![Ciclistas exigen inversión y penas más duras para evitar accidentes](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202105/23/media/cortadas/LF2OGWL1-RaXu9YLmdQqYhoNHgbFMd2O-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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Las organizaciones ciclistas de la Comunitat consideran necesaria una mayor implicación de las administraciones para reducir al máximo la siniestralidad. Tanto en la mejora de las infraestructuras con la suficiente inversión pública como a través de modificaciones legales que incidan en la vía punitiva: aumentando las penas para los causantes de accidentes con consecuencias trágicas. Todo ello acompañado de campañas de concienciación vial que pongan el foco en la educación y en el respeto entre los diferentes usuarios de las carreteras.
Sus reivindicaciones cobran más importancia si cabe esta semana, pues hoy se celebra el juicio contra la conductora que en 2017 atropelló a seis ciclistas en la N-332 a la altura de Oliva, causando tres muertes y heridas graves a otros dos. Las partes han alcanzado un acuerdo por el que la acusada, que dio positivo en alcohol y drogas, acepta una pena de tres años y nueve meses de prisión, tres menos que la máxima prevista en el Código Penal en el momento de los hechos (cuatro años).
«Aquello supuso un punto de inflexión en la movilización del colectivo ciclista», explica José Saurí, presidente de Bici-Club Valencia, una de las organizaciones más antiguas de la Comunitat.
«Por desgracia poco ha cambiado, las reivindicaciones casi son las mismas», añade. «Que una persona se ponga al volante bebida o drogada no se puede considerar un accidente, que le puede ocurrir a cualquiera. Se necesitan penas más duras y la retirada del carnet de por vida, y que se penalice especialmente la reincidencia», añade.
Con la última reforma del Código Penal, de febrero de 2019, las condenas por causar la muerte de varios ciclistas o peatones se pueden elevar a seis o nueve años en función del alcance del atropelloy si concurre la condición de imprudencia grave, frente a los cuatro que se tipifican si el resultado es un fallecimiento. Y no se contempla la prohibición definitiva de conducir.
En cuando a las infraestructuras, Saurí considera que ayudaría una mayor implicación de la administración, por ejemplo a la hora de mejorar la separación de los carriles en vías interurbanas -no es habitual que existan barreras físicas, como mucho una señalización con un color diferente- o apostando por una limpieza más frecuente de los arcenes, pues la suciedad aumenta el riesgo.
«Pero sobre todo hace falta concienciación en el respeto entre usuarios, la seguridad vial debería empezar a trabajarse en la escuela, desde pequeños», concluye.
El libro blanco sobre la protección de las personas usuarias de la bicicleta de la Comunitat, presentado por la Generalitat tras el trágico accidente, preveía incidir en esta cuestión en cuanto se abordara la modificación de los currículums escolares, algo que no ha sucedido hasta la fecha. El documento contempla gran cantidad de medidas, implicando a diferentes administraciones, y muchas siguen pendientes, como controles de aforo, limitaciones de velocidad a 30 kilómetros por hora o la habilitación de radares en rutas especialmente concurridas.
Amadeo Olmos, presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat, insiste en la importancia de cumplir las normas. Reclama a los conductores que avisen con el claxon antes de realizar un adelantamiento y que la distancia sea superior a 1,5 metros. Para los ciclistas plantea circular en grupos no demasiado grandes, y a la administración le pide que invierta en mejorar la señalización en rutas muy utilizadas «para que los conductores sepan que es normal encontrarse a ciclistas y estén siempre alerta».
La mayor contundencia penal también es reclamada por la asociación de víctimas Stop Accidentes. «La concienciación es fundamental. La persona que bebe y coge un vehículo tiene un arma», ejemplifica Ana Novella, la presidenta. «Algo que llevamos tiempo reclamando y reiterando es el endurecimiento del Código Penal. Con la última reforma las condenas pueden llegar a nueve años por matar a varias personas. Pero en otros delitos como los económicos, donde no se pierden vidas, te pueden salir muchos más», añade. «La gente debe asumir que no puede salir barato acabar con la vida de una persona», concluye, antes de diferenciar el concepto de accidente con el de «violencia vial», como coger un coche borracho o no respetar la velocidad máxima.
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