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Marcela lleva dos décadas viviendo en Valencia. Convive con su hijo de doce años y hace malabares para llegar a fin de mes. Sufre pobreza energética, en el sentido de que cubrir los gastos de la luz y el gas no siempre es posible. Y cuando lo es se llevan buena parte del dinero que llega a casa. «Le tengo terror a la factura, la última está aún sin abrir», describe.
Forma parte de uno de los programas de Save the Children, cuyo responsable en la Comunitat, Rodrigo Hernández, alerta de que el problema es uno de los que mayor impacto tienen entre las familias y los menores, que no sólo sufren con las noches gélidas como las de estos días. También con los veranos calurosos.
Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica publicados en diciembre, el 20,52% de las familias valencianas padecen esta situación. Exactamente el indicador se refiere a que los gastos energéticos del hogar son desproporcionados respecto al nivel de ingresos. Eso sí, el porcentaje se refiere a 2020 y es superior al de 2019 (16,97%), algo que puede estar relacionado con la incidencia de la crisis sanitaria. La valenciana está entre las regiones con los valores más elevados.
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El informe también habla de la población que vive con una temperatura inadecuada en invierno (13,6% en la Comunitat, el dato más alto desde 2017) o de los hogares en los que el pago de las facturas se retrasa (11,8%).
«Las familias de nuestros programas cuentan que muchas veces tienen que decidir si pagan la luz o hacen la compra, o calcular la mejor hora para duchar a los niños», dice Hernández. «No sólo provoca problemas de confort en el hogar, sino también para cocinar o estudiar, tiene una influencia directa entre los más vulnerables», continúa. «Para una familia con ingresos normales puede ser complicado pagar las facturas, pero para las que están en riesgo de exclusión supone pasar frío o no poder ducharse», añade.
Para atajar la situación la organización pide aumentar los bonos sociales, que no se corte el suministro a núcleos con menores a cargo o que se implante una tarificación diferente «que tenga en cuenta la situación de las familias más que los tramos horarios».
El estudio del ministerio también permite trazar un perfil de los afectados, entre los que destacan las personas mayores y las familias monoparentales, como la de Marcela. «No ponemos la estufa», explica, en referencia a la placa de calor eléctrica de la que disponen. «Sólo he hecho la excepción estos días para mi hijo, que está confinado por Covid, para que la cuarentena sea un poco más llevadera», señala. Y es que el método tradicional al que recurre, la bolsa de agua, no era suficiente para que el adolescente entrara en calor.
Otra medida que adopta es lavar la ropa una vez a la semana, lo que evita enchufar la lavadora varias veces. «Y el horno, que es eléctrico, lo utilizo como armario», confiesa, antes de lamentar, además de los elevados costes, la falta de empatía que ha notado alguna vez que ha contactado con su compañía pidiendo una explicación de la factura: «Ser pobre no debe implicar que te traten con soberbia», dice.
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