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La Guardia Civil incrementó de manera notable las incautaciones de marihuana en la provincia de Valencia en 2018 tras desmantelar unos 200 invernaderos clandestinos, muchos de ellos explotados por clanes de etnia gitana, mafias chinas o bandas de traficantes de Europa del Este. Las operaciones de la Guardia Civil contra el cultivo de cannabis se saldaron el año pasado con más de 250 personas detenidas o investigadas y cerca de 90.000 plantas confiscadas, según datos solo de la provincia de Valencia.
Además de los invernaderos de droga desmantelados, los agentes del instituto armado se incautaron de 1.100 kilos de marihuana en controles rutinarios o registros tras las detenciones de pequeños traficantes. «El notable aumento de las plantaciones de marihuana se debe a la alta rentabilidad de este negocio ilegal», explica Santos Buendía, comandante que coordina las investigaciones de la Guardia Civil en Valencia. Otro de los factores que también influye son «las bajas penas de prisión que cumplen los detenidos si las comparamos con otras condenas por trafico de cocaína o drogas sintéticas», añade Buendía.
Fuera del alcance de miradas de vecinos indiscretos, los traficantes idean verdaderas maravillas de ingeniería doméstica para proporcionar la luz, la humedad, la temperatura y el agua que necesita el crecimiento rápido de la marihuana. Y todo dentro de cuatro paredes y un techo en naves industriales o chalés con enganches ilegales a la red eléctrica, potentes ventiladores para eliminar el olor que desprenden las plantas y compartimentos estancos forrados de pladur para concentrar el calor y la humedad.
Además de las investigaciones, las denuncias y la colaboración ciudadana, hay otros factores que ayudan a la Guardia Civil a localizar los invernaderos clandestinos de cannabis, como el fuerte olor que desprende la marihuana y los enganches ilegales que detectan los técnicos de las compañías eléctricas.
«Estamos combatiendo tanto el cultivo como el tráfico de marihuana con unidades especializadas, como el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga, con servicios preventivos en carreteras, zonas de ocio y alrededores de colegios y con operaciones de las áreas de investigación de las compañías», explica el comandante de Policía Judicial.
Aunque los agentes antidroga no bajan la guardia y las aprehensiones de cannabis aumentan cada año, también son cada vez más los grupos delictivos que cultivan marihuana en la Comunitat Valenciana para venderla en Reino Unido y otros países de Europa.
En los últimos días, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado diez plantaciones de cannabis en Valencia, Massamagrell, Dénia, Callosa de Segura, Cox y Granja de Rocamora. Como ya informó ayer LAS PROVINCIAS, dos de estos invernaderos eran explotados por mafias chinas en sendas naves industriales de la pedanía valenciana de Horno de Alcedo y Massamagrell. La Guardia Civil detuvo a seis miembros de estos grupos delictivos y todos ellos ingresaron en la prisión de Picassent.
Los individuos arrestados custodiaban las plantaciones de día y de noche y tenían enganches ilegales en las acometidas para no pagar el alto consumo de electricidad de los aparatos utilizados en los invernaderos. Algunos de los detenidos dormían en colchones en las naves para minimizar los riesgos de incendio y evitar robos de otras bandas de traficantes.
La principal novedad en el tráfico de marihuana a gran escala en los últimos años ha sido la irrupción de grupos criminales procedentes de China y países de Europa del Este. Estas organizaciones delictivas suelen exportar la droga a Reino Unido, donde el valor del cannabis se triplica con respecto a nuestro país, y cuentan incluso con miembros que tienen un cometido específico y esencial: ofrecer la marihuana a otros traficantes o grupos organizados. También suelen importar desde China los aparatos y hasta los maceteros que emplean para cultivar la marihuana.
Los cabecillas de estas bandas suelen ser narcotraficantes chinos, serbios, polacos o rumanos afincados en la Comunitat Valenciana, mientras que la mayoría de los individuos que vigilan las plantaciones no tienen permiso de residencia en España y son explotados en beneficio de los grupos mafiosos. Otros clanes de etnia gitana trapichean con la marihuana que cultivan en sus casas en Carlet y Alberic, dos de las poblaciones valencianas donde más plantaciones de droga desmantela la Guardia Civil.
El fraude eléctrico en España preocupa a las compañías afectadas y a la Administración al incrementarse las pérdidas económicas derivadas de enganches ilegales y manipulaciones de contadores. El recorte de los ingresos regulados del sistema eléctrico puede poner en riesgo incluso el equilibrio económico del sector y, además, repercute de forma directa en el bolsillo de los consumidores que pagan su factura. Este tipo de fraude está recogido en el Código Penal y puede constituir un delito en función de la cantidad de electricidad ilegalmente consumida.
Ante la proliferación de enganches ilegales para no pagar el alto consumo de los aparatos utilizados en los invernaderos de marihuana, las compañías eléctricas realizan labores de detección y regularización de situaciones de defraudación de fluido eléctrico.
Los técnicos avisan de inmediato a la Guardia Civil o la Policía Nacional cuando detectan una conexión ilegal a la red pública con un alto consumo de electricidad, ya que son dos claros indicios de la existencia de una plantación de marihuana.
El 24 de enero de este año, una operación de la Guardia Civil se saldó con el desmantelamiento de una quincena de plantaciones de marihuana en Alberic, la detención de una veintena de personas y la eliminación de hasta 44 enganches ilegales de electricidad.
Las manipulaciones de los contadores conllevan un elevado riesgo para las personas, ya que se realizan sin los requisitos de seguridad necesarios, y pueden causar incendios o descargas eléctricas a los individuos que hacen los enganches fraudulentos.
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