículo 11 bis de la Orden 23/2018, de 26 de diciembre, mientras no se conformen las bolsas de la correspondiente oferta pública de empleo, se debe poder utilizar la relación de las personas aspirantes que hubieran superado la primera de las pruebas del proceso correspondiente, como ya es un hecho, para el nombramiento de personal funcionario interino», señala el denunciante.
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