El cierre de media España por el Covid inmoviliza a la Comunitat Valenciana

Nueve regiones, sobre todo la limítrofes con la Comunitat, van a cerrar sus fronteras o están ultimando adoptar esta medida, lo que inmovilizará el territorio valenciano al impedir los desplazamientos naturales.

Este es el panorama que se dibujó anoche tras las reunión mantenida por los presidentes de las dos Castillas y Madrid. Los dos primeros dejaron claro que hoy aprobaría el cierre perimetral de sus comunidades, mientras que la segunda busca un acuerdo intermedio: negociar con el Gobierno que le permita cerrar sólo el fin de semana para evitar desplazamientos. Si el Ejecutivo no cede, Díaz Ayuso quiere dejar abiertas las fronteras. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, miraba ayer de reojo la decisión de la mandataria de Madrid, ya que son muchos los madrileños que visitan la Comunitat durante la fiesta de Todos los Santos para ir a sus apartamentos en Cullera, Gandia y Alicante. De su resolución pendían las medidas que Puig iba a adoptar, pues si la capital se mantenía abierta las tres provincias valencianas podrían blindarse.

En clave nacional, las comunidades siguen encerrándose en sí mismas como fórmula para tratar de atajar la segunda ola y, sobre todo, evitar que los movimientos de población durante este puente de Todos los Santos se conviertan en el mejor arma de transmisión de un virus desbocado. Madrid (con matices y a la espera del visto bueno del Ejecutivo central a un cierre a la carta por «días»), Andalucía, las dos Castillas y Murcia se unieron hoy a la lista de autonomías que han aceptado hacer uso del estado de alarma.

Estas cinco autonomías (y siempre a la espera de que Madrid concrete su posición) se sumaron ayer así al cierre de fronteras decretado el lunes por Aragón, Asturias y el País Vasco a la sombra del nuevo decreto del estado de alarma y a la decisión de los ejecutivos de Navarra y La Rioja de perimetrar sus confines tomada la pasada semana, antes de que Moncloa ofreciera su arsenal normativo para evitar nuevos varapalos de los tribunales.

Así las cosas, el 57% de la población española, unos 27 millones de personas ya tienen ya prohibido salir de sus autonomías, y en algunos casos de sus localidades de residencia, como hoy mismo decretó el Gobierno del popular Fernando López Miras quien, además de cerrar su territorio, impuso el aislamiento individual de todos y cada uno de los 45 municipios de Murcia, una cuarentena 'extrema' que, hasta ahora, solo Euskadi se había atrevido a poner en marcha.

También duro fue el cierre decretado por el presidente de la Junta, Juan Moreno, quien además de confinar la comunidad desde la medianoche de hoy al 9 de noviembre, ordenó el cierre de las provincias de Granada, Sevilla y Jaén.

Así las cosas, después de la jornada de hoy, solo los 12,4 millones de habitantes de seis regiones (Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria, Baleares y Extremadura, amén de Canarias que no está en estado de alarma) tienen permiso, por el momento, para abandonar sus territorios, ya que también los habitantes de las ciudades de Ceuta y Melilla tienen restringidos sus movimientos hacia la península o a Marruecos.

Es muy probable, además, que los más de 7 millones de catalanes tampoco puedan abandonar su autonomía, aunque la decisión no la comunicará la Generalitat hasta hoy, con lo que la cifra final de españoles que estarán 'presos' en sus comunidades en el próximo puente será superior a los 34 millones de personas.

No fue una jornada tranquila a pesar de que en Sanidad contaban que las comunidades más castigadas iban a abrazar el estado de alarma para perimetrarse. De nuevo, el dolor de cabeza para Moncloa llegó desde Madrid. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acabó por ceder a las presiones de sus homólogos castellano-manchego, Emiliano García-Page, y castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, y, tras reunirse con ambos en Ávila, accedió finalmente al cierre perimetral. O casi. Porque impuso condiciones. Ayuso anunció que se pondrá en contacto con Sánchez de forma inmediata para que reforme el decreto del estado de alarma que solo permite a las comunidades las restricciones de movimiento durante periodos mínimos de una semana.

Mientras Ayuso se decide, Puig aseguró ayer que en el Consell están «expectantes» ante las medidas que se van a adoptar. «Creo que en estos momentos el conjunto de la ciudadanía es consciente de que no parece muy adecuado ese traslado masivo desde otras comunidades autónomas», afirmó Puig. Además, el jefe del Consell no descarta tomar nuevas medidas «en las próximas horas» en localidades con un «índice de mayor agresividad del virus». Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó declaró ayer que piensa «lo mismo» que Puig. «Me da la sensación de que si no se aplican -limitaciones de movimientos- a la salida -de las comunidades autónomas-, igual se tienen que aplicar a la entrada», dijo.